Presos de la ONU

En las ciencias sociales se habla mucho de la ley de consecuencias no anticipadas. Según el sociólogo estadounidense Robert K. Merton, una de las causas de este fenómeno es la “imperiosa inmediatez del interés”. En síntesis, es cuando la persona espera tanto el resultado de una acción que opta por ignorar las secuelas no deseadas de la misma. Minimiza el potencial impacto de largo plazo por satisfacer una necesidad de hoy. Eso le está ocurriendo al gobierno con su afán de buscar la verificación de un eventual cese al fuego bilateral con las FARC. Ha decidido pedirle al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que apruebe una resolución autorizando el envío de una misión que se encargue de garantizar que no se presenten enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla.

El gobierno considera que es el camino más expedito -una decisión del Consejo es de inmediato y obligatorio cumplimiento- y beneficioso a nivel económico; hay presupuesto para su implementación. Y así se resolvería el meollo de la verificación.

Según la embajadora ante la ONU, María Emma Mejía, la resolución será diseñada por Colombia, “como base del trabajo que recogerá el Consejo de Seguridad tomando en cuenta el respeto al hecho de no haber sido impuesta por ajenos, sino libremente pactada entre las partes, como una medida de confianza mutua”. La realidad es otra. Más que un diálogo entre pares, Colombia se someterá a un proceso similar a una negociación de rebaja de penas con 15 magistrados de la justicia.

Para empezar, al no ser miembro del Consejo, sólo nos permitirán sugerir un texto, como lo hacen los abogados defensores por sus sindicados. Como ocurre con todos los tribunales, nuestra voz no será la única escuchada. Otros testigos tendrán derecho de exigir que sus pretensiones sean incluidas. Como cualquier acusado, podremos alegar nuestra buena conducta, resaltar que acudimos voluntariamente y esperar que ello se traduzca en clemencia cuando el Consejo se reúna a puertas cerradas para decidir nuestro destino. Sin voto, quedaremos a la merced de la buena fe de unos terceros que si bien a labios para fuera apoyan el proceso, también tienen sus intereses.

Las resoluciones en el Consejo son como proyectos de ley en el Congreso; reflejan las predilecciones particulares de los miembros y se nutren de “micos”. En la ONU, los mayores grupos de presión son sus propias agencias. Todos quieren un pedazo. En las discusiones preliminares de la resolución sobre Colombia, ya varias han sacados sus garras. No es para menos. En el país conviven tantas que parecemos la sede alterna de las Naciones Unidas. La sopa de letras incluye ONUDI, UNMAS, UNODC, UNDSS, UNESCO, OCHA, UNV, UNOPS, UNFPA, PNUD, PMA, OACNUDH, ACNUR, FAO, ONU MUJERES y OIM. Me cuentan que relatores especiales como los de Tortura y Mujeres – entre otros- también están exigiendo su presencia permanente en el país.

Soy el primero en reconocer que muchas de esas entidades han aportado al desarrollo y la convivencia de los colombianos. Pero en momentos en que estamos por fin emergiendo de 50 años de conflicto, deberíamos estar preparando su plan de salida y no de bienvenida.

Ha sido un pilar de la política exterior colombiana evitar a toda costa formar parte de la agenda del Consejo de Seguridad, aun cuando hemos sido miembros. No somos los únicos: nadie quiere ser agrupado con estados fallidos y las crisis que amenazan la seguridad internacional, los asuntos a los cuales tienden a ocuparse las cinco potencias (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia) que manejan el Consejo a su antojo. Este giro de 180 grados –impulsado por la angustia de cumplir los plazos de La Habana- es un salto al vacío (por eso hay tanto malestar en sectores de la Cancillería y en otras esferas de la diplomacia colombiana).

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