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Opinión

  • | 2011/04/09 00:00

    Los abogados de los Nule

    Una reflexión en cuanto a la conducta ética: una cosa es asesorar y otra estructurar proyectos que son concebidos para defraudar al Estado.

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A raíz de las informaciones que ha venido sacando Félix de Bedout en La W sobre las asesorías jurídicas que tuvieron los Nule, en las que han salido a relucir prestantes firmas de abogados del país, me viene dando vueltas un interrogante que no se ha expuesto abiertamente y que tiene que ver con la responsabilidad ética del ejercicio de esa profesión.

Hay casos inquietantes como el de Edmundo y Gabriel del Castillo, cuya cercanía con los Nule parece tejida por el mejor artista. El primero, según elespectador.com, habría sido el supuesto receptor en 2008 de unos cheques de los Nule por 105 millones de pesos en momentos en que él se desempeñaba como secretario jurídico del gobierno Uribe. Según otra información de El Tiempo, aparece como socio de la empresa Menugal junto con las esposas de Manuel Nule y Miguel Nule y con la hermana de éste. Él ha negado que recibió esos cheques y dice no acordarse de esa sociedad. ¿Se acordará que se desempeñó como asesor del Icbf en la época en que los Nule resultaron adjudicatarios de la interventoría del contrato de concesión de la Bienestarina?

Dicha asesoría fue heredada por su hermano Gabriel del Castillo y, según ese mismo diario, él habría participado como asesor en la elaboración de los pliegos de condiciones y en la audiencia de adjudicación de la interventoría del contrato de la Bienestarina dado a los Nule. Pero la cuadratura del círculo no termina ahí: de acuerdo con una información de El Espectador, los Nule presentaron tres ofertas en esa licitación en lo que podría ser una posible colusión: la de MNV S.A., la de Bitácora Soluciones y la de Ponce de León, que fue la ganadora.

Gabriel del Castillo también fue contratado como asesor legal externo del Invías en el proyecto del túnel de La Línea, en donde los Nule resultaron siendo los adjudicatarios de la interventoría y sus socios de la concesión Bogotá-Girardot, adjudicatarios de la obra. Según El Tiempo, los Nule tenían alguna participación en la construcción, pero tras el escándalo vendieron su parte del negocio. ¡Qué familia tan unida!

La firma de abogados integrada por Daniel Largacha y Andrés Garzón Roa también forma parte de esta telaraña. El primero es el abogado de los Nule ante la Fiscalía y trabajó con Edmundo del Castillo en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y en su oficina privada, y también fue su abogado ante la Procuraduría por el caso Job. Su socio, Andrés Garzón, según la página de su bufete, se desempeña como asesor del Icbf en materia disciplinaria y penal desde 2008. Esa es la misma entidad en la que los Nule resultaron adjudicatarios del contrato de interventoría de la Bienestarina y donde han prestado sus servicios los hermanos Del Castillo. Garzón también se desempeña como abogado de la Dian desde 2008 hasta la fecha, entidad en la cual los Nule recibieron un tratamiento preferencial en materia tributaria, a pesar de que ellos no pagaban ni el IVA ni la retención en la fuente.

El famoso abogado Álvaro Dávila también ha salido a relucir en este baile. De él se sabe que es amigo personal de los Moreno y que fue abogado de los Nule. Él está mencionado por ellos como el intermediario en la posible entrega de comisiones para la licitación de la 26. Humberto de la Calle y su hijo José Miguel de la Calle, actual superintendente de Industria y Comercio, también asesoraron a los Nule. En sus declaraciones a La W, José Miguel de la Calle le dijo a Félix de Bedout que él no veía mayor problema ético en ser superintendente y haber trabajado con los Nule y que en el evento de que hubiera una investigación que tuviera que ver con su resorte, en temas de competencia desleal, prácticas restrictivas y colusión, él se declararía impedido. El único problema, doctor José Miguel, es que por ese camino va a tener que declararse impedido en casi todo lo pertinente a los Nule, porque esas conductas están presentes en la mayoría de las licitaciones que ellos hicieron, comenzando por la de Bienestarina.

Gracias a estos ilustres ciudadanos y a sus útiles servicios profesionales, muchos colombianos se quedarán sin dinero del fisco que hubiera servido para mejores propósitos que el de enriquecer a los Nule y cubrir los honorarios de estos abogados. Y en cuanto a la conducta ética de los abogados, una reflexión: una cosa es asesorar y otra estructurar proyectos que son concebidos para defraudar al Estado. Y la verdad es que gran parte de esta operación defraudatoria, sin duda la más grande en contra del Estado colombiano y del erario, no hubiera sido posible sin la dirección ni el apoyo jurídico de prestantes abogados.
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