Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2008/02/23 00:00

Los peligros de la marcha del 6

Para decirlo sin pelos en la lengua, protestar contra el uso de las armas por el Estado es marchar a favor de la guerrilla.

Los peligros de la marcha del 6

La marcha del 6 de marzo será un fiasco. Si fueron millones los que el 4 de febrero salieron a las calles del país y en un centenar de ciudades alrededor del mundo, en la de marzo habrá unos pocos miles protestando. Las razones del fracaso son varias.

La primera es el objeto mismo de la convocatoria. La del 4F fue precisa, clara y actual: contra las Farc y contra el secuestro. En esta ocasión, la razón de ser es confusa y equívoca. Por un lado, los organizadores sugieren que los delitos de los paramilitares son atribuibles al Estado mismo. No hay duda de que en Colombia hubo complicidad y en algunos casos colaboración abierta con los paras por parte de ciertos funcionarios públicos. Pero mucho va de eso a sostener que los delitos de los paras son crímenes de Estado, como lo hacen los convocantes. Me niego de plano a aceptar que el Estado colombiano sea un Estado criminal, que es la consecuencia que se desprende de aceptar la tesis sobre los crímenes de Estado. El comportamiento delincuencial de algunos no se puede extender de manera que se estigmatice todo el Estado. ¿Sabrán acaso los convocantes que su posición es la misma que la de la guerrilla, que le niega toda legitimidad al Estado y lo tacha también de criminal y con ello pretende justificar su acción violenta?

Incurren además los organizadores en otro error, al meter en el mismo saco los delitos de los paras y los cometidos por la Fuerza Pública. Al hacerlo, transforman a las Fuerzas Militares y la Policía en otra facción de asesinos, equiparable a los primeros. Esa afirmación, por supuesto, no sólo es falsa, sino injusta. Y también tiene el efecto perverso de contribuir a la causa de deslegitimación del Estado en que están empeñadas las Farc.

El resultado de semejantes confusiones sería, de tener éxito la protesta, que en el exterior se llegara al convencimiento de que la sociedad colombiana considera que, además de las Farc, repudiadas en febrero, el Estado es también un grupo criminal, rechazado en marzo, y que el nuestro es un país habitado por una horda de bandidos de todos los pelambres. Para rematar, se daría la sensación de un "Estado fallido" y se prepararía el terreno para emprenderla contra Colombia en los tribunales internacionales.

El segundo problema está en los convocantes mismos. Creo en la buena fe de Iván Cepeda, a quien siempre he oído expresarse en contra de la violencia, sin importar su origen. Pero a Iván se le han sumado algunos cuyo comportamiento reciente está lejísimos de la transparencia y, más aun, es francamente sospechoso. Ahí están, por ejemplo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión de Justicia y Paz, tres ONG que se negaron pública y abiertamente a marchar el pasado 4. Más vergonzosa fue la posición del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que no tuvo reparo en afirmar que la marcha alimentaba "la histeria fascista" y que "era una manipulación del dolor de las víctimas". La CUT Bogotá agregó que la protesta era "una jugada sucia" y un "engaño al pueblo". Todos ellos no sólo empujan la marcha del 6, sino que están entre sus principales organizadores. ¿Por qué negarse antes a marchar contra las Farc y en cambio ahora sí hacerlo contra los paras y los "crímenes de Estado"? No creo que haya inocencia en que se hayan opuesto a la protesta contra las Farc y en cambio hoy pretendan que se marche contra el "Estado criminal".

Para rematar, ahora sí el Polo se suma a la protesta, esta vez sin dudas ni medias tintas, y alega que se debe marchar "contra la guerra". Excepto los violentos mismos y sus simpatizantes, todos los colombianos estamos hartos de la violencia. Pero cosa muy distinta es sugerir, como hace el Polo, que hay que protestar contra el ejercicio legítimo de la fuerza sobre esos violentos. A esa "guerra", la del Estado a través de su Fuerza Pública, no sólo no debemos oponernos, sino que merece nuestro apoyo. Renunciar a ella es dejar al país a merced de los bandidos, de aquellos que, por las razones que sea, deciden que el mejor camino para conseguir sus objetivos, políticos o no, es la violencia. Para decirlo sin pelos en la lengua, protestar contra el uso de las armas por el Estado es marchar a favor de la guerrilla.

Por todo ello, intuyo, la sociedad colombiana no saldrá en apoyo de los mamertos y los sectarios. Contra los paras, por supuesto. Contra el Estado, ni de riesgos.

Puntilla: para que no me acusen de guerrerista, digo de nuevo que el uso de la fuerza por el Estado sólo se debe realizar con respeto pleno del Derecho Internacional Humanitario. Y que no se trata de aniquilar a los violentos, sino de obligarlos a un proceso de paz irreversible y serio.

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