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Opinión

  • | 2016/03/31 14:25

    El incumplimiento de los compromisos, una polìtica gubernamental costosa

    Si el país desconoce el orden jurídico internacional y denuncia el Tratado de Solución Pacífica de Conflictos entre los Estados, está optando por la ley del más fuerte, lo cual es contrario a las conquistas de la civilización moderna.

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Se le ha dado al Gobierno por desconocer el Estado de Derecho Internacional a propósito del diferendo con Nicaragua, ignorando la firma que Colombia ha estampado en multitud de tratados. Y algo que ha sido poco subrayado: El que como miembro de las Naciones Unidas está en la obligación de acatar las decisiones de la C.I.J.: “Cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte”, reza el numeral 1° del a.94 de la Carta de la ONU, suscrita por Colombia en 1.945.

Si el país desconoce el orden jurídico internacional y denuncia el Tratado de Solución Pacífica de Conflictos entre los Estados, está optando por la ley del más fuerte, lo cual es contrario a las conquistas de la civilización moderna.

Cabe la pregunta: ¿Será posible que también piense desconocer el orden jurídico interno? La pregunta es legítima y preocupante porque del irrespeto al Derecho Internacional de los Tratados al irrespeto al Estado de Derecho Interno no hay probablemente ni siquiera un paso, pues ya el principio del respeto al orden jurídico ha sido quebrantado. Es lo que sucede con el inconstitucional “Plebiscito” y las normas que pretenden regularlo, las cuales he impugnado ante la Corte Constitucional, y con el acto legislativo que tendrá como resultado desmontar el Estado Constitucional de Derecho mediante el denominado Proyecto “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final para Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Este Acto Legislativo lo demandaré ante la Corte Constitucional porque, más allá de toda duda razonable, implica una sustitución evidente de la Constitución.

Es la demolición aparentemente metódica y deliberada del orden jurídico que nos rige. Ojalá la Corte Constitucional nos salve de esta catástrofe.

Según la revista Dinero “Una ola de demandas billonarias contra el país por incumplir los TLC y los acuerdos de protección a la inversión amenaza con poner al Estado contra las cuerdas. Glencore, Eco Oro, Cosigo y Claro ya iniciaron los procesos”. Una de esas demandas, la de Cosigo Resources (Canadá), Cosigo Resources Colombia y Tobie Mining and Energy Inc (Estados Unidos) es por la suma de US$16.500 millones. Para ilustrar la causa de algunos de estos pleitos dice la revista: “Por ejemplo, que el Estado entregue unos títulos mineros para la explotación y que, un tiempo después, el mismo Estado sea el que se encargue de negar la operación donde antes ya la había dado”(Abril.1.2016/No.490,págs.42 y 43 y 44) (Negrillas, mías).

Recientemente hubo un paro nacional para pedirle al Gobierno que cumpliera compromisos adquiridos. Por ejemplo, los trabajadores solicitaban la ley que debe devolver la regulación sobre horas extras, dominicales y feriados a la legislación existente antes del gobierno Uribe; y los pensionados que le redujeran del 12 al 4% sus aportes a la salud, todo conforme a las promesas que durante la campaña electoral había formulado el Presidente-Candidato.

Hay un elemento común a la crisis internacional que nos afecta, al intento de tomar como pretexto a la paz para destruir los cimientos de nuestro ordenamiento constitucional, a la ola de demandas que reseña Dinero y a la crisis que atraviesa el proceso de paz en La Habana: El incumplimiento de los compromisos adquiridos.

En lo que hace referencia a La Habana, lo pactado en la Agenda es que tanto el tema de la refrendación como el de la implementación son objeto de acuerdo entre las partes. Así está explicitado en el punto 6 que lleva por título “Implementación, verificación y refrendación”. Pues bien, el Gobierno echa por la calle del medio y avanza en la aprobación de instrumentos como el “Plebiscito” y la “Comisión Especial Legislativa”, creando innecesariamente dificultades por falta de estricto cumplimento de lo acordado. Y esto no ayuda al proceso de paz.

Lo más extraño e intrigante es que las fuerzas políticas dominantes apoyan incondicionalmente semejantes despropósitos. Razón tenía Bolívar: “Sólo es amigo del gobernante quien le dice la verdad”. Está muy mal de amigos el presidente. Es una lástima en razón de que es muy noble su esfuerzo por conseguir la paz tanto con las Farc como con el ELN. Una causa digna del empeño que le ha puesto.

*Constituyente 1.991

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