Los investigadores

Resulta inexplicable que nadie haya recusado a los representantes a la Cámara que investigan al Presidente de la República por el presunto delito de cohecho. Ellos deben establecer si el mandatario entregó o no prebendas burocráticas a congresistas. Lo asombroso es que dos de los tres investigadores han recibido puestos del gobierno. Como si fuera poco, el historial de estos miembros de la Comisión de Acusaciones parece más de investigados que de investigadores.

Empecemos por el presidente de la Comisión, el representante conservador de Cauca José Gerardo Piamba Castro. Por lo menos tres recomendados suyos han recibido puestos durante el gobierno Uribe. Una de ellas, Liliana Riomalo, en el Seguro Social de Cauca. El segundo se llama Néstor Alfonso Dorado y está al frente del Centro de Comercio y Servicios del Sena en Cauca. Y el tercero, Diego Guzmán Alegría, miembro de la lista de Piamba en 2002, fue nombrado gerente del aeropuerto de Popayán.

Algunos ahijados políticos de Piamba fueron nombrados después de procesos de 'meritocracia', pero el concurso es una mera formalidad. El gobierno tiene una categoría no oficial llamada "meritocracia cerrada" para nombrar a las fichas de los congresistas, cuyos favores necesita. La "meritocracia cerrada" consiste en pre-clasificar para un concurso de selección, solamente a los recomendados del político al que le corresponde el puesto. De esta manera se cumple con las formas y se sigue con el clientelismo.

Pero ahí no termina la historia del flamante investigador José Gerardo Piamba. Dos hijos suyos, tres hermanos, su ex esposa y su cuñada están involucrados en una estafa por 14.000 millones de pesos en la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social llamado 'La casita azul'. Hace unas semanas un juez de Popayán condenó a seis años de cárcel a Isabel Cristina Ceballos Sierra, la ex esposa de Piamba, por estafa, captación masiva y habitual de dinero, urbanización ilegal y falsedad en documento privado.

Ella era la representante legal de Corpopaz, la entidad que defraudó a cientos de familias que buscaban tener una casa de interés social. Los otros miembros de la corporación son los hijos del representante investigador, Margarita Andrea y Cristian Piamba Ceballos; los hermanos del parlamentario, Pedro, María del Carmen y Mónica Piamba Castro, y su cuñada Cielo Marina Ceballos Sierra.

Al lado de Piamba, en el proceso de absolución del Presidente, trabaja el representante chocoano por Cambio Radical Édgar Eulises Torres. Este congresista también ha recibido del gobierno su tajada burocrática. En Comcaja Chocó, le nombraron como director a Freddy Gómez Sanclemente. Al frente de la oficina de registro de Itsmina está otro recomendado suyo: Albín Sánchez Rojas. Sonia Damaris Valdés fue vinculada a la Superintendencia de Notariado, como cuota del parlamentario.

Édgar Eulises Torres es investigado por su presunta relación con el extraditable Olmes Durán Ibargüen, alias el 'Doctor'. Una conversación que las autoridades le interceptaron al capo menciona al congresista pidiendo comisión sobre un multimillonario negocio para la distribución del Aguardiente Platino. El gerente del consorcio ganador del polémico contrato le dice a alias el 'Doctor': "Por ahí me estuvo llamando el amigo Édgar Eulises, que quería hacerle una propuesta… lo del porcentaje".

Otro miembro de la Comisión de Acusaciones, el representante Carlos Ramiro Chávarro, no está investigando al Presidente sino al magistrado César Julio Valencia, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, denunciado por el mandatario. Chávarro tampoco se quedó por fuera del reparto. Un recomendado suyo, Camilo Castrillón Quintero, fue nombrado director regional del Sena en Huila.

¿Quién puede esperar un proceso claro y justo en la Comisión de Acusaciones, cuando los representantes investigadores son beneficiarios del generoso clientelismo gubernamental?

¿Tienen autoridad moral para actuar como jueces personas con tantas explicaciones pendientes?