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Opinión

  • | 2017/06/02 18:34

    Cambiar el futuro

    El libro de Eduardo Pizarro así titulado es un referente imprescindible para entender los procesos de paz desde 1981

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Viniendo de un historiador riguroso, el título del libro –“Cambiar el Futuro”-  causa alguna sorpresa: como el futuro no está predeterminado por el destino, en verdad no se trata de modificar lo inexorable, sino de construir un mundo mejor en el margen de acción que las sociedades y quienes las lideran tienen para incidir en el porvenir.  Ese fue el anhelo que Carlos Pizarro le expresaba a su hermano el día antes de morir asesinado en abril de 1990. Ya había abandonado el ejercicio de las armas y como líder del M-19 iniciaba una carrera política signada por su anhelo de una Colombia en paz. 

El libro de Pizarro se distingue por su claridad, ecuanimidad y rigor académico. Abarca el lapso comprendido entre la expedición de una fallida ley de amnistía por la administración Turbay en marzo de 1981, que, sin embargo, fue preludio de los primeros conatos de negociación posteriores con los movimientos guerrilleros, y la firma del Acuerdo del Teatro Colón entre el Presidente Santos y las Farc en noviembre de 2016. Una larga historia que comprende fracasos notables, aunque bien intencionados, como los de los presidentes Betancur y Andrés Pastrana, éxitos parciales durante los gobiernos de Barco y Gaviria, y la evaluación de los procesos en curso con las Farc y el ELN.

A propósito de las conversaciones con este último, la posición del autor es, como la de otros analistas, escéptica por el maximalismo de los dirigentes “Elenos”, la ausencia de un liderazgo unificado, el comienzo de un ciclo electoral caracterizado por la indiferencia generalizada por las negociaciones con la guerrilla, entre otros factores. Entiendo que en el Gobierno se considera difícil que ese proceso pueda culminar antes de que concluya el mandato del presidente Santos.

Como la calidad de los acuerdos y, sobre todo, su sostenibilidad en el tiempo depende, tanto del contenido del texto que se suscriba como del proceso que le antecede, el Gobierno actual ha tratado de capitalizar las experiencias del largo periodo de conversaciones que reseña Pizarro.

Creo que el primero de los aciertos consistió en negociar fuera del territorio nacional. Hacerlo dentro, como la experiencia lo ha demostrado, requiere establecer zonas vedadas para las autoridades, que automáticamente se convierten en santuarios para los alzados en armas. Decidido que ellas tendrían lugar en el exterior, las Farc hubieran preferido conversar en Oslo, capital mundial de las negociaciones de este tipo, o en París donde los dirigentes guerrilleros habrían gozado de gran popularidad, o en Caracas bajo el alero protector del Comandante Chávez. Por eso la elección de Cuba fue una determinación acertada. Los hermanos Castro dejaron hace años de creer en la idea de exportar revoluciones; sus fracasos en Bolivia, con el Che Guevara, y en Angola les curaron las ganas de negocios de ese tipo.  

Otro de los elementos del modelo del Caguán que condujo a su fracaso consistió en un cese al fuego indefinido que abarcó un vasto territorio; como era previsible esta concesión fue usada por las Farc para fortalecer su capacidad bélica. Consciente de esta circunstancia, el Gobierno Santos rehusó estipular una tregua bilateral. Esto obligó a la guerrilla fariana a decretarla unilateralmente a fin de generar confianza sobre sus verdaderas intenciones; el Gobierno, correspondió la medida una vez estimó que el proceso tomaba un rumbo irreversible.

Por supuesto, se han presentado disidencias, pero es innegable que el grueso de las Farc se encuentra comprometido con el desarme y desmovilización. Sigo pensando que, para bien del país, los retrasos en esos compromisos se resolverán dentro de la breve prórroga estipulada esta semana.

La escogencia del equipo negociador fue igualmente virtuosa. Sus integrantes actuaron en representación del Gobierno, no de la sociedad civil que es amorfa y no puede asumir compromisos a nombre del Estado. No obstante, se tuvo el buen juicio de incluir personas cercanas a los estamentos militar y empresarial.  

Las líneas temáticas acordadas por la administración Pastrana para las negociaciones con las Farc en el Caguán eran tan amplias que, en la realidad, cualquier tema podía ser planteado; esa circunstancia impidió que las conversaciones avanzaran y determinó que su duración careciera de límites temporales, que es justamente lo que en ese momento las Farc pretendían. Para entonces estaban convencidas de que el colapso del Estado, y la instauración, así fuere en parte del territorio de un Estado comunista, eran alternativas viables.

La agenda de seis puntos que se pactó para la mesa habanera buscaba acotar el ámbito de las conversaciones. Considero, sin embargo, que el texto que finalmente se firmó, luego de años, no de meses de negociación como se nos había prometido, terminó por implicar una reformulación sustantiva de la sociedad y el Estado. Tiene razón la Universidad de Notre Dame al calificarlo como uno de los más “completos del mundo”, “elogio” que en el fondo implica considerar a Colombia como un “estado fallido”, necesitado, en consecuencia, de la reingeniería profunda a la que se halla sometido.

Anota con razón el profesor Pizarro que el Gobierno no logró, mientras se adelantaban las conversaciones en La Habana, una negociación exitosa con los numerosos estamentos políticos y sociales que representa. Esta es una crítica, compartida por muchos, sobre sus fallas comunicacionales que en alguna medida debe haber incidido en el clima de indiferencia y rechazo del proceso de paz que las encuestas de opinión recogen.

Sin embargo, esa falta de sintonía puede obedecer a causas más profundas. Quizás a que, para la mayoría de la población, especialmente en áreas urbanas, el conflicto con las Farc ya se había resuelto incluso antes de que se instalara la mesa de La Habana; o al resentimiento profundo que muchos tienen por los numerosos crímenes por ellas cometidos; o a que simplemente la incorporación de esa guerrilla a la vida civil no es, en contra de la postura que el Gobierno ha sostenido, el eje de las preocupaciones actuales de la sociedad colombiana.  

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