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Opinión

  • | 2010/01/29 00:00

    Lo que pasa en el Caquetá

    ¿Cómo puede legitimarse un departamento, cuyas entidades del Estado se asocian al más alto nivel de la delincuencia?

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El asesinato del Gobernador Luis Francisco Cuéllar convierte al Caquetá en el único departamento, con dos gobernadores de elección popular asesinados. Este homicidio engrosa la larga lista de dirigentes políticos muertos por grupos ilegales, lo que hace que el departamento sea el de mayor tasa de asesinatos de líderes locales.

Hace diez meses asesinaron a una cuadra de la estación de Policía de Puerto Rico al ex alcalde de este municipio, Jorge Hernando Calderón Perdomo. De las razones y los responsables del asesinato, nada se sabe aún.

Al Caquetá no le suceden estas cosas sólo por ser nicho histórico de las Farc y por su fuerte presencia en la región. En departamentos como Putumayo, Guaviare y Cauca la presencia de esta guerrilla puede ser igual o mayor, y sin embargo, no se presentan tan dolorosos hechos.
La suerte del departamento estriba en buena parte en las decisiones de los gobiernos centrales y sus entidades; políticas equivocadas que han convertido esta tierra en cementerio, pero que no han tenido en cuenta la voz de sus habitantes.

Por ejemplo, los caqueteños jamás fuimos consultados cuando el gobierno de Ernesto Samper decidió declarar al departamento “zona especial de orden público”. El hecho le costó la vida al gobernador de la época, Jesús Ángel González, quien al lado del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, fueron los únicos en permitir la vigencia de ese estatus en sus departamentos.

Tampoco se nos preguntó si queríamos ser el epicentro de los diálogos de paz, del presidente Andrés Pastrana con las Farc. Ni si estábamos de acuerdo en que el territorio se convirtiera en el centro de operaciones del ‘Plan Patriota’, en el gobierno de Uribe.

Las imposiciones de gobiernos centrales, la marginación del liderazgo regional y la ausencia de las entidades de control y de la justicia, han favorecido la criminalización de la política. Han permitido la injerencia directa del narcotráfico y de los grupos al margen de la ley en la conformación del poder regional.

Varios ejemplos dan cuenta de ello:

El Congreso aprobó una Ley que permite convertir al fondo ganadero del Caquetá, en banca para promover proyectos distintos al de la ganadería. 40 mil millones de pesos están en riesgo.

Los recursos de la salud y la educación se vuelven repartija burocrática. Las empresas insignes de la región, como la licorera y la lotería, son administradas para satisfacer el apetito voraz de los corruptos, a tal punto, que esta última se ha usado para lavar dinero del narcotráfico.

La alcaldesa de Florencia, Gloria Patricia Farfán, expidió una licencia de construcción de vivienda, en el único parque ambiental y ecológico de la ciudad, para que los ricos construyan sus casas de recreo.

Y, como si fuera poco, el congresista Fernando Almario, quien estuvo preso por el proceso 8 mil, investigado por el asesinato de los Turbay Cote, fue premiado por el gobierno con una Notaría para su esposa.

¿Cómo puede legitimarse un departamento, cuyas entidades del estado se asocian al más alto nivel de la delincuencia?
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