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Opinión

  • | 2014/04/26 00:00

    Les toca a los generales

    El honor de los soldados se mancilla cuando se les equipara con los grupos dedicados al narcotráfico, al terrorismo y a crímenes atroces.

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El candidato Santos ha salido a difamar a las Fuerzas Militares y a la oposición. Según él, se están manipulando sectores de la fuerza pública con mentiras relacionadas con el proceso de La Habana. La verdad es que quien genera incertidumbre en las tropas y afecta su moral es el propio presidente.

El gobierno ha querido comprar a las FF. MM. con promesas de impunidad, como si nuestros militares la reclamaran, cuando en realidad exigen es justicia y más justicia. 

El honor de los soldados se mancilla cuando se les equipara con los grupos dedicados al narcotráfico, al terrorismo y a crímenes atroces. Se les humilla cuando se les promete el mismo tratamiento jurídico que a los asesinos de las FARC y del ELN.

El 3 de septiembre del 2013 Santos advirtió: “Tengan en cuenta que los beneficios jurídicos que se vayan a otorgar a la contraparte en la negociación para lograr esa paz serán aplicables a los miembros de nuestras fuerzas”.

Detrás de tal “generosidad” hay una tremenda trampa en la que caerá la inmensa mayoría de generales y coroneles que han actuado con rectitud: el marco jurídico para la paz establece que la persecución penal se concentrará en los máximos responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Eso respecto a las Fuerzas Militares se traducirá en graves riesgos que conspiran contra su cohesión y su supervivencia.

Seamos claros. Miembros de la fuerza pública actuaron como criminales, no como militares, y perpetraron homicidios conocidos con el calificativo de “falsos positivos”; también, individualmente y no en desarrollo de una política de Estado, mantuvieron vínculos con grupos de autodefensa ilegales y les facilitaron las masacres. ¡Por las víctimas y el honor militar esas atrocidades no deben quedar en la impunidad!

Con el esquema que se propone, basado en que el peso de la ley recae en los máximos responsables y que los menos responsables de tales delitos no serían objeto de investigación penal, sino de mecanismos extrajudiciales que excluyen la pena de prisión, sobrevendrá una explosión del Ejército.

Esto es más delicado si se tiene en cuenta que ocurrirá en un escenario en el cual es posible que estructuras de las FARC se conserven aún en armas, sea porque se trate de auténticas disidencias, sea en ejecución de la decisión estratégica del grupo de mantener ciertos aparatos armados a título de seguro en caso de un incumplimiento de lo acordado, o simplemente en orden a continuar la combinación de todas las formas de lucha para la consecución del poder.

Quienes deseen beneficiarse de que no se les persiga penalmente querrán aparecer en la categoría de menos responsables, lo que implica que otros en la línea de mando deberán tener la categoría de máximos responsables y la pena de cárcel.

Los dedos apuntaran masivamente hacia arriba. Sólo es ver la composición de quienes están en las cárceles o están siendo investigados por violaciones a los derechos humanos y el número de involucrados y de supuestas víctimas de homicidio en persona protegida u homicidio agravado.

La mayoría de soldados, suboficiales y oficiales de bajo rango que quieran ser excarcelados o evitar ser condenados penalmente serán tentados con el fin de que señalen cómo “máximo responsable” a cualquiera. Con fundamento o sin él, con razón o sin ella, lo importante es evadir la cárcel. Testigos falsos pulularán.

Lo que calla el Gobierno es que la excarcelación masiva de miembros de las FF. MM. no es gratuita. Algunos tendrán que pagar por los delitos de todos los que los cometieron. Así como se espera que la cúpula fariana pague, muchos esperan que eso ocurra con los comandantes de la fuerza pública. ¿O, en verdad, generales, creen que porque se firme la paz y se le de impunidad a las FARC ustedes no seguirán siendo objetivo principal de la guerra jurídica? ¿O que si no hay penas efectivas la Corte Penal Internacional no actuará contra quienes han conformado la cúpula? ¿O que en el caso de los militares el sistema interamericano no tumbaría la “autoamnistía” que ofrece Santos? Al final, ¡les tocó a los generales!

Y les tocó no porque sean culpables, ¡que eso quede claro! ¡Muy claro! Les tocó porque el modelo de justicia transicional de Santos y del fiscal Montealegre busca condenar a quienes tuvieron la responsabilidad de conducir las tropas y crea los incentivos para que aun, sin nada que ver con los errores o con los delitos conscientemente ejecutados por los subalternos, terminen potencialmente asumiéndolos. La injusticia contra altos oficiales asoma las orejas.

Lo único que falta es que los generales y coroneles terminen en las cárceles, así sea con penas reducidas, mientras los “máximos responsables” de las FARC recluidos, en el mejor de los casos, en extensas zonas de reserva campesina, protegidos por estructuras de su organización “institucionalizadas” o cumpliendo penas simbólicas en las noches, mientras de día se dedican a la política y a legislar.

Los militares, repito, piden justicia, no impunidad. Exigen que se respete el fuero militar, que tengan garantías de defensa técnica, recuperar la credibilidad de la justicia penal militar y que cada baja dada en combate legítimo no se convierta en una acusación de fiscales, muchas veces bajo el efecto de un fuerte sesgo ideológico y llenos de prejuicios. No es mucho que pedir cuando se ha ofrecido la vida por Colombia.

Presidente Santos, ¿quién es el que desmoraliza las tropas?

Twitter: @RafaGuarin
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