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Opinión

  • | 2008/07/21 00:00

    Y la libertad para los desaparecidos ¿cuándo?

    Del secuestro sabemos mucho: cifras, grupos responsables, modalidades, nombres de las víctimas, tiempo de cautiverio. Pero es poco lo que conocemos de la desaparición forzada: las estadísticas no son precisas y no está en boca de las sociedades generadoras de opinión y de información.

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¿Y los que sufren el flagelo de la desaparición forzada cuándo regresan a la libertad? La pregunta me sigue rondando después de presenciar las multitudinarias marchas que recorrieron este 20 de julio las principales calles de decenas de ciudades del país y del extranjero protestando contra el secuestro y clamando por la liberación de los cautivos en poder de las guerrillas.

Debo aceptar que la pregunta es inoportuna en este momento de efusividad patriótica, pero es justo tener en cuenta a todos aquellos que hoy están desaparecidos de manera forzada y reclamar por su libertad. Y admito que no tiene respuesta optimista, entre otras razones porque gran parte de la sociedad colombiana y mundial se han ocupado de darle la espalda a quienes padecen desde hace décadas esta modalidad delictiva, considerada como crimen de lesa humanidad por el derecho internacional y cuya acción punitiva no prescribe en el tiempo.

En esa perspectiva, Medellín vive una tragedia. Mientras en el primer trimestre del año se presentó un solo caso de secuestro en la ciudad, las desapariciones forzadas sumaron 21.

Una revisión de registros de personas desaparecidas adelantada por funcionarias de la Personería a las bases de datos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, Medicina Legal y a los comandos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y Antioquia, detectó que entre enero 1 y marzo 31 de este año se reportaron 85 desapariciones de personas; de ellas, 12 ya aparecieron vivas y una más muerta.

Lo que impresiona de ese informe es que no sólo en un trimestre continúen desaparecidas 72 personas, sino que en por lo menos 21 casos se haya evidenciado un perfil violento que clasifica la desaparición como forzada y que, según el informe de la Personería, no son tratadas como tales por las autoridades.

Entre los casos más dramáticos ocurridos en la capital antioqueña quisiera destacar el que involucró a tres muchachos afrodescendientes – Ángel David Buenaños, Jesús Daniel Robledo Zea y Jhon Emilio Robledo Zea –, obreros de la construcción, desplazados del departamento del Chocó y habitantes del barrio 8 de Marzo, un populoso sector de las laderas orientales de la ciudad.

Este caso de desaparición forzada múltiple ocurrió al anochecer del 27 de enero de este año. Sus parientes me contaron que a eso de las 8 de la noche llegaron a la humilde vivienda cerca de 10 hombres vestidos de negro y encapuchados, retuvieron a los muchachos, los sindicaron de “guerrilleros” y se los llevaron. Desde ese día no se volvió a saber nada de ellos.

Un aspecto de este hecho que sorprende es el argumento que expuso un comandante barrial de la Policía Nacional, quien sostuvo que los desmovilizados de las Auc están pendientes de la gente que llega nueva al barrio, y con relación a los tres chocoanos dijo que los ex paramilitares “estaban muy 'tocados' porque esos muchachos a pesar de ser tan nuevos en el barrio se 'movían' con mucha propiedad”.

Del secuestro sabemos mucho: cifras concretas, grupos responsables, modalidades, clasificación de las víctimas, nombres de los afectados, tiempo de cautiverio. Frente a este delito, la sociedad siempre se ha manifestado y los medios de información lo han destacado de manera reiterada. Pero es poco lo que conocemos de la desaparición forzada: las estadísticas no son precisas, no es un tema que esté en boca de las sociedades generadoras de opinión y de información, y, por lo tanto, no es agendado por los medios de comunicación.

Un estudio reciente sobre un conjunto de titulares referidos a dichos crímenes y publicados en un medio impreso regional entre 1995 y 2005 determinó que el 75 por ciento correspondió al tema del secuestro y 25 por ciento a la desaparición forzada. Comparativamente, esa tendencia se ha reflejado en las marchas del 4 de febrero, del 6 de marzo y de este 20 de julio.

Tanto el secuestro como la desaparición forzada son dos prácticas aberrantes que subyugan la libertad del individuo y la de sus familias, pero la mirada sobre el segundo delito es, tal vez, más benévola por parte de un amplio sector social, como si consideraran que es políticamente legítima y conveniente, dado que a las víctimas se les acusa de “ser guerrilleros”, sin que puedan defenderse.

Cuando concebí la idea de escribir esta columna, hablé con una señora que hace parte de la Corporación Madres de la Candelaria y quien lucha por el regreso de su hijo desaparecido. Al preguntarle qué hay que hacer para devolverle la libertad a los desaparecidos me contestó: “debemos devolverle su dignidad, conservar su memoria, ponerle voz y rostro a todos ellos, y no olvidarlos, porque al olvidarlos se mueren”.

Ojalá el triunfalismo patriótico que siente un amplio sector social, tanto dentro como fuera del país, no les nuble la razón y acaben matando con su amnesia a quienes sufren la desaparición forzada. Sus familias reclaman solidaridad nacional e internacional porque también los quieren de regreso a la libertad.

(*) Periodista y profesor universitario
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