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Opinión

  • | 2010/02/12 00:00

    Lo que no se ha entendido del pacto entre bandas en Medellín

    Una cosa es malinterpretar las alternativas que impidan el desangre, y otra muy distinta manifestar los temores ante acuerdos con ilegales sin el Estado.

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Algunas autoridades locales, regionales y nacionales malinterpretaron la tregua lograda por la Comisión por la Vida con las dos facciones enemigas de la llamada ‘Oficina de Envigado’ y que ha significado una reducción significativa de homicidios en Medellín desde el 1 de febrero, cuando entró en vigencia el acuerdo. Este pacto fue el resultado de tres meses de gestiones de un grupo de civiles liderados por Jaime Jaramillo Panesso, integrante de la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación, en medio de un escenario de violencia que sacudía no sólo a la capital antioqueña, sino a varios municipios del área metropolitana.

Algunos interpretaron tan mal el asunto que una vez se publicaron algunos detalles de ese pacto en el diario El Espectador (Tregua en la ‘Oficina de Envigado’, lunes 8 de febrero) y se divulgaron las explicaciones entregadas por integrantes de esa Comisión, de inmediato recurrieron a descalificar esas labores. Y era previsible esa reacción, pues este grupo de civiles logró en pocos meses lo que no habían alcanzado las autoridades en los últimos años. Evidentemente, subyace en esas actitudes una tensión por aquellos de los protagonismos que para nada facilita la búsqueda de soluciones a la criminalidad que acosa al Valle de Aburrá.

Esa errónea interpretación se ha expandido a todo el país, incluso llegó hasta el Palacio de Nariño, donde cambiaron de opinión y juzgaron mal la tarea propuesta. En palabras del Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl: “había una muy buena intención de los miembros de la comisión de la sociedad civil y es posible que en un momento dado se haya perdido el norte, que no era otro que el sometimiento a la justicia”.

Tuve la oportunidad de estar en la rueda de prensa que ofreció Jaramillo Panesso como vocero de la Comisión por la Vida el lunes 8 de febrero. Aclaró, con bastante paciencia por cierto frente a la gran cantidad de preguntas que en ese momento sugería el acuerdo de tregua logrado entre alias ‘Sebastián’ y alias ‘Valenciano’, que la gestión adelantada tenía, en esencia, dos fases: la primera, lograr un acuerdo que permitiera la reducción de los homicidios en Medellín y en el área metropolitana; y la segunda, convencer a varios jefes de estas organizaciones criminales de los beneficios que traería un sometimiento a la justicia.

La primera fase se ha venido cumpliendo desde el pasado 1 de febrero. Y ha sido tan efectiva esa tregua que el director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, reconoció que la disminución de los homicidios en las últimas semanas en Medellín "no corresponden a la eficacia policial, ni a la de las autoridades". Es una aceptación compleja si se tiene en cuenta el despliegue de unidades militares, policiales y judiciales en diversas comunas de la ciudad durante los últimos meses, y confirma que, más allá de la coyuntura, los momentos de relativa tranquilidad que ha vivido la ciudad en años recientes se ha debido más a la voluntad de los delincuentes que a la eficacia de las políticas públicas de seguridad y convivencia.

En cuanto a la segunda fase, el Gobierno nacional impidió que se tejiera adecuadamente, pues las palabras del Alto Comisionado para la Paz develan que el punto central de la autorización era el sometimiento a la justicia de los jefes de las bandas delincuenciales. Lo demás no importaba. Pero a mi juicio, a este funcionario se le olvidó que los sonidos de las ráfagas de ametralladora, de tiros de fusil y de explosiones de granada, no permiten pensar con cabeza fría a quienes tienen el poder de provocarlos o acallarlos y se les pide someterse a la justicia sin condiciones. Por eso era necesario acordar primero un silenciamiento de las armas y en ese punto tuvo razón la Comisión por la Vida al considerarlo como fase inicial de sus gestiones.

Entre el cúmulo de malinterpretaciones se advirtió que lo realizado en Medellín fue un acuerdo con narcotraficantes. Claro que lo son y fue así, pero en nada difieren de aquellos jefes paramilitares de las AUC que firmaron el 15 de julio de 2003 el acuerdo de Santa Fe de Ralito “para contribuir a la paz de Colombia” con el gobierno nacional. Hoy están siendo procesados en Estados Unidos justamente por delitos asociados al tráfico de drogas. Esas son las características de la guerra que padecemos hace ya varias décadas.

Aquellos que malinterpretan los acuerdos desconocen que quienes lideran el conflicto armado urbano en Medellín son guerreros sobrevivientes de muchas guerras que no se entregarán a la justicia tan fácilmente. Con ellos las salidas son claras: o se capturan o se les tiene paciencia para acercarlos a un sometimiento a la justicia. Si no se logra lo uno o lo otro, la ciudad seguirá perdiendo y se continuará afianzando la idea de que la seguridad democrática no es eficaz en las ciudades.

A mi juicio, toda esta presión por el sometimiento a la justicia tiene fines electorales. Las últimas semanas no han sido fáciles para el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. La debacle de los decretos de emergencia de la salud, la posible declaratoria de inexequibilidad por la Corte Constitucional de la convocatoria al referendo reeleccionista y los recortes presupuestales al Plan Colombia por parte del gobierno norteamericano, por resaltar algunos, han socavado tanto la Casa de Nariño que se requieren golpes de opinión favorables que le permitan recuperar la imagen deteriorada. Y qué mejor que alcanzar un pronto sometimiento a la justicia de los jefes de las facciones de la llamada ‘Oficina de Envigado’.

Ahora, un asunto es malinterpretar un ejercicio ciudadano de búsqueda de alternativas que impidan el desangre urbano y otro muy distinto es manifestar los temores sobre posibles acuerdos con facciones ilegales sin la participación del Estado. Y en ese sentido creo que hay aspectos de la tregua que no se han resuelto claramente: ¿Construiría una paz ficticia similar a la conocida como “donbernabilidad” y que imperó durante el periodo de gobierno del alcalde Sergio Fajardo Valderrama? ¿Facilitaría una reunificación de la la llamada ‘Oficina de Envigado’, con lo que se aumentaría su capacidad criminal? ¿Habría sometimiento a la justicia sin condiciones?

Se logró un acuerdo, muy débil por cierto y que genera dudas, pero es un pequeño paso adelante hacia la resolución del conflicto que agobia a Medellín y al área metropolitana que antes que dividir voluntades debería juntarlas, pero como han primado las malas interpretaciones, me asalta una duda: ¿será que algunas autoridades prefieren mantener el estado de guerra negando cualquier posibilidad de solución? 
 
(*) Periodista y docente universitario.
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