Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2004/02/22 00:00

Los huelguistas de Cómbita

Para que se mantenga el chorro que alimenta la de seguridad, Uribe sacrifica su política exterior, agrícola, comercial, de derechos humanos (si la hubiese, que no háyla)

Los huelguistas de Cómbita

Más de un centenar de presos pedidos en extradición han reanudado su huelga de hambre en la cárcel de alta seguridad de Cómbita. La prensa se burla de ellos: 'Huelga de chocolatinas', titula El Tiempo, pues por lo visto los huelguistas consumen agua y chocolatinas del caspete del patio de la cárcel. Pero más se burla de ellos el Ministro del Interiory dizque de la Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, que después de prometerles que estudiaría sus peticiones si suspendían la huelga (lo hicieron a principios de diciembre) les escribió dos meses y varias extradiciones más tarde que.

"...después de revisar los planteamientos que se han presentado, teniendo en cuenta la normatividad aplicable en los diferentes casos, puede concluirse que el procedimiento se ajusta estrictamente al trámite que consagra la ley sin que pueda afirmarse que los aspectos centrales de esta solicitud, como son la no aplicación del Convenio que se reclama y la negativa a la práctica de pruebas que apunten a demostrar la ausencia de culpabilidad del requerido, constituyan una flagrante violación de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos requeridos." (los subrayados son míos).

Los subrayados son míos porque me llama la atención el razonamiento del Ministro. ¿Cómo puede reconocer en una misma frase que el procedimiento se salta el Convenio y niega la práctica de pruebas, y afirmar que eso no viola derechos ni garantías? Por otra parte es cosa de sobra sabida que la justicia norteamericana a la que van a ser o han sido ya entregados los presos pedidos en extradición tampoco respeta derechos ni garantías, como se ha visto de modo clamoroso en el caso de los presos de Guantánamo, y como a diario se ve, en forma más rutinaria, en los juicios por narcotráfico a acusados extranjeros. Como explica el secretario de Justicia norteamericano John Ashcroft, ''la ley no se ocupa del perdón: se ocupa de la revancha y la venganza''. Da la impresión de que tanto Sabas Pretelt como su predecesor en el doble ministerio, Fernando Londoño, hubieran estudiado derecho con Ashcroft.

Pero no es eso, claro está. La realidad detrás de las violaciones de derechos, las cuales ''no puede afirmarse''que de verdad lo sean, no está en la ignorancia deliberada de la ley por parte de los ministros colombianos, sino en el motivo de esa ignorancia. Y el motivo es el sometimiento de los intereses, de los derechos y de la dignidad de los ciudadanos colombianos al capricho de los gobiernos de los Estados Unidos. Un sometimiento que viene de muy atrás, pero que se ha reforzado considerablemente en los últimos años. Primero con el Plan Colombia que la administración Clinton le diseñó al presidente Andrés Pastrana. Y luego con la aplicación de la política del presidente Álvaro Uribe eufemísticamente llamada ''de seguridad democrática'' que depende de que el gasto corra por cuenta de los Estados Unidos. Si estos cortan el chorro, adiós ''seguridad'' (pues de la parte ''democrática'' ya nos habíamos despedido).

Eso se refleja en todos los aspectos de las demás políticas de Uribe. Para que se mantenga el chorro que alimenta la de seguridad, Uribe tiene que sacrificar su política exterior, su política agrícola, su política comercial, su política social (si la hubiere o hubiese, que no háyla), y alinearlas todas ellas en el sentido de los intereses del Imperio. Y eso es particularmente notorio, desde luego, en el campo de la política antidrogas: desde la fumigación aérea, que no ignora el derecho a la salud de los campesinos cocaleros y sus familias, hasta la extradición administrativa, que viola los derechos y las garantías judiciales de los presuntos narcotraficantes.

O de los narcotraficantes convictos y aun confesos, que también los hay. Porque -como tal vez haya olvidado el ministro Sabas Pretelt- también los delincuentes tienen derechos en un Estado de Derecho. Y es el Estado de Derecho colombiano, en lo poco que queda de él, lo que está siendo desmantelado por Uribe y su equipo en su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, así como, a escala del Imperio y del planeta, lo está desmantelando el gobierno norteamericano Bush y Ashcroft con el mismo pretexto de esos dos enemigos gemelos. Hay que volver a parafrasear la fabulita escalofriante de Bertolt Brecht: ''Primero se llevaron a los comunistas. Pero como yo no era comunista, no me importó. Después se llevaron a los judíos. Pero como yo no era judío, no me importó. Ahora me llevan a mí. Pero ya es tarde''.

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