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Opinión

  • | 2016/02/04 08:16

    Sensatez para el posconflicto

    Hay quienes creen que con la firma de los acuerdos llegará el desarrollo casi que de manera automática y se solucionarán los problemas que, por décadas, incubó el olvido estatal. Se equivocan.

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Hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a varios alcaldes y funcionarios de gobierno local, estrenándose en sus cargos, acerca de las expectativas que les genera la posible firma de un acuerdo de terminación del conflicto con la guerrilla de las FARC. Todos ellos representan la autoridad en municipios donde este grupo subversivo tiene presencia histórica y sus acciones han dejado secuelas graves para sus pobladores.


Los mandatarios municipales estiman que con la firma de los acuerdos pronto llegará el desarrollo a sus poblaciones de la mano del Estado, al que le reclaman una inmediata inversión en carreteras, acueductos, proyectos agroindustriales, salud, educación y vivienda, por detallar algunas de sus peticiones. Hay consenso entre ellos que la ausencia histórica del Estado, unida a las consecuencias que generó férreo control de las FARC, frenaron el desarrollo en numerosos municipios, tanto en sus áreas urbanas como rurales. Y por eso sus reclamos.


Cada uno de esos alcaldes, a su manera, pretende que el gobierno nacional, una vez se rubriquen los acuerdos con la insurgencia, priorice a sus municipios y de inmediato comiencen las inversiones en aquellos sectores donde más se necesita para superar décadas de atraso. “Hemos sido víctimas y por eso nos deben priorizar”, es la letanía que unos y otros dicen para justificar sus exigencias.


Varios de esos municipios están a cinco, seis, siete horas, de las capitales del departamento. Se llega, en algunos casos, por vías en mal estado que impiden una dinámica comercial más fluida y alejan cualquier intención de invertir dinero en proyectos productivos. Reparar esas carreteras y adecuarlas a las necesidades de las comunidades tomará varios años.

No obstante, en esos poblados se piensa que una vez las FARC entren a la legalidad el desarrollo llegará con más prontitud. Pero el Estado es paquidérmico y, aún en un escenario de posconflicto, demorará en atender esos reclamos.


En diversas declaraciones a la prensa, Rafael Pardo, el ministro para el Posconflicto, ha dado las claves para entender el proceso que comenzará una vez se firmen los acuerdos con las FARC (eso sí, teniendo en cuenta que serán refrendados por la ciudadanía). De lo dicho por el alto funcionario, destaco tres aspectos: la construcción de la paz en Colombia tardará no menos de 10 años; el posconflicto no es un asunto restringido geográficamente a unos municipios; y una vez superado el conflicto, se debe generar una manera distinta de gobernar en lo local y regional.


El periodo de reconstrucción del país precisado por Pardo significa, de entrada, más de dos periodos de gobierno, lo que implica que los actuales mandatarios locales y regionales tendrán la oportunidad de sentar las primeras bases en sus planes de desarrollo de lo que será un municipio sin conflicto armado, pero en términos reales, no estarán al frente de las obras que reclaman como prioritarias.


Y mucho menos serán protagonistas si se tiene en cuenta que no habrá, siguiendo a Pardo, priorización de municipios en lo que se refiere a inversión. Todo ello estará sometido a la nueva institucionalidad que se creará a partir de la implementación de los acuerdos con las FARC. Y eso requiere tiempo, lo que va a generar mucha tensión entre aquellos mandatarios locales que quieren atención prioritaria.


El mensaje de Pardo es claro: la construcción de la paz requerirá otro espíritu para gobernar. Si la firma de los acuerdos se logra y la ciudadanía los refrenda, los actuales mandatarios tendrán la oportunidad de sembrar, en sus municipios, las semillas del desarrollo local y regional; por tanto, deben ser sensatos en sus propuestas. El reto que enfrentará el país exigirá menos protagonismo y más participación colectiva.


En ese sentido, los gobiernos municipales actuales tienen unas tareas concretas: articularse con sus vecinos, superar las barreras ideológicas y partidistas, y proponer proyectos regionales, conscientes de que está trabajando para un futuro, más allá de sus cuatro años de gobierno, lo que inauguraría una nueva forma de hacer gestión desde las administraciones locales. Romper esos esquemas no será fácil, pues muchos de esos alcaldes piensan solo en sus feudos, como si fueran islas, y asumen sus labores con intereses particulares. Superar esos esquemas tradicionales también es un aporte al desarrollo.


Muchos mandatarios locales sueñan con los recursos que vendrán en tiempos de la paz, pero hay que tener sensatez; la firma de los acuerdos con las FARC no generará acciones automáticas, mucho menos cuando se requieren inversiones de miles de millones de pesos en regiones donde el Estado brilló por su ausencia durante décadas y que hoy, por la coyuntura económica, no tiene los recursos suficientes para atender tantos reclamos. El reto para los alcaldes es construir desde la realidad y no desde las falsas expectativas.


(*) Periodista y consultor

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