Los más pobres de los pobres

El estado de la sociedad indígena colombiana es deplorable. Esas comunidades viven aún del cultivo y consumo primitivo del maíz, de la cacería y de la pesca. Es insignificante el número de miembros de nuestras comunidades que viven del comercio o del trabajo asalariado que de tenerlo reciben el salario mínimo legal y nuestras mujeres trabajan como servidoras domésticas.

Las tierras en que vivimos, en su mayoría, son de vocación forestal. Aquellas que eran cultivables nos las quitaron y las que nos quedaron se han aridecido. Nuestros principales problemas con la tierra, ya lo dijo el Departamento de Planeación Nacional, cuando señaló que entre las condiciones críticas que afectan el bienestar en los pueblos y comunidades indígenas en Colombia, se encuentra el que no tenemos tierras, no tenemos seguridad jurídica ni gobernabilidad sobre nuestros territorios y el hecho de haber perdido el acceso y la seguridad territorial sobre nuestros sitios sagrados, que son los referentes de nuestra memoria colectiva, nuestros sitios espirituales.

La constante inseguridad del país a lo largo de su historia nos ha tenido encerrados en nuestra cultura; la educación que ahora deja de ser un derecho, con dificultad promete llegar a nuestros más recónditos lugares de la geografía nacional.

¿Podrá deducirse de semejante entorno económico y social la supervivencia de una sociedad en condiciones de dignidad, bienestar y salubridad, como lo establecen tanto la Constitución Política de 1991 como los instrumentos del Derecho Internacional sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia?

No hay que hacer esfuerzo alguno para afirmar alarmado que la tragedia para las comunidades indígenas y afrodecendientes es monumental. Esta es la razón por la que, la Quinta Conferencia Iberoamericana de Ministros, Ministras y Altos Responsables de la Infancia y Adolescencia, se ocupará en los propósitos de la inclusión social de la niñez indígena y afrodecendiente.

Pero si algunas dudas se interpusieran para concebir otras prioridades, aplazando nuestras angustias, les comparto algunos datos estadísticos que la Unicef ha publicado.

Cifras correspondientes a los años 1994 y 2002, establecen que en Panamá 95 por ciento de los indígenas son pobres, frente a sólo 35 por ciento de no indígenas; en Guatemala la pobreza alcanza 87 por ciento de los indígenas y a 54 por ciento de los no indígenas; en México 80 por ciento de los indígenas es pobre frente a únicamente 18 por ciento de no indígenas; en Perú, 79 por ciento de indígenas es pobre y 50 por ciento de los no indígenas también lo es; en Bolivia 65 por ciento de los indígenas es pobre, mientras que 48 por ciento de los no indígenas lo es. En suma, los indígenas son los más pobres de los pobres de la región.

De Colombia no se tiene datos actuales pues el censo de 1985 ni siquiera contó a los indígenas, según lo sostienen sus autoridades, de manera que no sabemos nada de nosotros mismos o sabemos muy poco.

El Departamento de Planeación Nacional manifestó que las metodologías actuales muestran a los indígenas entre la población más pobre de nuestro país, siendo necesario entender que los estudios de pobreza e ingresos, por sus metodologías, son poco aplicables a los grupos indígenas. Esta razón no niega que existan condiciones de pobreza extrema en las comunidades indígenas. Se parte del criterio, según el cual, existe una pobreza estructural asociada a las formas desventajosas de articulación de las economías locales y comunitarias, a los circuitos comerciales mayores, y los términos inequitativos de intercambio entre los productos agrícolas, forestales y pesqueros y los productos transformados. También existen factores de pobreza asociados a un rezago histórico en la atención pública a las necesidades básicas de las comunidades de los grupos étnicos.

En estos términos la tasa de mortalidad infantil más alta es la de los pueblos indígenas y afrodecendientes por culpa del azote fatal de las enfermedades atribuibles a la desnutrición y a que la prestación de servicios públicos es deficiente en nuestros territorios, especialmente en lo todo lo relacionado con la salud.

Bajo estas condiciones de ignorancia sobre nuestra situación real es muy difícil definir políticas públicas serias que resuelvan la situación tan adversa que describí arriba y que combina el desconocimiento reiterado de nuestros derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, de parte tanto de las autoridades gubernamentales como de los grupos armados.

En conclusión, la cumbre de los mandatarios de Iberoamérica que se realizará próximamente, empezando por nuestro Presidente, debe asumir un compromiso definitivo y efectivo para mejorar la suerte de los indígenas en Colombia. El gasto en la infancia y la adolescencia de Iberoamérica es una inversión y el gasto en la infancia indígena y afrodecendiente es simplemente urgente.

*Senador de la República