Los pastorcitos mentirosos

¿Ha comprado medicamentos baratos en Colsubsidio o "pisciniado" en Cafam de Melgar? ¿Ya tomó un curso en el Sena o empleó a alguno de sus técnicos o cocineros? Si no lo ha hecho, lo mejor es que se apure porque éstos y muchos otros beneficios pasarán a ser historia si tiene eco la reciente propuesta de eliminar los aportes empresariales a las cajas de compensación, el Sena y el Bienestar Familiar.

La propuesta viene nada menos que de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y las razones son bien conocidas porque son las mismas que éste y otros gremios invocan por estos días en todo tipo de debate, sin importar si el tema es el TLC, la violencia, la cultura, las políticas sociales o el medio ambiente. La primera palabra clave del conocido argumento es "competitividad": si las compañías ayudan a pagar la recreación o la formación de sus empleados -o las pensiones o las cesantías, o los costos de la guerra o cualquier bien público-, estaríamos quedándonos por fuera de la carrera global por la inversión extranjera. Pero, como la competitividad no es un asunto que trasnoche al ciudadano promedio, aparece de inmediato la segunda palabra clave: "empleo". Si no se eliminan los impuestos a la nómina, nos dice la Anif, las empresas van a seguir sin crear puestos de trabajo o van a eludir esos impuestos mediante la subcontratación o el empleo informal.  

¿Significa esto que la Anif recomienda acabar con los supermercados de Cafam, los electricistas del Sena y los orfanatos del Icbf? No: lo que pide es que sea el Estado, en lugar de los empresarios, el que pague los cuatro billones de pesos que valen al año estos programas. Aquí es donde se hacen evidentes las contradicciones de la propuesta. ¿No son los mismos gremios los que le piden al Estado no asumir más cargas y apretarse el cinturón en el gasto? Como por arte de magia, parece haber desaparecido la bomba de tiempo fiscal que invocaban hace apenas un par de semanas para apoyar la reforma pensional. A menos que la Anif esté proponiendo que para pagar los cuatro billones, el Estado aumente los impuestos. Pero no -y aquí se cierra el círculo del argumento-, porque recuerden que los impuestos atentan contra el bien supremo de la competitividad. ¿Y no son los mismos gremios los que advierten que, para competir dentro de un posible TLC, el factor clave es el aumento del capital humano mediante la formación profesional y técnica de los trabajadores? Se le olvida a la Anif que en Colombia esta última función viene cumpliéndola, entre otros, el Sena, y que el objetivo de la competitividad internacional requeriría fortalecerlo y hacerlo más eficiente, antes que dejarlo sin fondos.

Lo que está en juego no es poca cosa. No se trata de servicios aislados que benefician a un exclusivo club de trabajadores. Hay que recordar, por ejemplo, que el 90% de los afiliados a las cajas gana menos de dos salarios mínimos. Además, los precios bajos de los supermercados y las droguerías están disponibles para todos los consumidores, y los cursos del Sena están abiertos al público. Pero, más allá de estos efectos individuales, las instituciones que la Anif quiere endosarle al gobierno tienen efectos sociales fundamentales. En una sociedad profundamente clasista como la colombiana, donde están segregados por clase social todos los detalles de la vida -desde las formas de vestir y hablar hasta los barrios, los colegios y las universidades, los sitios de vacaciones, la calidad de los servicios públicos y privados, etc.-, las cajas de compensación y el Sena son responsables de algunos de los poquísimos espacios de coexistencia y movilidad sociales. Basta pensar en el espectáculo único de la convivencia de profesionales con señoras del tinto y mensajeros en los veraneaderos de Colsubsidio, o los casos excepcionales de los bachilleres sin plata o los profesionales sin empleo que, en lugar de unirse a las huestes de taxistas, ascienden socialmente gracias a la educación técnica del Sena.

Se me dirá que no hay de qué preocuparse: que la idea no es eliminar los aportes sino que los pague el Estado, que se trata de una propuesta aislada, y que el gobierno hará oídos sordos a una recomendación tan contradictoria como impopular. Yo no estaría tan seguro de ninguna de las tres cosas. En cuanto a lo primero, la estatización de los aportes sería sólo un paso intermedio hacia su eliminación, como lo saben bien quienes la proponen. Como lo ha mostrado el economista Paul Krugman en sus columnas del New York Times contra la reforma pensional en Estados Unidos, una estrategia común para desmontar los programas sociales consiste en provocar la crisis financiera del sistema existente, para luego alegar que no queda otro camino que la eliminación de los beneficios. Si el Estado colombiano, ya endeudado hasta el cuello, asume la cuenta de los aportes mencionados, en apenas un par de años veríamos a la misma Anif y a otros gremios y analistas reclamando a viva voz que semejante carga es insostenible y que, por tanto, hay que eliminar la financiación a las cajas, al Sena y al Icbf.

Tampoco se trata de una propuesta aislada. La idea se une a muchas otras que se han convertido en ley durante el actual gobierno, todas sustentadas en la manida promesa del aumento de la competitividad y la creación de empleo. Con la misma promesa se "flexibilizaron" las leyes laborales en 2002, se acaba de aprobar una controvertida ley que protege a los inversionistas extranjeros contra los cambios en las regulaciones nacionales, y se va a presentar una reforma tributaria que disminuye los impuestos a los empresarios para pasárselos al ciudadano común a través del IVA. El problema es que, como mostró un estudio del Banco Mundial y la Universidad de Los Andes sobre la reforma de 2002, los nuevos empleos no se ven por ningún lado. De allí que el cuento de los empresarios que se han ahorrado los costos laborales pero no han creado puestos -y el de los analistas que sugieren nuevas reformas para, esta vez sí, disminuir el desempleo- se parece cada vez más al del pastorcito mentiroso.

Pero es muy posible que a los gremios les vaya mejor que al pastorcito de la historia. Porque aunque muchos colombianos comienzan a sospechar del cuento y ven que hacia allá va la propuesta de la Anif, otra cosa es lo que puede pensar el gobierno. Al fin y al cabo, uno de sus pilares es el apoyo empresarial, traducido en participación directa en ministerios, consejerías y otros altos niveles del Estado, para no hablar de la generosa financiación a la campaña reeleccionista. Así que no nos sorprendamos si el pastorcito se sale con la suya una vez más. 

*Profesor de la Universidad de Los Andes y miembro fundador de DJS.

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DJS) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.