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Opinión

  • | 2014/10/23 00:00

    Ley baldíos: un nuevo obstáculo para la paz

    El proyecto de ley sobre baldíos presentado hace unas semanas por el Gobierno Nacional hace caso omiso a los acuerdos alcanzados en La Habana sobre la política de desarrollo agrario integral.

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El borrador sobre el primer punto: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural Integral” establece como propósitos del acuerdo sentar las bases para la transformación estructural del campo y crear condiciones de bienestar para la población rural, como elementos indispensables para la construcción de una paz estable y duradera.

Dicha transformación exige resolver los problemas de la concentración de la propiedad de la tierra, promover la economía campesina, familiar y comunitaria y en general, implementar programas destinados al desarrollo rural integral. Para cumplir con dichos propósitos, el Estado se comprometió a adelantar programas de formalización, restitución y distribución equitativa de la tierra, creando además un Fondo de tierras para que campesinos sin tierra o con tierra insuficiente pudieran acceder a esta.

Por su parte, el proyecto de ley sobre baldíos crea una zonas especiales (Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico -ZIDRE-) con el objetivo de que allí se desarrollen proyectos asociativos entre empresarios y campesinos.

Este proyecto de ley incorpora algunas modificaciones a la ley 160 de 1994 que establece que los baldíos solo pueden adjudicarse a campesinos sin tierra, quienes después de un tiempo solo podrán vender a otros trabajadores agrarios que no poseen tierra. Además, la ley establece la prohibición de acumular más de una Unidad Agrícola Familiar. Todo lo anterior con el mismo propósito: evitar la concentración de la tierra.

En oposición a estas normas, el proyecto de ley sobre baldíos establece la posibilidad de que estos terrenos puedan ser entregados en concesión y por tiempo ilimitado a los proyectos asociativos para la producción agrícola a gran escala. Adicionalmente, se autoriza a estos proyectos a adquirir uno o más predios que hayan sido inicialmente adjudicados como baldíos. Si bien los proyectos deberán pagar una suma de dinero por la explotación y uso de estas tierras, el Estado posteriormente invertirá dichos recursos en los mismos proyectos.

Como puede observarse, esta iniciativa legislativa promueve la concentración de la propiedad o el uso de los baldíos, en la medida en que estos proyectos podrán adquirir dichas tierras sin limitación alguna de tiempo y extensión.

Lo anterior resulta absolutamente preocupante por varias razones. La primera, porque nuestro país registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el mundo (0,87 en el índice de Gini), situación que puede empeorar con la aprobación de este proyecto. En segundo lugar, porque el gobierno ha dado prioridad a los intereses de los empresarios y no ha avanzado en la redistribución de la tierra, alejando la posibilidad de una sociedad rural más equitativa y en la que se haga un uso más adecuado del suelo.

En tercer lugar, porque el proyecto presentado transgrede los acuerdos ya pactados en la mesa de negociaciones encaminados a promover la transformación estructural del campo.

Así por ejemplo, lejos de fomentar la democratización se favorece la concentración de la propiedad o usufructo de la tierra. Adicionalmente, tampoco se promueve la economía campesina y en su lugar se impone un modelo de desarrollo agroindustrial que favorece a los grandes empresarios. Por si fuera poco se crea un Fondo, no para lograr que campesinos sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a esta, sino para asegurar que los recursos pagados por estos proyectos retornen a sus arcas. Y no puedo olvidar la lista de incentivos diseñados para asegurar que la producción en dichas zonas esté asegurada: créditos, asistencia técnica, subsidios, etc. ¡Cuántas  garantías para los grandes propietarios y tan vergonzoso olvido a nuestros trabajadores agrarios!

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones vale la pena cuestionar la insistencia del Gobierno nacional en facilitar la concentración de la tierra a costa de los compromisos adquiridos públicamente en La Habana. En definitiva, es necesario que se abra la discusión sobre el contenido y alcance de las reformas propuestas en materia de desarrollo rural y se evidencie la real voluntad del gobierno nacional en la democratización de la tierra y en la consolidación y búsqueda de la paz.

* Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia
@aurabolivar83 
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