Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2006/09/23 00:00

Los límites de la intimidad

El fiscal ofreció grandes cambios, pero en su lugar se fue de viaje y dejó encargado al vicefiscal Otálora, coprotagonista del episodio

Los límites de la intimidad

Colombia está casi lista para echarle tierra al escándalo de la Fiscalía. Nadie se sorprenderá si terminan sepultados también otros escándalos como el de los falsos positivos o el de la infiltración paramilitar en el DAS. Una Fiscalía débil y cuestionada resulta muy conveniente para que los poderosos saquen a sus amigos de problemas y también para que eventualmente puedan meter en líos a sus detractores.

El tema está empezando a quedarse en las anécdotas sobre el brujo confidente e infidente, sin examinar las graves informaciones sobre lo que ha venido pasando en la entidad.

La frontera entre la vida personal del señor Fiscal y su desempeño en la entidad debe discutirse nuevamente. Todos debemos tener el mayor respeto por la intimidad de los funcionarios, siempre y cuando esa intimidad no vulnere ni las funciones, ni los recursos públicos.

De otra manera la vida personal terminaría convertida en un burladero para evadir el escrutinio público. Por eso cuando el funcionario mezcla su intimidad con sus responsabilidades, es ese funcionario quien acaba con su derecho a la privacidad.

Me entristece mucho tener que decir esto, pero fue el señor fiscal general Mario Iguarán quien expuso su intimidad cuando decidió nombrar como secretaria general de la institución a una persona a quien lo unían lazos que iban más allá de lo profesional.

A esa persona muy joven, y con una experiencia administrativa limitada, le confió la segunda nómina más grande de Colombia y el manejo de los gastos reservados de la entidad.

Fue el señor fiscal Iguarán quien creó el problema. Esa situación, resultado de sus decisiones y no de la investigación periodística, lo debilitó gravemente en lo institucional. Los altibajos de sus relaciones sentimentales terminaron convirtiéndolo en una persona chantajeable. Y lo que es aún peor, él accedió al chantaje.

Lo que cuenta el brujo, y no negó el Fiscal, es que por lo menos un funcionario de los que amenazaron con hacer públicas las intimidades del doctor Iguarán terminó nombrado con un mejor salario en Fedegán. La Federación de Ganaderos -que dicho sea de paso vive también de los dineros públicos del fondo nacional del ganado- tiene como presidente al esposo de otra alta funcionaria de la Fiscalía.

Ese claro enroque de nóminas no ha merecido una explicación completa del Fiscal.

Así mismo, el síquico habla de seguimientos de información y análisis de inteligencia a varios amigos del Fiscal. Los mencionados son César Cuevas, José Castilla, Manuel Sánchez, Abelardo de la Espriella y Joaquín Gutiérrez Caballero. ¿Cuáles fueron los resultados de esos seguimientos a 'amigos personales' efectuados con recursos públicos? ¿Cuáles son los lazos que unen al Fiscal con estas personas, algunas de ellas con actividades bastante interesantes? Hasta ahora no hay respuesta.

El brujo también cuenta que le entregó al fiscal Iguarán grabaciones de video, de voz y documentos que prueban el alcance de sus afirmaciones en el informe confidencial. Cuando hablé con el señor Fiscal, él me confirmó la existencia de estos documentos, así como su decisión de hacerlos públicos para despejar cualquier duda.

Sin embargo, la semana se acabó y nada de esto hizo el Fiscal.

Prometió que sería muy crítico con su propio papel en este incidente, pero lo único que ha hecho es alegar su exceso de confianza en el género humano y en el mentalista en particular. Ofreció grandes cambios, pero en su lugar se fue de viaje y dejó encargado de sus funciones al vicefiscal Otálora, coprotagonista del episodio. La única cabeza que ha rodado es la de la sicóloga que servía de intermediaria para que el Fiscal contara con los servicios del brujo.

Como quiera que esta información le interesa al país, a través de este medio, y con todo el respeto, ejerzo el derecho de petición consagrado en la Constitución y la ley, para que el señor Fiscal General de la Nación haga públicas todas las comunicaciones que Armando Martí entregó en la Fiscalía, con sus anexos documentales y grabaciones de audio y video.

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