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Opinión

  • | 2001/08/06 00:00

    Los nuevos códigos penales

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Durante los años 1999 y 2000, el Congreso de Colombia discutió y aprobó los nuevos Código Penal y de Procedimiento Penal los cuales entraron a regir en el pasado mes de julio. Durante su discusión, se tuvo noticia de seminarios y foros que se realizaron en recintos académicos, en los que se debatió la creación de algunos delitos nuevos, la disminución de algunas penas y, en general, el cambio no parcial de algunos artículos. La expedición de un cuerpo completo y diferente de códigos, que traerían consigo consecuencias inimaginables. Para muchos expedir estos códigos nuevamente, en lugar de reformar o ajustar los hasta ese momento existentes, necesitaba de un análisis más pausado y sereno que pudiera proyectar las consecuencias ocultas en los incisos y numerales.

También presenció el país el enfrentamiento institucional entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, lo que implicó que la responsabilidad sobre el debate legislativo de los códigos recayera sobre el Fiscal General. El Consejo de Política Criminal no fue consultado, los magistrados y jueces apenas se les preguntaron algunas cosas, el Consejo Superior de la Judicatura pasó de largo, y el gobierno después de aprobadas estas leyes resolvió objetarlas de manera extemporánea, queriendo trasladar al campo jurídico lo que ha debido discutir en el campo político. Una especie de venganza de mal gusto. En consecuencia, perdimos todos. Perdimos, porque sólo hasta el momento de su aplicación (julio 24 de 2001), las consecuencias no tardaron en aparecer. La lluvia de solicitudes de excarcelación arreció sobre fiscalías y juzgados, sin que nadie en el gobierno pudiera explicar lo que estaba sucediendo. No hay estadísticas, no hay proyecciones, y lo que es más grave, no se vislumbran correctivos o medidas de contingencia que permitan hacerle frente a una situación realmente preocupante.

Lo más notorio hasta el momento, y lo que debería atraer la atención de las autoridades, es la reagrupación de antiguos miembros de organizaciones criminales que habían sido desarticuladas meses atrás. El Ministerio de Justicia debe entonces convocar de emergencia el Consejo de Política Criminal en donde tienen asiento además los jueces, el Fiscal, la Policía, el DAS, el Inpec y el Congreso, para diseñar mecanismos que permitan hacer un eficaz seguimiento de estas personas para evitar que impunemente se vuelvan a articular en bandas de delincuentes. Todo parece indicar que estas organizaciones están volviendo a operar, como viene sucediendo en los últimos días, con el robo de automóviles.

Si se confirman las sospechas sobre esta situación sin que el gobierno actúe rápidamente, puede incluso el Estado volverse la víctima del problema, pues es por su falta de diligencia la que puede estar ocasionando graves perjuicios a la comunidad, y no sería raro entonces que llegaran las demandas contra la Nación. La lección se debe aprender: la falta de compromiso y coherencia de las autoridades, afecta de manera inmediata e incluso irreversible a la comunidad, y ella no tiene por qué soportarla.

Y para terminar y aunque parezca increíble, ya cursan en el Congreso nuevas reformas a estos códigos, muchas de ellas sacadas del sombrero mágico de algún congresista, para repetir de nuevo el triste espectáculo que en este escrito acabamos de mostrar. No hay derecho.



* Ex ministro de Justicia y del Derecho
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