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Opinión

  • | 2008/11/27 00:00

    Lo que pactaron corteros y cañeros

    El largo y costoso paro de corteros demostró lo urgente que es encontrar mecanismos que permitan tramitar de manera menos traumática los conflictos laborales.

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Luego de más de cincuenta días el paro de corteros estaba parcialmente superado. Esto, gracias a los acuerdos individuales logrados en siete de los ocho ingenios (Tumaco, Pichichí, Incauca, Providencia, Castilla, Mayagüez y Manuelita) que por casi dos meses habían estado paralizados. El ingenio Maria Luisa aunque han reiterado su voluntad de diálogo no ha logrado llegar a un acuerdo. Para los trabajadores, esto se debe a que el ingenio ha exigido el desbloqueo inmediato y la no participación de asesores en el proceso como condición para dialogar. Para el ingenio, las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) son las que tienen la relación laboral con los trabajadores por lo que no es pertinente la presencia de asesores sindicales.

Los acuerdos celebrados incluyen: incremento en el precio que se paga por tonelada de caña cortada, mejoramiento de condiciones laborales (ej. dotación de implementos de trabajo por parte del ingenio), revisión de básculas, apoyo en transporte, y apoyo en temas de vivienda y educación para los corteros. De esta forma, el cese de actividades que se calcula afectó a cerca de 700.000 personas y dejó pérdidas por más de 300.000 millones de pesos está casi finalizando.

Esta huelga también puso en evidencia las jornadas extenuantes de los trabajadores, la poca claridad en el pesaje, la baja remuneración, la precaria situación laboral y la falta de seguridad social, todos males asociados al manejo de algunas de las 100 Cooperativas que reúnen a cerca de 9.000 corteros. No todos los corteros tienen estas lamentables condiciones laborales, pero el país no puede ignorar esta dramática realidad.

Hubo quienes vieron en el cese de actividades una manifestación de descontento y una protesta justificada, y hubo quienes no. Fue un escenario para antagonismos, con acusaciones e incriminaciones de parte y parte.

Aún así, lo ocurrido tiene una dimensión positiva que no se puede pasar de largo: los colombianos presenciamos la posibilidad de expresar un conflicto social de manera estructurada, con actores y posiciones claras. Esto, sin duda, es un avance y un logro en la historia del país. Es urgente subrayar los efectos negativos de acusaciones esgrimidas de uno y otro lado que minan la legitimidad de la protesta social como mecanismos para airear conflictos propios de toda sociedad. A la hora de buscar soluciones es importante dejar de lado las acusaciones mutuas: ni terroristas, ni delincuentes, ni esclavistas, ni explotadores.

Esta experiencia también demostró que se necesitan mecanismos que permitan tramitar de una manera menos traumática los aspectos de fondo que subyacen a dichos conflictos. En este sentido, es deseable que el desenlace del paro de corteros no se limite a los acuerdos logrados en días pasados, sino que también sea la oportunidad para reconocer la importancia de avanzar en la búsqueda conjunta de soluciones por parte de todos los actores involucrados en el negocio de la caña.

Este es quizás el momento de pensar en el diseño y adopción de códigos de conducta y estándares de operación empresarial propios que apunten precisamente a superar aquellas situaciones que el paro sacó a la luz pública. Esto permitiría contar con herramientas suficientes para, por ejemplo, exigir que las CTA funcionen adecuadamente, desarrollar canales más expeditos para recibir y tramitar quejas y descontentos por parte de los trabajadores de la caña, o propender por la adopción de herramientas para avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas a situaciones conflictivas.

La adopción de estándares no elimina los conflictos, pero permite tramitarlos de manera constructiva, si se abordan los problemas de fondo que subyacen a ellos. Las experiencias que en este sentido existen en otros sectores económicos del país, como el minero-energético y algunas industrias del sector no extractivo, muestran que si bien se trata de procesos complejos, que requieren la sensibilización y compromiso tanto de empresarios como de trabajadores, desarrollar este tipo de códigos y estándares tiene muchas virtudes. Estas experiencias son una fuente de buenas prácticas y lecciones aprendidas que bien pueden dar luces sobre los posibles caminos a tomar en el sector cañicultor. Asimismo, las iniciativas que en torno a la industria de la caña se han desarrollado en otros países también pueden dar pautas para el trabajo conjunto que sería muy deseable emprender en Colombia en un futuro cercano.


*Ángela Rivas Gamboa es Coordinadora del Área de Sector Empresarial y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz.


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