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Opinión

  • | 2008/12/24 00:00

    Los nuevos jacobinos

    Varios quisieron quemar vivo al Procurador elegido por cuenta de su catolicismo al más puro estilo de Robespierre.

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La elección del nuevo Procurador dejó claro que en Colombia se puede emplear la hoguera por razones religiosas. Algunos columnistas, “analistas” y medios de comunicación erigidos en una nueva modalidad del inhumano Tribunal de la Santa Inquisición quisieron quemar vivo a uno de los candidatos por el pecado de ser un “extremista católico”, es decir, un católico practicante.

En su concepto era una herejía solo pensar que Alejandro Ordóñez estuviera al frente del Ministerio Público porque sus convicciones religiosas eran incompatibles con la defensa de los derechos humanos. Tal observación quiere sentar el precedente de veto a todo aquel que tenga firmes convicciones religiosas para ocupar cargos en las Cortes, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Presidencia de la República y, en general, en todas las demás instituciones que de una u otra forma tengan que ver con las libertades y garantías democráticas.

Hasta la justificación del voto que hizo el senador Gustavo Petro repite lo mismo: “Vimos que podíamos incidir y amortiguar los efectos perversos anunciados sobre la población que defendemos, mujeres y LGTB, por efecto de las creencias del nuevo Procurador”. En otras palabras, el argumento de la mayoría de la bancada del Polo Democrático para votar por Ordoñez fue el de impedir las consecuencias siniestras derivadas de sus creencias católicas o de lo que la misma carta califica de “fanatismo religioso”. Si esa es su opinión de Ordóñez, ¿no era más coherente votar por otro candidato o no participar de la elección? No es serio apoyar a quien se considera perverso y fanático.

En todo esto hay una gran equivocación y exceso de malevolencia. No se puede inferir que de las firmes convicciones religiosas, en este caso católicas, se tengan que derivar actuaciones perversas. Son prejuicios y demostraciones de animadversión respecto a quienes tienen uno u otro credo religioso. Son las mismas razones que inspiran las histéricas, excitadas y convulsivas columnas más propias del llamado “problema religioso del siglo XIX” que de una concepción auténticamente liberal, en la que se arropan hábilmente para lanzar descalificaciones. Con descomunal ignorancia confunden la demanda liberal de separación del Estado y la Iglesia, con separar del Estado a quienes profesan determinadas convicciones religiosas.

Resulta que a los ojos de estos nuevos jacobinos la guillotina debe aplicarse en Colombia a todas las aspiraciones a empleos públicos que tengan en el futuro musulmanes, cristianos, católicos y de otros credos que no solo de labios hacia afuera se reconozcan como tales, sino que vivan en consonancia con sus convicciones religiosas.
 
No es raro. En un mundo en que lo extraño es que haya coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace, quien defiende abiertamente sus creencias y ambiciona vivir conforme a ellas es un extremista.

Lo más curioso es que se dedicaron a ondear la bandera de los derechos humanos atropellando los de todas aquellas personas (¡fanáticos! dirán…) que en ejercicio de las libertades que garantiza la constitución son coherentes y consistentes con su religión, sea cual sea. ¡Qué todo el mundo quede notificado! ¡A partir de ahora hay que esconder las convicciones religiosas si se pretende llegar a un cargo público!

Tal actitud es una flagrante violación de los derechos humanos. Es una oda a la discriminación y una vuelta a los bárbaros criterios del pasado. Nada más antidemocrático que reprochar a los semejantes por sus creencias religiosas. ¿A dónde quieren llegar? ¿A satanizar a todo el que no comparte sus posiciones frente a la religión? ¿Será que estamos ad portas de una cruzada para que de la dirección del Estado se excluya a quienes viven conforme a un credo religioso?

Hay que darle un compás de espera al nuevo procurador. Ordóñez deberá actuar conforme a la reglas del Estado social de derecho, lo que supone que está sujeto a las facultades y obligaciones constitucionales y legales. Aún en temas como el aborto tendrá que atenerse a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Deberá garantizar que sus convicciones personales no alteren el buen funcionamiento de la Procuraduría y no olvidar que como funcionario debe actuar únicamente atendiendo a la ley. Si su conducta es otra, los ciudadanos estamos en todo el derecho de censurarlo.

No es conveniente para la democracia que discursos como los señalados hagan carrera y que recuerdan al Comité de Salud Pública, a cargo de Robespierre y Saint – Just, que buscaba aniquilar a los contrarrevolucionarios y “extirpar el fanatismo”, esto es, “la religión” de Francia. Los que con su actitud de discriminación, intolerancia religiosa e irrespeto a la libertad se las dan de “progresistas” demuestran que son realmente quienes están en el fondo de la caverna.

www.rafaelguarin.blogspot.com



*Rafael Guarín es abogado y estudia en el Doctorado en Análisis y Prevención del Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid.

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