Sábado, 22 de noviembre de 2014

| 2013/03/26 00:00

Locomotoras y pobreza rural

El gobierno le apuesta a la minería en el campo. Pero ¿es esta la mejor forma de mejorar la calidad de vida de sus habitantes?

Paula Rangel

Colombia cada vez es menos agrícola y más minera. Puede que como lo han advertido los expertos, suframos la denominada “enfermedad holandesa”, según la cual el boom minero energético está acompañado de una revaluación del peso y un consecuente deterioro de la agricultura. Todo parece indicar que la fiebre del oro, el carbón y el niquel se está tomando el protagonismo en el sector rural. Ante tal situación es necesario revisar con cuidado cómo este cambio repercute en la calidad de vida de las personas del campo.

Aunque el gobierno del Presidente Santos dice que le apuesta a la locomotora agrícola, su crecimiento es muy bajo. En el año 2011 la locomotora agrícola creció tan solo un 2,2,%, por debajo del crecimiento de la economía que estuvo en 5.9%. En cambio, la locomotora minera tiene toda la fuerza, creció un 14,3%. A ese bajo crecimiento del agro, se le suma que cada vez son menos las hectáreas que se usan para cultivos. El dato es alarmante: en el 2001 el área que se dedicaba a la agricultura era de 4.135.021 hectáreas y en el 2010 se redujo a 3.353.058 hectáreas.

Con este panorama parece que Colombia está cambiando la agricultura por la minería. El problema es que hay muchas dudas sobre cómo ese despampanante repunte minero va a promover la calidad de vida rural. El impacto social de la apuesta minera merece más atención pues la locomotora crece y crece, pero la calidad de vida de los habitantes rurales parece no mejorar con la misma intensidad.

Uno de los impactos que debe evaluarse es cómo la minería puede afectar la pobreza rural que sigue imperando en el campo. Los datos objetivos y subjetivos muestran un panorama desesperanzador. De un lado, en el 2011 en Colombia el 46.1% de la población rural era pobre, y esta cifra solo ha disminuido dos puntos en los últimos años. Y de otro lado, según el DANE en el año 2012 el 67,7% de la población colombiana que no vivía en cabeceras, se consideraba pobre. Esta percepción ha venido en aumento pues en el 2010 la cifra estaba en el 64.8%. Así pues, la gran mayoría de la población que habita el campo se siente olvidada y en malas condiciones de vida.

En general, estos datos ponen sobre la mesa una de las grandes deudas del Estado con el campo: mejorar la calidad de vida de sus habitantes. De igual forma, recuerdan que la decisión sobre el uso de la tierra no puede omitir los efectos en la calidad de vida de los campesinos. Esto, porque quienes sufren directamente las consecuencias de que la tierra no se use para cultivar sino para explotar todos los recursos no renovables, son los habitantes del campo. No solo porque la tierra luego no les servirá para cultivar, sino porque la actividad minera, como actualmente se hace en Colombia, contamina el agua y suele tener efectos nocivos en el ambiente.

Si el gobierno le apuesta a la locomotora minera, debería revisar cuál es su incidencia en la calidad de vida de la gente. No se le puede meter la ficha a un modelo sin tener en cuenta la repercusión en las personas que cargan sobre sus hombros la locomotora. Por ejemplo, sería bueno ver qué pasa en Cajamarca, tierra de cafeteros y apta para cultivos de yuca y plátano, pero que hoy ya tiene un título minero adjudicado. ¿Será que todo el oro que se saque de Cajamarca va a mejorar la calidad de vida de los cafeteros? ¿O ayudará más sembrar la tierra con café, yuca y plátano?

* Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia-

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