Los militares no piden impunidad

A propósito de la iniciativa del Congreso y el fiscal general para otorgarles impunidad a las FARC, se ha abierto el debate sobre el tratamiento jurídico que habría que darles a las Fuerzas Militares en el marco de la justicia transicional. Se equivocan quienes creen que los militares en Colombia están pidiendo impunidad para ellos mismos: lo que piden con sus callados gritos es justicia. Nada más, ni nada menos. Y los civiles demócratas nos negamos a morder el anzuelo de la impunidad para la guerrilla con la carnada de la impunidad para los militares. No faltaba más. 

La impunidad para la guerrilla es total y absolutamente inaceptable, por ilegal e inmoral. Es ilegal porque viola las leyes nacionales y los tratados internacionales  que ha suscrito Colombia, que obligan al Estado a investigar, juzgar y castigar todos los crímenes de lesa humanidad y a todos sus responsables. Es inmoral porque atenta contra los más elementales principios de equidad y justicia, ocasiona desmoralización social y perpetúa la violencia. La impunidad para los militares sería aún más grave porque ellos, en quienes la sociedad ha confiado el uso legítimo de la fuerza del Estado, están más obligados que cualquiera a respetar las leyes y a dar ejemplo de corrección republicana. Además, porque, como diría el filósofo español Fernando Savater, quienes están dispuestos a entregar sus vidas por hacer respetar la ley también deben estar dispuestos a aceptar con resignación el castigo cuando ellos mismos la violan. Ni un solo crimen se justifica con el argumento de que se comete para defender la ley. Todo crimen merece castigo, independientemente de quien lo cometa. 

La inmensa y abrumadora mayoría de los militares lo sabe y ha aceptado este principio como su guía de conducta. Por eso, a diferencia de la guerrilla, que exige impunidad y rechaza la justicia, los militares exigen justicia y rechazan la impunidad. Esa es la diferencia fundamental entre dos partes que no son iguales y no se pueden igualar, ni legal ni moralmente. Cuando los militares piden justicia para ellos, están pidiendo absolución para los inocentes y castigo para los culpables. Y para que esto se pueda cumplir, piden juicios justos, con garantías procesales y respeto a sus derechos fundamentales.

Aunque la opinión y los medios los han olvidado, existen decenas, centenares, miles de soldados, suboficiales y oficiales que están siendo procesados o han sido condenados por la justicia ordinaria sin el mínimo respeto a sus derechos procesales. Esto clama justicia. Son pocos los casos publicitados, como los de los generales Uscátegui, Arias Cabrales y Del Rio, y el del coronel Plazas Vega. Pero se cuentan por centenares. Un botón de muestra, menos conocido: el del coronel Hernán Mejía. Cumplió en estos días cinco años de prisión luego de que el entonces Mindefensa, Juan Manuel Santos, lo acusó con unas supuestas pruebas que nunca presentó, procesado con base en el testimonio hechizo de un testigo falso que nunca pudo ser controvertido por el acusado y que luego desapareció, y con documentación manipulada para hacerle acusaciones falsas. Cinco años en la cárcel, sin condena, sin derecho a defenderse y sin que se presuma su inocencia. Los oficiales arriba mencionados y los centenares de militares que están siendo procesados sin garantías o han sido injustamente condenados no están pidiendo perdón, ni impunidad, están pidiendo justicia.

El Estado y la sociedad debe dársela, como un mínimo derecho fundamental, para recuperar sus familias y su honor, luego de que ellos dedicaron sus vidas a proteger la seguridad colectiva. Con diálogos de paz o sin ellos, se debería establecer un Alto Tribunal de Justicia, con observadores internacionales, que revise los procesos y las sentencias de los militares que han sido víctimas de semejantes injusticias. 

De otra parte, a los militares a quienes en juicios justos y con garantías plenas se les compruebe su responsabilidad en crímenes que no sean de lesa humanidad, se les debe castigar con las penas establecidas en los códigos, aún cuando podrían ser objeto de rebajas sustanciales cuando haya colaboración con la justicia, confesión de la verdad, arrepentimiento y reparación a las víctimas. Sobre los militares culpables de crímenes de lesa humanidad debe caer todo el peso de la Ley sin contemplación alguna, y no ser objeto de rebajas de penas sino, por el contrario, de su aumento cuando no revelen la verdad, ni manifiesten arrepentimiento, ni reparen a sus víctimas. Esto acentuaría  aún más la autoridad moral que ya tiene la sociedad para exigir que no haya impunidad ni elegibilidad para los miembros de las FARC responsables de crímenes de lesa humanidad, cualquiera que sea su jerarquía. 

Finalmente, es necesario rescatar en su plenitud el fuero militar, al tiempo que se debe hacer de la justicia penal militar una jurisdicción temida y temible por su eficacia, su prontitud y su imparcialidad. Como en las más sólidas democracias. Si tenemos uno de los mejores Ejércitos del mundo, también debemos tener una de las mejores justicias militares. Pero, al mismo tiempo, también debemos rescatar el alcance de fuero militar, que fue gravemente recortado en su última reforma. Ese alcance también debe ser el que tiene el fuero militar en la mayoría de los países democráticos del mundo.