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Opinión

  • | 2016/11/25 21:23

    Los narcosobrinos de Maduro y la coca de las Farc

    La condena en Nueva York de los sobrinos de la primera dama de Venezuela confirma cómo están las cosas y hasta donde llegan los tentáculos del narcotráfico en ese país.

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El pasado 14 de noviembre, un jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres de Nueva York asestó a Nicolás Maduro y a su régimen un golpe que no habían logrado la oposición ni nadie en su país: declararon culpables por narcotráfico a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, la esposa del Presidente de Venezuela.

El caso de los “narcosobrinos” puso por primera vez bajo examen de un ente judicial confiable y respetable, la leyenda negra del régimen chavista: que Venezuela es la plataforma principal para exportar coca colombiana al resto del mundo, que militares y funcionarios del alto gobierno manejan el negocio y que trabajan en sociedad con mafias y grupos armados ilegales de nuestro país.

Los capturaron el 10 de noviembre de 2015 en Haití, acusados de organizar el envío de 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos desde Caracas, vía Honduras. Antes del viaje presumieron tener amplio dominio del tema, contactos del más alto nivel, control sin límites para operar desde y entre los aeropuertos de Caracas y no requerir ayuda de nadie para hacer los envíos. Pero la operación les salió mal porque sus “socios” eran agentes encubiertos de la DEA.

En las escasas ocasiones en que hablaron del tema, Maduro y su esposa dijeron que sus sobrinos no están presos sino secuestrados y que fueron objeto de una trampa de las autoridades de Estados Unidos. Obviamente no los dejaron solos. En el mejor estilo de cómo se hacen las cosas en Caracas, Wilmer Ruperti, un millonario naviero, amigo cercano de la pareja presidencial, con grandes negocios con el gobierno, puso al servicio de los muchachos a siete de los mejores abogados defensores de Nueva York, cada uno de los cuales factura 1.500 dólares la hora.

La estrategia de la defensa fue reforzar la tesis de la conspiración de la DEA para incriminar al gobierno de Venezuela. “Hubo un puñado de decisiones estúpidas de mi cliente y su primo que no equivalen a una conspiración criminal (…) Efraín y Franqui eran demasiado estúpidos y demasiado inexpertos (…) dijo el abogado John Zach en una de las primeras audiencias.

El andamio se les vino abajo en las audiencias posteriores cuando se oyeron nítidamente en la sala varias grabaciones de las charlas que los acusados sostuvieron con los agentes encubiertos que intervinieron en la negociación. Efraín Campo Flores, el más locuaz, dijo, nada menos, que el propósito de la operación era recolectar 11 millones de dólares para la campaña de su tía Cilia a la Asamblea Legislativa. “Yo tengo el control y el dominio de los aeropuertos en Venezuela” . “La carga saldrá desde el hangar del Presidente”, alardeó. Pero sobre todo confirmaron la existencia del “cartel de los soles” y hablaron de las relaciones del expresidente del legislativo, Diosdado Cabello, con el narcotráfico.

Novelesco, dramático, original, el episodio aporta al mundo grandes luces acerca de cómo están las cosas en Venezuela y hasta donde llegan los tentáculos del narcotráfico en ese país. Durante el juicio, Sandalio Gonzáles, el agente de la DEA encargado de la operación, ratificó que Bladimir Flores, militar, hermano de la Primera Dama y Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísitcas de Venezuela, fue quien organizó el encuentro de los narcosobrinos con un mafioso hondureño alias “El Sentado”, -también testigo cooperante-. Se llevaron a cabo el 4 de octubre y el 6 de noviembre de 2015 en Honduras y la DEA tiene registro sonoro y visual de las mismas.

En la investigación de los hechos se estableció que el avión privado en el cual se movilizaron hasta Haití pertenece a Marco Uzcátegui, suegro de uno de los detenidos, un próspero empresario "boliburgués". Y que el piloto fue Pedro Miguel Rodríguez, mayor de la Fuerza Aérea Venezolana.

El fiscal de la causa Quigley F. demostró por su parte que los narcosobrinos habían estado envueltos en otros negocios de droga y que ambos sabían que la coca objeto de esta operación estaba destinada a los Estados Unidos, lo cual los tiene ad portas de recibir -en marzo de 2017- una pena que puede ir desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

El caso aporta nuevos elementos a la DEA para avanzar en sus investigaciones contra altos oficiales del “cartel de los soles” como el que lleva un tribunal de Brooklyn, contra el actual Ministro del Interior, general y excomandante de la Guardia Nacional Venezolana, Néstor Reverol. El caso contra el general Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia, señalado de apoyar el narcotráfico de las Farc, -ya capturado en Aruba en 2014, pero liberado por tener pasaporte diplomático-. El exministro de defensa, general Henry Rangel Silva, hoy gobernador del estado Trujillo y contra el exministro del Interior y de Justicia Ramón Rodríguez Chacín, actual gobernador del estado Guárico, entre otros.

El tema tiene también la mayor trascendencia en Colombia porque en la grabación de una conversación con dos agentes encubiertos de la DEA en Caracas, el 23 de octubre de 2015, Campo Flores menciona que la droga que pretendían contrabandear provenía de las FARC. Él y su primo hablaron de un "comandante "de alto rango", una "persona muy seria". La DEA señala que Abdul Razzak Yañes, Mohamad Kalil, “El Gordo”, amigo de fiestas de los sobrinos Flores, fue el enlace con las Farc y que su testimonio habría sido fundamental, pero fue asesinado el 15 de octubre de 2015 en el estado de Miranda. Las Farc han eludido hablar de este y de cualquier otro tema relacionado con los narcosobrinos. En Colombia la agenda está en la suerte del acuerdo y en el gobierno de transición que propuso Timochenko. No es un momento políticamente correcto para hablar de las actividades non sanctas de los socios de la paz.

@germanmanga

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