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Opinión

  • | 2014/01/11 00:00

    ¡Logro estratégico para Timochenko!

    La “normalización” de las relaciones con el régimen “revolucionario” fue al costo de que prevalecieran los intereses de las FARC y los de la revolución bolivariana.

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La decisión de retirar la solicitud de extradición de Julián Conrado y su posterior traslado a Cuba, más el silencio de Santos y Maduro respecto a la captura y la liberación del cabecilla Rafael Gutiérrez, es la aceptación oficial por parte del gobierno colombiano de que el territorio de Venezuela siga siendo santuario de las FARC.

No hay que sorprenderse. La cosa comenzó mal desde el 2010. A pesar de las pruebas, Santos se apresuró a decir que en el vecino país ya no estaban los campamentos de las FARC denunciados ante la OEA en julio de ese año y sugirió que se desconocía la existencia de otros refugios guerrilleros. Al parecer, fue una declaración necesaria para “normalizar” las relaciones y dejar sin fundamento las acusaciones en el sentido de que las FARC y el ELN descansaban y preparaban desde allá acciones terroristas con patrocinio estatal.

Con eso se procuró abonar el terreno para legitimar la intervención de ese gobierno en el futuro proceso de paz, purificándolo de cualquier “injusta” sospecha.

La “normalización” de las relaciones con el régimen “revolucionario”, que se vende como gran éxito diplomático, no consiguió que el entendimiento entre los dos países se hiciera de forma equilibrada, preservando los intereses nacionales de Colombia, sino al costo de que prevalecieran los de las FARC y los de la revolución bolivariana.

Crear escenarios de confianza para poder iniciar las conversaciones secretas en marzo del 2011 implicó más pruebas de confianza: Santos renunció al acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos después de haber sido su promotor. Además, negó a ese país la solicitud de extradición de Walid Makled, empresario de origen sirio implicado en narcotráfico y depositario de información que prueba la inmersión de generales y funcionarios chavistas en la mafia. Prefirió entregarlo a Venezuela. 

Se asumió el compromiso de no hacer público nada que relacionara al gobierno venezolano con las FARC, una de las razones, seguramente, por las que no se ha revelado el contenido de los computadores de Alfonso Cano y el Mono Jojoy. Del mismo modo, se admitió que rehusarán siquiera a hablar de cooperación para enfrentar al grupo terrorista. Y, por supuesto, con todo esto quedó descartada cualquier acción militar, política, mediática o de otra índole en contra de integrantes de esa organización que actúen, se muevan o refugien en ese país. Todas ganancias netas para la alianza farchavista. 

La diplomacia revolucionaria consiguió que lo que era intolerable fuera aceptable. No sólo se acabaron los reclamos por el contubernio con las FARC en Venezuela, también se justificó en nombre de la paz. ¡Logro estratégico para Timochenko! 

No hay duda de que el papel de Chávez y Maduro ha sido decisivo para el proceso de La Habana, por lo cual debemos estar agradecidos, según los farianos, Santos y la canciller. ¡Pendejada! La “solución política negociada” o el “plan de paz” que promovían en Unasur en el 2010 no son más que parte de una misma estrategia estudiada y preparada con esmero entre quienes juegan en un mismo equipo. Por eso, el balance respecto a Venezuela sólo tiene notas en rojo para Colombia en lo que respecta al combate a las FARC.

La actitud más hostil del régimen chavista hacia el grupo fue pedirles que se “difuminaran”, es decir, que se desvanecieran y disimularan su presencia en su territorio. En otras palabras, que estén pero que no se vean, que permanezcan pero que no hagan ruido. 

En materia de cooperación han enviado integrantes de bacrim, pero de las FARC únicamente a Joaquín Pérez Becerra, coordinador de ANNCOL y ficha clave de su entramado internacional. Esa extradición sólo fue posible a cambio de Makled. De resto, no hay nada. A Julián Conrado lo mantuvieron aparentemente en una guarnición militar, no en una cárcel, más de dos años y medio, y se negaron a entregarlo a pesar de ser responsable de crímenes de guerra, lesa humanidad y narcotráfico. De nada valieron 12 solicitudes de la Fiscalía.

En diciembre pasado la Guardia Nacional capturó y procedió a liberar a Rafael Gutiérrez, integrante del Estado Mayor de las FARC, temible asesino y tercer cabecilla del bloque oriental. Mano derecha de Mauricio Jaramillo, el Médico. Responsable de la masacre en Arauca de 30 soldados en menos de dos meses en el 2013, dos niños en 1997, 18 campesinos en 1996 por ser “supuestos colaboradores” del enemigo y de 16 personas en enero del 2005. Ha ejecutado múltiples secuestros, trafica con cocaína y asola la región. Un criminal de marca mayor. La información pública registró que el encargado del caso era el afectuoso camarada de las FARC Ramón Rodríguez Chacín, exministro de interior y gobernador del Estado Guárico. 

¿Para qué más? Lamentable que al tiempo que el Gobierno renuncia a la solicitud de extradición de Conrado, calle y se haga cómplice ante lo ocurrido con un delincuente de la dimensión de Gutiérrez. No obstante que fueron difundidas las fotos de su captura y de ocho guerrilleros más en una instalación militar venezolana, Miguel Rodríguez, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se limitó a decir que “no hemos recibido denuncias por parte del gobierno colombiano sobre la presencia de este sujeto en el país, ni tenemos información sobre su captura”. Y aquí, nadie replicó. ¡De acuerdo con Rodríguez, ellos lo capturaron y no se dieron cuenta! ¡Reaccione, presidente Santos!

Lo de Conrado y Gutiérrez se suma a la extracción” de Pablo Catatumbo ordenada por el gGobierno precisamente cuando la fuerza pública adelantaba operaciones destinadas a darlo de baja. Los criminales aprenden pronto y saben sacar provecho. Convirtieron La Habana en un refugio para salvar cabecillas, excarcelar bandidos y conseguir sitios de descanso y recreo. ¡Vamos bien!

“Nada está acordado, hasta que todo esté acordado” es la máxima que guía las negociaciones con las FARC, empero, hay una regla no escrita que juega en contra de la sociedad: “Aun sin acuerdo, el Estado deberá hacer concesiones, mientras las FARC no harán realmente ninguna”. Por lo pronto, el Gobierno seguirá insistiendo que en el proceso de La Habana no se ha perdido nada. Juzguen los lectores.
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