Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2006/02/12 00:00

Ley Forestal: pierde la humanidad

"El proyecto de Ley Forestal se mete de lleno a explotar 25 millones de hectáreas de bosques naturales, sin las garantías y seguridades necesarias", dice Milton Rengifo.

Ley Forestal: pierde la humanidad

La aprobación de la Ley Forestal será funesta para el país. Los autores de la Ley, los ponentes y el Gobierno Nacional privilegiaron la explotación de 25 millones de hectáreas cubiertas por bosque natural correspondientes al Chocó Biogeográfico y la Amazonía, baldíos nacionales de los cuales se desconocen sus límites y su potencial forestal. (Ver mapa 1). Es allí donde se va a desarrollar la Ley. 

Los opositores del proyecto (amigos de una verdadera ley Forestal) solicitaron que se aplicara la ley sólo a partir de conocerse el inventario forestal, y que la Nación delimitara baldíos, reservas naturales y territorios indígenas y afrocolombianos. Estas propuestas se desecharon. El mismo Contralor General, Antonio Hernández Gamarra, alertó al Congreso sobre la necesidad de "crear un instrumento normativo y aportar criterios para la zonificaciòn nacional y el ordenamiento ambiental del país". Recordaba, así mismo, que "se está debatiendo un proyecto de Ley Forestal sin haber definido cuáles áreas de los bosques naturales son susceptibles de aprovechamiento, y cuáles, necesariamente, hay que conservar".

Lo ocurrido en Chocó se puede repetir en otros sectores de la geografía nacional. Así la señora Ministra de Medio Ambiente alegue que la nueva Ley no va a permitir el cambio del uso del suelo, la llegada de paramilitares abriendo camino a madereras y palmicultores a punta de masacres y desplazamientos se legitimó a partir de licencias y aprovechamientos madereros sin límites claros de tierras comunales y baldías.

La ley es garantista para el inversionista. No lo es para la Nación. El proyecto no prohíbe explícitamente que los concesionarios madereros adquieran derechos de posesión y dominio sobre los baldíos nacionales objeto de explotación. El Gobierno consideró que tal aclaración sobraba. Pero, en este país de abogados y avivatos, cualquier cosa puede pasar. Es  una verdadera puerta abierta por la Ley a otra contrarreforma agraria. 

La Ley no copió los buenos aportes de otras legislaciones. Costa Rica, Chile, Ecuador y  Guatemala poseen en su normativa forestal, penas severas y sanciones a los responsables de delitos ambientales derivados de la explotación maderera. No quedó explícito el tema de los permisos de movilización e identificación de las maderas, lo cual obstaculiza la labor de control y vigilancia de las autoridades. No se podrá determinar con certeza si la madera proviene de una plantación forestal o ha sido extraída ilícitamente del bosque natural. Las pocas definiciones técnicas son disímiles de las recomendadas y utilizadas por FAO.

Las dudas sobre el proyecto aparecen desde su mismo origen. Chemonics, una llamativa fundación con sede en Washington, contratista del Plan Colombia y otros variopintos intereses (participa en la reconstrucción del Irak invadido, la siembra de palma africana en el Catatumbo y en el estudio de la biodiversidad), invitó, con gastos pagos, a varios parlamentarios, en especial de las comisiones V, responsables principales del proyecto, a  una correría por el sur del continente.

Otra gran duda corre por cuenta de las derogatorias. El bosque natural es productor y regulador del agua. La Ley 2 de 1959, que contempla, entre otros, el tema de la protección de aguas, fue derogada en sus artículos más importantes. Teniendo en cuenta  que las concesiones se concederán en zonas aledañas a ríos tributarios que desembocan en países limítrofes como Venezuela y Brasil, cualquier merma en el caudal de dichos afluentes puede traer roces con nuestros vecinos. Recordemos las fumigaciones en la frontera con Ecuador. 

Una ley democrática y sostenible, antes de permitir arrasar el bosque natural, debió crear los instrumentos para detener y revertir, vía reforestación, el gran problema ambiental del país: el deterioro de 20 millones de hectáreas en proceso acelerado de desertización, ubicadas en la Costa Atlántica, Valle Alto y Medio del Río Magdalena, piedemonte caqueteño, Llanos Orientales y Vichada. (Ver mapa 2), tal como lo señala el 'Informe Anual sobre el   Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 2004',  elaborado y publicado por el Ideam, de cuyo consejo directivo hace parte la Ministra de Medio Ambiente. El informe no fue tenido en cuenta en la discusión.

El inventario de suelos con vocación ganadera y pecuaria del país estipula un área total de 20 millones de hectáreas para ese fin. Pero hoy, el área habilitada alcanza los 40 millones. Es decir, se talaron 20 millones de bosque natural para convertirlos en potreros. Si nos atenemos a los mapas, probablemente correspondan al área en proceso de desertificación. La misma Fedegán se ha mostrado interesada en el tema de la reforestación, requisito para la certificación internacional negada hasta hoy a la carne colombiana. La ley tramitada no ayuda en ese sentido.

La lógica y la razón indican que se debió preguntar por qué el sector forestal colombiano, configurado a partir de incentivos y generosas exenciones y deducciones tributarias, sólo alcanza 140.000 hectáreas de plantaciones, cifra bastante alejada de las metas planteadas por este gobierno. Pueden faltar una exención predial que premie a quien conserve el bosque natural y una sobretasa a quien utilice suelo con vocación forestal en actividades diferentes, propuestas que también fueron desechadas.

Pero, en definitiva, este proyecto traerá más dolores de cabeza a los colombianos. Es otra fuente de conflictos y abre la puerta a la destrucción de nuestra gran riqueza: la biodiversidad.

(*) Asesor del Representante a la Cámara, Gustavo Petro

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