Los policías detrás de los "jíbaros"

En las calles de las grandes ciudades del país la venta de cocaína, heroína, marihuana y éxtasis se ha incrementado exponencialmente, involucrando cada vez a más jóvenes, tanto en el consumo como en las redes de distribución y expendio. Varias son las razones que explican este fenómeno: mayor demanda de los consumidores, sobreoferta en el mercado como resultado de la imposibilidad de exportarla a otros países, altos índices de deserción escolar y profundización de la pobreza, entre otros.

Las variaciones en el comercio de sustancias alucinógenas ilegales han llevado a modificar la estrategia de lucha contra este delito. Ahora se atacarán las redes urbanas que las distribuyen en las grandes ciudades del país, según lo anunció en días pasados el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo.

No obstante, esta estrategia podría perder la eficacia si a ella no se integran dos componentes claves para contrarrestar los efectos de las mafias que están detrás de este negocio: depuración de la Fuerza Pública y persecución a los dineros ilegales que se legalizan a través de múltiples circuitos financieros.

La distribución y venta de narcóticos ilegales en las ciudades implica tener fuertes dispositivos de seguridad y control que exigen tanto estructuras legales como ilegales para proteger el negocio. Por ello no es un mito urbano que integrantes de la fuerza policial se benefician económicamente de ello. Su papel no es otro que el de “dejar trabajar”, es decir, permitir que tal actividad “comercial” fluya sin mayores obstáculos.

La rentabilidad criminal que se logra con este negocio ilegal es tan alta que requiere irrigar dineros entre agentes de la Policía, quienes, de manera ilegal y violando los preceptos de la institución que representan, prestan servicios de protección no sólo a la “plaza de vicio”, lugar de expendio de los narcóticos ilegales, sino a sus dueños, conocidos coloquialmente como “jíbaros”.

Sin que se haya revelado la metodología aplicada para establecer esas cifras, el año pasado se estableció que en Medellín operaban 724 “plazas de vicio” cuyas ventas mensuales alcanzaban los 10 mil millones de pesos, es decir 120 mil millones de pesos al año. No hay comuna de la ciudad ni corregimiento que no posea un lugar de expendio de drogas ilegales. Desde los estratos más bajos hasta los más altos tienen su propio “distribuidor”.

¿Cómo funcionan? Pues con la garantía de que algunos agentes de la Fuerza Pública no “molestarán”, dado que ya han “recibido lo suyo”. Se calcula que un expendedor de droga callejero le da a un agente de policía, semanalmente, entre 200 y 300 mil pesos para que “lo deje trabajar”.

Pero así como el “jíbaro” tiene al policía del barrio detrás, no para perseguirlo sino para protegerlo, los responsables de la cadena de distribución también deben garantizar que sus “productos” lleguen sin obstáculos a los “sitios de venta”. No es lo mismo “pagar” por proteger una “plaza de vicio” que por un cargamento que viene del Bajo Cauca, el Norte o el Oriente de Antioquia, donde están los principales centros de producción de la cocaína. En esa escala del negocio las garantías de protección ofrecidas por algunos miembros de la Fuerza Pública son más exigentes, por lo que se requiere mucho más dinero para “evitar problemas”.

En ese sentido, el reto del general Naranjo no es fácil. Las redes de distribución de alcaloides ilegales tienen en su estructura un componente de corrupción bastante complejo que deberá enfrentarse por lo menos de dos maneras: depurando la institución policial en algunas ciudades del país y creando una mentalidad anticorrupción que blinde a los agentes de la tentación del llamado “dinero fácil”.

Ahora, no sólo algunos agentes de la Fuerza Pública se vinculan al narcotráfico, también existen amplios sectores sociales y económicos que participan del ilícito, facilitando la circulación del dinero. De Ahí que el segundo reto del alto oficial sea estructurar en su estrategia mecanismos para perseguir eficazmente el lavado de dinero proveniente de estas redes de distribución urbana.

Si se toma como referencia el valor calculado de 10 mil millones de pesos que se mueven mensualmente en Medellín, es claro que tanto dinero irriga no sólo circuitos ilegales sino circuitos legales que “lavan” la rentabilidad criminal a través de negocios como la compraventa de automóviles, motocicletas y bienes raíces, servicios de seguridad, apuestas, transportes, restaurantes, bares, discotecas, hoteles y obras de arte.

Si bien se propone un ataque frontal al “lavado” de dinero, es necesario aceptar que esa circulación de recursos proveniente del narcotráfico ha cogido tanta ventaja que su intervención tendrá que ser cuidadosa para prevenir graves problemas sociales. Para tener una dimensión del asunto basta preguntarse qué pasaría si a Medellín se le sacan de circulación los 120 mil millones de pesos que al parecer se produjeron por ventas de drogas ilegales el año pasado. Los efectos económicos serían imprevisibles.

De ahí que lo propuesto por el general Naranjo se deba complementar con políticas sociales que integren a amplios sectores de la sociedad a la legalidad. De lo contrario, la rentabilidad criminal del negocio del narcotráfico no se afectará sustancialmente.

Si bien el país se prepara para una nueva fase de ataque al narcotráfico, esta vez con mayor ahínco en las ciudades, también es cierto que una vez hecho el anuncio las redes mafiosas intentarán responder a esa estrategia recurriendo a su creatividad criminal para proteger el lucrativo negocio de la producción y venta de alucinógenos ilegales, lo que obviamente encarecerá los servicios de protección y aumentará los niveles de corrupción. A los “jíbaros” les costará más pagarle a sus policías. ¿Habrá alguna manera de romper ese círculo vicioso?

(*) Periodista y docente universitario