20 agosto 2013

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Los 20 años de la ley de negritudes

Por José E. Mosquera

OPINIÓNMientras las negritudes se debaten entre el hambre, la pobreza y la violencia. Una minoría hace negocio con consultas previas y permisos mineros, madereros y de canteras.

Los 20 años de la ley de negritudes.

Foto: Archivo particular




El 27 de agosto se cumplen 20 años de la sanción de la ley de negritudes que adoptó un régimen especial de propiedad colectiva de la tierra para las comunidades negras y un modelo de patrimonio que convirtió a los negros en guardabosques de sus
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dominios ancestrales. 

Esta norma estructurada para comunidades rurales, terminó aplicándose con mayor énfasis en las zonas urbanas y en lugar de ser un instrumento eficaz para reducir la pobreza e impulsar el desarrollo económico de los negros, se ha constituido en uno de los peores obstáculos para su progreso.

Este tipo de propiedad que consagra un sigiloso ‘apartheid’ que ha generado un impacto económico negativo en el desarrollo de las comunidades negras rurales.  Una legislación que como se concibió genera más atraso que desarrollo, porque en lugar de atraer inversión económica a los territorios colectivos la ahuyenta. 

Además por la engorrosa tramitologia de las consultas previas se ha frenado inversión pública y las construcciones de obras de infraestructura, y de paso el crecimiento económico. De manera que el impacto de esta legislación en el desarrollo, en la generación de riqueza y puestos de trabajos en los territorios colectivos ha sido desastroso.

El panorama económico y social en los territorios colectivos es cada vez más crítico, por el aumento de los índices de pobreza, violencia, desempleo y descomposición social. Lo polémico de este asunto es que mientras la mayoría de los negros se debaten entre el hambre, la pobreza y la violencia, una minoría de sus líderes controla los negocios de las consultas previas, los permisos mineros, madereros y de canteras, al igual que las representatividades ante los organismos estatales y los cobros por los cultivos de droga en los territorios, esta minoría se ampara bajo la permisividad de la ley. 

Las consecuencias de esos negocios oscuros de esas minorías con el Estado, empresarios y mafiosos. Han sido la destrucción de los territorios y sus ecosistemas por la minería indiscriminada y la tala de bosques, que han generado masivas contaminaciones de las cuencas hídricas y han acabado con las fuentes de trabajo de millares de campesinos. 


Ahora resulta increíble que en 20 años no se haya reglamentado una norma que como   fue concedida está cerrando oportunidades de progreso a miles de afros.  Pero eso se explica en la falta de voluntad política del Estado y de liderazgo de los afros que se han quedado en la retórica de los debates intrascendentes de hace décadas y no han sido capaces de innovar y liderar con eficacia un cambio radical en las políticas afros.

Por eso, dos décadas después, no se han formalizado capítulos esenciales como el cuarto que trata de los usos de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente; el quinto, que se refiere a los asuntos mineros; y el séptimo, referente a la planeación y el fomento del desarrollo económico y social. 

Sin esas regulaciones la ley 70 es una norma que genera más pobreza que desarrollo y un instrumento ineficaz para resolver los problemas estructurales de pobreza que afectan a millones de negros. 

Otro aspecto que se debe reformar es lo concerniente a los inembargables, imprescriptibles e inajenables, porque si bien estos aspectos sirvieron para evitar una expoliación masiva, desde ese punto de vista cumplieron su propósito y es hora de reformarlos porque, como están ideados, un campesino sin dinero, sin acceso a la tecnología y a créditos no tiene los mecanismos económicos idóneos para poner a producir la tierra y en términos de competitividad no tiene las herramientas que le permitan salir de la pobreza. 


Los negros tienen que pensar más en iniciativas privadas que en el paternalismo estatal, dado a que el Estado no ha tenido, ni tiene, ni va a tener la voluntad política de ofrecer un programa de crédito y de asistencia de largo aliento para que los beneficiarios del régimen colectivo desarrollen empresas agrícolas, pecuarias o de otra índole que permita sacar a millones de negros de la pobreza. No pueden continuar pensando en utopías y esperando una redención económica estatal que no va a llegar a la luz de los cambios que van adoptando en sus estructuras los Estados modernos.



jemosquera@une.net.co

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