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Opinión

  • | 2011/06/02 00:00

    Locos por la paz

    Con la aprobación de la ley de víctimas se abre el debate sobre alternativas de paz para el país.

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“Cualquier persona tiene que estar mentalmente enferma si no quiere la paz. Y algunos están enfermos mentalmente”, le dijo de manera indirecta el presidente Juan Manuel Santos al ciudadano Álvaro Uribe la semana pasada. La alusión fue tan finamente calculada que el exmandatario ni se dio por aludido, o al menos, no trinó rabiosamente como es ahora su costumbre.

La expresión tampoco fue pasajera o aislada. Fue pensada para darle impulso a un reciente interés por explorar salidas políticas al conflicto, las cuales fueron radicalmente clausuradas durante el gobierno anterior.

Dos hechos importantes han revalidado esta declaración: la aprobación unánime de una ley de víctimas que reconoce expresamente la existencia del conflicto armado; y el anuncio del senador Roy Barreras, otrora uribista “pura sangre”, de la presentación ante el Congreso de un paquete de reformas para facilitar una agenda integral de paz.

Bienvenida esta discusión y ojalá se lleve con la altura con la que se discutió la ley de víctimas. Por ahora, tres temas puntiagudos pero ineludibles todavía generan resquemor en distintos sectores políticos.

Primero: qué hacer con las guerrillas y su limbo. Están debilitadas, pero no acabadas; no se van a tomar el poder –tal vez ya ni les interesa –, pero no van a dejar las armas fácilmente. Los extremos no parecen sensatos. No se puede impedir la negociación, pero tampoco permitir la impunidad de sus crímenes. Si bien las estrategias de negociación tendrán que ser distintas a las usadas con los paramilitares, los estándares jurídicos deben ser idénticos: beneficios a la desmovilización, pero sin amnistías ni perdones generales a crímenes graves contra derechos humanos.

Segundo tema, ¿Qué hacer con las fuerzas militares? León Valencia, el analista de Nuevo Arco Iris, ha defendido por estos días una propuesta hecha por Alfredo Rangel hace un tiempo: ampliar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz a los miembros de las fuerzas militares. Rangel dice que es un acto de justicia y equidad, Valencia lo ve como un mecanismo para develar la verdad.

Entiendo lo que se busca, pero me quedan dudas sobre la pertinencia de la propuesta. Los militares que violan derechos humanos no están en la misma situación que la de los ilegales. Su acción es más dañina para la sociedad y para el Estado, pues a ellos los hemos financiado, les dimos nuestras armas y nuestra confianza. Además, si el número de militares que violan derechos humanos es mucho menor que el de los armados ilegales, las restricciones para juzgarlos no son tan grandes. El Estado podría hacer un mayor esfuerzo en las investigaciones y dejar de recostarse en las confesiones.

Finalmente, ¿es posible a estas alturas cambiar la estrategia con los paramilitares ya desmovilizados? No se puede decir que en Justicia y Paz todo ha sido fracaso como tampoco se puede seguir vendiendo el proceso como un éxito sin precedentes. No es recomendable traicionar las negociaciones y encarcelar a los 18,000 ex combatientes que supuestamente están por ahí maniatados, pero es urgente apretar las tuercas del proceso y cumplirles también a las víctimas.

Son tres dilemas difíciles de enfrentar, eso no debe esconderse. Afortunadamente, la reformulación de este entrevero empezó por el derecho con el reconocimiento de las víctimas como la prioridad del Estado. Si Santos realmente quiere desmarcarse del “Presidente de la guerra”, para ser recordado como el “Presidente de la paz”, tiene un largo y difícil camino por delante. Más le vale que siga apurando.

* Investigador del Centro de Estudios, de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia.
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