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Opinión

  • | 2015/12/11 11:22

    Luces en Cuba

    De La Habana viene un barco; no sabemos qué nos trae.

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Poco sabemos directamente del avance de las negociaciones en La Habana. Al comenzarlas, se estipuló una regla de confidencialidad para evitar debates prematuros en tanto que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. No obstante, se han realizado revelaciones parciales al menos en dos ocasiones. La primera, durante la campaña presidencial del 2014, cuando se divulgaron los textos relacionados con drogas ilícitas, participación en política y desarrollo rural. Y luego, hace poco, con motivo de la presencia del presidente en Cuba y en la Asamblea General de Naciones Unidas. No hay que escandalizarse por estas excepciones: entendido que el proceso en la isla es por esencia político, a veces toca atenuar el rigor de los principios...

Lo segmentos divulgados, sin embargo, poca claridad aportan para saber cómo vamos. En el primer caso, por cuanto la contraparte ha dicho que mantiene “salvedades”, tanto que algunas de sus peticiones recientes pugnan con esos textos, por ejemplo los “territorios de paz”, o las curules asignadas por fuera del juego electoral. La justicia de paz que se anunció en una ceremonia que, lamentablemente, colocó en plano de igualdad al Jefe del Estado con el comandante de la guerrilla, terminó, en palabras de De la Calle, en un “acuerdo en desarrollo”.

Sabemos poco, he dicho, de modo directo, pero un conjunto amplio de indicios apuntan a que podría haber un acuerdo en los próximos meses.

Veamos el primero. Al margen de que la guerrilla haya señalado que la “intransigencia” del Gobierno determina que el plazo estipulado para cerrar el proceso no haya comenzado a transcurrir, cabe pensar que el presidente, quien asume los costos políticos de las dilaciones, tomó el riesgo de comprometerse con una fecha límite luego de un cálculo juicioso de probabilidades.

Tanta confianza debe tener el Gobierno sobre la inminencia del fin de la negociación, que se ha movido con celeridad para lograr la aprobación por el Congreso de las normas que requiere para la refrendación popular y puesta en marcha de los eventuales pactos. Lo hace a pesar de que otras dos medidas audaces para acomodar la estantería legal aparentemente fracasaron. Me refiero al “Marco Jurídico para La Paz” –que sería “derogado” en virtud del contrato con la guerrilla– y a que de nada sirvió modificar una ley estatutaria para permitir que los referendos constitucionales pudieran celebrarse en fecha concurrente con otro acto electoral; esa fórmula era útil para las elecciones regionales del 25 de octubre, las cuales se realizaron sin que se presentará referendo alguno.

No ignora el presidente, de otro lado, que al presentar la ley de plebiscito para la refrendación podría suceder, como ya sucedió, que las Farc dijeran que ese proceder unilateral viola los compromisos contenidos en el Acuerdo General. Sin duda, los pasa por alto porque confía en que aquellas desistirán, más pronto que tarde, de su propuesta de asamblea constituyente y acogerán la vía plebiscitaria aprobada ya por el parlamento. Ojalá.

Miremos ahora las actuaciones de la guerrilla. Para entender su línea de acción hay que tener claro que uno es su discurso frente a los medios de comunicación –altivo, revolucionario, intransigente– y otro, como lo han contado los funcionarios gubernamentales en la mesa de conversaciones. Esta dualidad es entendible. En el primer caso, hablan a sus “bases”, por magras que ellas sean, para dejar en claro que defienden con vigor los principios de la buena causa comunista. En el segundo, toman conciencia de que la política es el “arte de lo posible”.

Efectuada esta distinción, es importante mencionar que el reciente acto de expiación de culpas en Bojayá, lugar donde las FARC realizaron una de sus peores atrocidades, mostró a un vocero suyo de alto rango en una actitud de respeto por la comunidad a la que pidió perdón en palabras que sonaron sinceras. La arrogancia habitual y la negación de culpas, que son usuales en la guerrilla, esta vez fueron omitidas.

Buena parte de la dirigencia guerrillera, que ha vivido en Cuba durante los tres años de las negociaciones, antes lo hacía en Venezuela. Está, pues, muy desacostumbrada a los rigores e incertidumbres de las selvas y montañas de nuestro país. Volver a Colombia, si el proceso fracasa, ha dejado de ser una opción atrayente, por decir lo menos. Permanecer en Cuba, en condición de refugiados políticos, no parece factible. Luego de la debacle del Chavismo, la posibilidad de regresar al vecino paraíso socialista, se presenta, más bien, como una pesadilla.

Si a lo anterior se añade que el desbalance militar a favor del Estado es irreversible, y que la vía electoral para los movimientos de izquierda está abierta a pesar de sus recientes fracasos en varios países de la región, están dadas las condiciones para abandonar las armas y reintegrarse a la sociedad civil. Quienes han interactuado con la guerrilla coinciden en decir que hacerlo constituye una firme decisión.

Naturalmente, no todo es color de rosa. Falta resolver un aspecto fundamental que podría enunciarse con la expresión “como voy yo ahí”. Porque, como es evidente, nadie firma la paz para irse a pudrir en una cárcel. El problema en esta materia consiste en hallar un punto medio entre el clamor popular que exige castigo y el comprensible anhelo de unos guerrilleros –a los que, por cierto, no hemos vencido– a que les garanticemos su libertad a cambio del abandono de las armas. Hay motivos para pensar que ya hay acuerdo sobre esta materia o que lograrlo es inminente.

Suponiendo que así ocurra y se cierren los demás puntos pendientes, será menester lograr el respaldo de un electorado reticente y desconfiado. Igualmente, no se deben ahorrar esfuerzos para evitar que la finalización del conflicto armado se convierta en un factor de grave división política. Es tema que abordaré en próxima ocasión.
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