Los nuevos ‘conspis’

Lo que sucedió la semana pasada con el llamado Plan Colombia rompió todos los límites de la incredulidad. Algunos liberales oficialistas, en ejercicio de una extraña versión de la oposición política, tomaron la decisión de atravesársele a la ayuda que el gobierno de Estados Unidos pretende enviarnos para combatir el narcotráfico y para otras inversiones de tipo social.

Incluso la senadora Piedad Córdoba (a quien personalmente aprecio y respeto) empacó maletas y viajó a Washington para encargarse de manera personal de desbaratar la ayuda, o en el mejor de los casos, para condicionarla a requisitos imposibles de cumplir. Sus otros dos compañeros de ‘periplo’, los senadores Viviane Morales y Amílkar Acosta, se corrieron a última hora, por cuenta de que el director del Partido Liberal, Luis Guillermo Vélez, en una especie de lavada de manos, los autorizó para que hicieran el viaje, pero advirtiéndoles que cualquier intervención sobre el tema del ‘Plan Colombia’ que hicieran sería a título personal.

En Washington, la senadora Piedad se encargó de poner a circular, con su firma y las de sus otros dos frustrados compañeros de viaje, un documento llamado Plan Colombia: El escalamiento del conflicto social y armado en Colombia. El argumento central del mismo consiste en que no se puede invertir plata en la lucha contra el narcotráfico sin que necesariamente se incremente la guerra, argumento que les cayó como anillo al dedo a las ONG y a los congresistas que temen que a través de esta ayuda, Estados Unidos quede enredado en Colombia en un conflicto parecido al de Vietnam.

Me puse en el trabajo de conseguirme los rubros en los que se pretende invertir los cerca de 8.000 millones de dólares que vale la ayuda de los gringos. Y concluyo que el disgusto que llevó al ministro Néstor Humberto Martínez a usar un calificativo de “apátridas”, que desde luego habría sido preferible no utilizar, porque con bautizarlos los ‘nuevos conspis’ habría sido suficiente, era totalmente justificado. Por mucho menos, el candidato derrotado Andrés Pastrana fue acusado por el gobierno de Ernesto Samper de “traidor a la patria”, por unas supuestas conversaciones que mantuvo con el senador Helms en unas reuniones que jamás se produjeron.

¿Es tan peligrosa como la creen los senadores Córdoba, Acosta y Morales, la ayuda que tan arduamente hemos trabajado para conseguir de Estados Unidos?

Según aparece en el documento, al rubro Política económica, se le invertirán 995,53 millones de dólares. ¿Con qué argumento se le atraviesa uno a la asistencia técnica para combatir el contrabando, o para ayudar a la recolección de impuestos? ¿O para desarrollar las importaciones de frutas y verduras? ¿O para implementar el programa de emergencia contra el desempleo?

En el rubro Democratización y desarrollo social, al que se le invertirán 1.637,93 millones de dólares, ¿con qué argumento se critica la ayuda para el desarrollo alternativo, para la protección ambiental, para fortalecer las finanzas locales y regionales, para la asistencia de los desplazados, para promover los derechos humanos, para modernizar la justicia, para mejorar la infraestructura carcelaria, y para fortalecer los mecanismos anticorrupción?

En el rubro Proceso de paz y diplomacia, ¿quién puede protestar porque Estados Unidos nos ayude con un fondo para apoyar las negociaciones o para sufragar la participación de la sociedad civil en el proceso de paz? (50,02 millones de dólares).

Pero supongo que lo que al trío de congresistas no les gusta es especialmente el rubro Lucha antinarcóticos, seguridad y cooperación judicial, al que se le tienen destinados 4.809,99 millones de dólares. ¿Por cuáles conceptos, textualmente? “Para apoyar los esfuerzos de las Fuerzas Militares en la lucha antidrogas a nivel nacional. Para restablecer la autoridad del gobierno en el Putumayo y el sur de Colombia. Para sufragar las operaciones militares en los Llanos Orientales, Magdalena Medio y Norte de Santander. Para incrementar la capacidad de interdicción marítima y fluvial de Colombia. Para apoyar los esfuerzos de la interdicción aérea. Y para apoyar la inteligencia militar”.

Por cuenta de lo anterior los firmantes del documento, Córdoba, Morales y Acosta, aseguran que “el escalamiento del conflicto social y armado en Colombia, consecuencia directa del ‘Plan Colombia’ no sólo afectará (¡impresionante!) a la insurgencia y al campesinado cocalero del Putumayo y Caquetá. La guerra contra la droga tendrá como de manera eufemística se llama en los conflictos modernos, efectos colaterales de gran magnitud en derechos humanos, empobrecimiento del país y deterioro del medio ambiente”.

Pretender que no se debe invertir dinero en la lucha antidrogas porque inevitablemente se está, por las razones antes expuestas, invirtiéndose simultáneamente en la lucha contra la subversión, es francamente un argumento postrador para Colombia. Que existan vasos comunicantes entre el narcotráfico y las Farc es lo que hace de esta guerra una tan sui generis, hasta el punto de que de no existir el primero probablemente habríamos logrado derrotar a las segundas, y viceversa.

Por otro lado, haber aceptado negociar con las Farc en medio del conflicto implica que una de las reglas del juego es que debemos conservar un Ejército fuerte para hacer la guerra mientras se hace la paz. Pero de ahí a convertir el argumento de los derechos humanos, como lo está haciendo la senadora Piedad Córdoba, en uno contra la lucha antinarcóticos es absolutamente inadmisible.



Entretanto... ¿Cuántas veces es capaz de citarse a sí mismo C. Ll. de la F. en el mismo día, en el mismo editorial?