Los encantos del Tío Sam

Mientras Colombia libra una guerra contra las drogas, en la que guerrillas y paramilitares se convirtieron en empresas dedicadas a la cocaína y la heroína, en Estados Unidos el Departamento de Justicia implementa un programa de ‘Resocialización de Narcotraficantes’ que fomenta la impunidad.

Desde el gobierno de Bill Clinton se decidió promover arreglos directos con los narcos. El libro Pacto en la sombra, de Jorge Lesmes y Édgar Téllez, relata dicha iniciativa que hasta ahora, supuestamente, estaba en secreto aun para las administraciones de Samper, Pastrana y Uribe.

Tales acuerdos, suscritos con más de 300 narcotraficantes, son posibles sobre la base de confesar delitos, desmantelar rutas de tráfico y entregar millones de dólares. A cambio, los mafiosos obtienen libertad inmediata o una corta reclusión, visa múltiple que incluye la familia, legalizan su situación y mantienen parte de la inmensa riqueza, sin obligarse a delatar a sus cómplices. En síntesis, se les premia con impunidad y acceso al ‘sueño americano’.

Una fórmula similar se extiende a las multinacionales que patrocinaron el paramilitarismo. La multa de 25 millones de dólares fijada a Chiquita Brands es el típico ejemplo de cómo por esta vía quedan sin sanción conductas delictivas.

No es posible que los colombianos paguen el combate a las drogas con miles de muertos y desplazados, mientras muchos de los que comercializaron la cocaína de las Farc y de los paramilitares disfrutan de las playas y la vida nocturna de Miami. Son los mismos que participaron en la organización de bandas de sicarios y de ejércitos privados, autores de masacres, reclutamiento de niños, expansión de la corrupción y captura de las instituciones democráticas.

Estos hechos reflejan un inaceptable doble rasero de la política antidroga. Las medidas que se imponen a las naciones productoras son desvirtuadas por las negociaciones ocultas con las Cortes federales estadounidenses. El resultado es petardear los esfuerzos de los demás países que enfrentan el comercio ilícito.

Según Naciones Unidas, durante el año 2005 más de las dos terceras partes de la oferta de cocaína provenía de Colombia, y su cultivo aumentó en 8 por ciento respecto a 2004. Una de las explicaciones a esas cifras y a la tendencia descendente de los precios de la misma, a partir de 2002, puede estar en los perversos incentivos derivados de la política de “resocialización”.

Los “pactos” fomentan indirectamente el tráfico de estupefacientes y generan un nuevo cálculo de costo-beneficio. Resulta rentable dedicarse al narcotráfico si se tiene certeza de que todo se resuelve con una generosa suma de dinero. También la capacidad disuasiva de la extradición se reduce, pues ésta se comienza a percibir como un camino para conseguir “perdón y olvido” en Estados Unidos. Aunque se saca del escenario a un narcotraficante, se motiva a decenas para ocupar su lugar.

Por otro lado, la estrategia pareciera dar razón a quienes afirman que el problema de las drogas es meramente económico, y no de salud pública. Da la impresión de que recuperar los millones de dólares que salen de las fronteras es más prioritario que erradicar el fenómeno.
 
Hace dos décadas, el cartel de Medellín ofreció pagar la deuda externa a cambio de análogos beneficios. El gobierno Betancur, acertadamente, se negó. ¿Qué pasaría si Colombia pretendiera adoptar esa política? ¿Al fin y al cabo, los millones de dólares entregados por los mafiosos no resultan de crímenes cometidos en Colombia? Si los Rodríguez Orejuela acordaron desembolsar bienes por 2.100 millones de dólares, ¿cuánto sumará lo pagado por los más de 300 narcos?

La pasividad de los funcionarios del gobierno, del propio presidente Álvaro Uribe y de la oposición es vergonzosa. Nadie ha dicho una sola palabra sobre una situación claramente negativa para el país. Hay que exigir a la administración Bush colocar las cartas sobre la mesa y que se adopte conjuntamente una sola política criminal en esta materia. La disparidad actual es el mejor aliado de la delincuencia.

Del mismo modo, es obvio que después de medio millar de extradiciones, Colombia tiene derecho a pedir el retorno de los criminales con cuentas pendientes. De lo contrario, el lema de los narcos en los años 80, “preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos” se deberá cambiar por “preferimos una visa norteamericana que una cárcel en Colombia”.

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