10 agosto 2013

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Los conflictos de la paz

Por Antonio CaballeroVer más artículos de este autor

OPINIÓN¿Acaso no viene diciendo el establecimiento desde hace por lo menos 35 años que las guerrillas deben dejar las armas para competir abiertamente como partidos políticos?

Los conflictos de la paz.

Se preocupa Plinio Apuleyo Mendoza, el autodesignado vocero de la derecha militarista colombiana, por el “riesgo” que divisa como posible desenlace de un acuerdo de paz con las guerrillas: “El de encontrarnos con unas Farc dueñas de amplias zonas del territorio (y) con un partido político de in
sospechada fuerza (la Marcha Patriótica)”.

¿Y acaso no se trata justamente de correr ese “riesgo”? No solo a partir de las conversaciones que ahora se adelantan en La Habana, sino de antes. ¿Acaso no viene diciendo el establecimiento desde hace por lo menos treinta y cinco años que las guerrillas deben dejar las armas para competir abiertamente como partidos políticos? 

Ya una vez lo hizo el M-19, y no sobrevino ninguna catástrofe. Obtuvo un tercio de los votos para la Asamblea Constituyente, y eso no desembocó en la revolución sangrienta que vaticina la derecha militarista para justificar su propia represión sangrienta, sino en la inofensiva (aunque progresista) Constitución de 1991. 

Ya otra vez intentaron hacerlo las Farc fundando la Unión Patriótica, aunque con el ingrediente nocivo de la “combinación de todas las formas de lucha”: mantuvieron las armas. Y eso sí provocó un río de sangre. Pero entre las filas de la Unión Patriótica, exterminada a manos de la derecha militarista: de las llamadas “fuerzas oscuras” del paramilitarismo en complicidad con sectores políticos y de la fuerza pública. Los amigos de Plinio.

Más curioso resulta ver que muy parecida a la opinión de Plinio es la de Rafael Pardo, hasta hace poco jefe único del partido llamado liberal y actualmente ministro de Trabajo de Santos. Dice Pardo:

“Mientras en La Habana (las Farc) están en temas de acuerdo y de conciliación, los sindicatos de la Marcha Patriótica están más en temas de confrontación (...) Cuando en La Habana negocian civilizadamente alrededor de una mesa, que es lo razonable en un proceso de paz, por fuera están presionando por vías que no propiamente convocan al diálogo (...) No de confrontación armada, pero sí dentro de los escenarios laborales y sociales”.

Repito: ¿y no se trata precisamente de eso? ¿De que la confrontación deje de ser armada para volverse laboral y social? Y no solo política en el más estrecho sentido de la palabra. Pues también tiene el gobierno –el Establecimiento, confundidos los poderes del Estado con los económicos y los mediáticos– la pretensión de que la única expresión de inconformidad o desacuerdo sea estrictamente electoral y únicamente se mida en votos. 

Que los inconformes cambien las balas por votos se acepta como demostración extrema de generosidad; pero que no se les ocurra cambiarlas también por huelgas, por paros, por marchas, por manifestaciones de protesta: entonces interviene la Policía, como se ha visto en el Catatumbo, o el mismo Ejército, como hace un año entre los indígenas del Cauca.

Y también lo de los votos tiene límites: es necesario superar con ellos el expandido umbral que deja por fuera, sí, los partidos de garaje, pero también la opinión minoritaria. Así se le quitó a la exterminada Unión Patriótica la personería jurídica alegando que había perdido sus votantes; y se le acaba de devolver ahora, simbólicamente, como un sarcástico homenaje post mórtem.

Así, independientemente de lo que pueda llegar a acordarse en la mesa de La Habana, o de si eso fracasa, no es sostenible el proyecto de tolerar una más amplia democracia política que la precaria que actualmente existe sin aceptar simultáneamente la existencia de una democracia económica y una democracia social.

Si de verdad el gobierno de Juan Manuel Santos quiere que el final del conflicto armado pueda despejar el camino para un país en paz, tiene que prepararse para un país plagado de conflictos sociales, económicos y laborales. Como cualquier país democrático.

Que se lo expliquen al ministro de Trabajo.

(Bueno: y al de Defensa, y al de Hacienda, y...). 
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