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Opinión

  • | 2017/06/30 12:32

    El sol de la Paz

    No es un astro radiante, pero alumbra, infunde esperanza e impone algunas obligaciones ineludibles

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Naciones Unidas ha certificado que las Farc han entregado la totalidad de las armas individuales registradas al momento en que sus portadores ingresaron a las zonas de concentración, salvo aquellas que, en cumplimiento de los acuerdos, quedan en poder de las Farc para fines de protección mientras permanezcan en tales áreas durante un periodo determinado.

Algunas precisiones sobre el alcance de este documento son importantes: (i) refiere a armas, y las municiones y el material explosivo no lo son; (ii) a armas individuales, y el armamento pesado -cohetes o ametralladoras- pertenecen a la categoría de colectivas; y, (iii) a las registradas, lo cual excluye, como es obvio, las que se encuentran en poder de guerrilleros disidentes o guardadas en las 900 “caletas” que las Farc han reconocido tener. (Hasta ayer, las autoridades tenían la ubicación de solo 70).

Sin embargo, como lo ha dicho el Presidente con plena razón, la “guerra” con las Farc ha terminado. Sería mezquino y miope negar el valor de un resultado que han perseguido, sin excepción, todos los gobiernos desde el de Betancur en 1982; incluso el de Uribe, que las combatió con singular empeño, siempre mantuvo abierto un canal para negociar con ellas.

Quizás por falta de una mejor estrategia comunicacional, el valor del evento del 27 de junio se ha deslucido un tanto. La opinión publica pregunta qué pasó con los 50 mil fusiles que Vladimiro Montesinos le vendió a la guerrilla años atrás, y por qué el número de armas entregadas es apenas la mitad de las que el Gobierno estimaba hace pocos meses que se entregarían.

El déficit puede obedecer a que los disidentes conservan sus armas, a que la Fuerza Pública ha capturado mucho material bélico en años recientes, y a que en las caletas debe reposar armamento cuyas cantidades y características los propios dirigentes farianos tal vez ignoran. En todo caso, como se trata de un asunto esencial, por cuanto tiene que ver con la buena fe de la contraparte, el Gobierno debería darnos mayor claridad al respecto. La entrevista del Presidente el jueves apunta en la dirección correcta.

La guerra o, más precisamente, el “conflicto armado” con las Farc terminó mucho antes: cuando aceptaron concentrarse. En ese momento transitaron un camino sin retorno posible. Si el proceso se hubiere roto, cuando todavía portaban las armas, ya no habrían podido recuperar las ventajas derivadas de su configuración en pequeños grupos, su capacidad de huir de confrontaciones abiertas y su enorme movilidad. Aún si el Gobierno hubiese cumplido los protocolos para permitir a las Farc dispersarse en esa eventualidad (un deber ético insoslayable), la Fuerza Pública habría gozado de ventajas tales que habría podido aniquilarlas con facilidad. Por fortuna, no llegamos a ese escenario sangriento.

Daré un paso más para afirmar que el fin del conflicto comenzó en el momento en que Pastrana decidió invertir recursos importantes en la mejora de la capacidad militar del Estado y logró el apoyo de Estados Unidos para el “Plan Colombia”; continuó durante el octenio de Uribe, y terminó en algún momento del primer gobierno de Santos cuando varios de los principales líderes de las Farc fueron abatidos, y fue claro para la subversión que continuar el enfrentamiento con el Estado era una causa perdida, en términos militares y políticos. En ese entonces se evidenció que la capacidad bélica del Estado era insuperable, que no se podía contar con el apoyo de Cuba, y que ya había comenzado la debacle del Chavismo en Venezuela.

Estos factores, junto con la circunstancia de que la confrontación tuvo lugar primordialmente en territorios poco poblados, explican que no se hayan presentado manifestaciones de entusiasmo ciudadano con motivo de la ceremonia de esta semana, y que ningún estamento importante de la sociedad haya salido a expresar su alegría; incluso los partidos y dirigentes políticos que han respaldado las negociaciones de La Habana, con pocas excepciones, guardaron elocuente silencio.

Santos, De la Calle y Timochenko concuerdan en decir que los múltiples y complejísimos compromisos asumidos para transformar el país son de “Estado”; es decir, que todas las instituciones que lo integran están obligadas a respetarlos. Esta tesis es disputable.

Pasa por alto, en primer lugar, que el Acuerdo con las Farc fracasó en las urnas y que su posterior ratificación por el Congreso fue realizada por unas mayorías que se están erosionando en forma acelerada. En segundo, que como la Corte Constitucional debe velar por la supremacía de la Constitución, goza de plena autonomía para hacerla prevalecer frente a unas estipulaciones cuyo valor jurídico es, en rigor, ninguno. Y, por último, que la inserción del Acuerdo Final a la Carta Política por doce años, si llegare a sobrevivir en la Corte Constitucional, no impide que el propio Congreso, una asamblea constituyente o un referendo constitucional la deroguen.

Es posible, entonces, que en todo o en parte el ambicioso listado de reformas pactadas con las Farc no sea ejecutable en su integridad, o que en parte sea revertido en el próximo cuatrienio (considero el “borrón y cuenta nueva” absurdo y moralmente reprochable). Pero al margen de lo que ocurra en el Parlamento, la Corte o las urnas, creo que, a pesar de la honda fractura de la sociedad en este momento, hay unas obligaciones frente a las Farc que nadie debería rehusar.

Un inventario mínimo de esos compromisos ineludibles es el siguiente: proteger las vidas de sus integrantes, que ciertamente se encuentran bajo riesgo elevado, con riguroso celo; facilitar su reincorporación a la vida civil mediante educación, proyectos productivos o la oferta de empleos dignos; preservar y agilizar las amnistías ya definidas por la ley; y mantener los espacios de actuación política acordados, incluida la participación temporal en el Congreso de dirigentes de la guerrilla no elegidos por mandato popular.

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