Tenemos problemas serios, señores

Son muchos los problemas serios que tiene el país. El PIB del  2017 fue del 1,8 por ciento. Este año, 2018,  será apenas del 2 por ciento y para el  2019 se prevé un 2,5 por ciento según los pesimistas y 2,8 por ciento según los optimistas.

Simultáneamente somos el segundo país más inequitativo de América Latina y desigual, después de Haití. Nuestra burocracia es más ineficiente que la de cualquier país con la que se le compare, porque no es profesionalizada, no ingresa por mérito al servicio público, porque su estabilidad en el empleo no depende de la ley y de las instituciones en aproximadamente el 70 por ciento de los casos, sino del apoyo del respectivo padrino político. Su superior jerárquico no es el que dice la ley sino “el hombre de la palanca”.

No progresamos en materia de productividad pues tenemos el mismo índice desde hace décadas. Somos incapaces de competir ventajosamente con muchos de nuestros productos industriales y agrícolas en el interior de nuestro territorio y con mayor razón no competimos en el exterior. Algunos viven de los subsidios como es el caso de los arroceros, que acaban de recibir el año pasado 16.800.000.000 de pesos de subsidio, según la Resolución no.276/17 del Ministerio de Agricultura que en lo pertinente dice: “Artículo 2. Valor máximo del programa de apoyo a la comercialización. El valor máximo del programa de apoyo a la comercialización que establece la presente resolución es de hasta DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE($16.800.000.000) que se distribuirán nacionalmente”… Felices quienes reciben semejantes regalos del Estado por cuenta de nosotros los contribuyentes.

Se imaginan ¿cuánto le serviría esta inyección de dinero a la Universidad Nacional, por ejemplo, o a cualesquiera de las otras universidades públicas? ¿Cuántos niños podrían ser adecuadamente nutridos con ese dinero evitando la agobiante mortalidad infantil? ¿Cuántos acueductos podrían haberse construido en el Chocó, en la costa Pacífica, en el litoral Caribe o en el Cauca o Nariño?

Cuenta Vargas Llosa en su autobiografía intelectual La llamada de la tribu, próximo a ver la luz pública en la Feria del Libro de Bogotá en abril: “El gobierno de Margaret Thatcher (1979-1990) significó una revolución, hecha dentro de la más estricta legalidad. Las industrias estatizadas fueron privatizadas y las empresas británicas dejaron de recibir subsidios y fueron obligadas a modernizarse y competir en un mercado libre”… (El Espectador, febrero 25/2018, p.33) (Negrillas, mías) Es lo que necesitamos hacer en Colombia. Modernizar nuestro aparato productivo industrial, agrícola  y  agrícola-industrial y lanzarlo a “competir en un mercado libre”. Incorporar  las últimas tecnologías al proceso productivo, seleccionar qué productos pueden ser competitivos en el exterior y en el interior, y tratándose de productos agrícolas cuál es la mejor semilla.

Mientras sigamos subsidiando o creando exenciones a la ineficiencia, no podremos competir en el exterior y ni siquiera en el interior del país. Y nunca alcanzará el presupuesto para el adecuado gasto social en procura de acabar con la pobreza y la pobreza extrema, si seguimos con la política de exenciones y subsidios, en lugar de seguir el ejemplo de Margaret Thatcher en el Reino Unido.

Y hablando de política agrícola, el Acuerdo con las Farc dice en el primer capítulo titulado  ‘Reforma Rural Integral‘:

“Desarrollo integral del campo: el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes -agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala-; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones de equidad, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento”.

A propósito, vale la pena estudiar una experiencia que se lleva a cabo en México, de cooperación entre la gran propiedad agrícola y las pequeñas pertenecientes a muchos campesinos propietarios de fundos. Se crea una empresa de la cual son socios todos quienes quieran pertenecer a ella, con un número de acciones proporcional al valor de su parcela.

Los campesinos aportan su tierra y si quieren, también su trabajo, y los promotores de la empresa se reservan la administración y la selección de las semillas. El resultado ha sido tan espectacular para todos que los campesinos que en un principio no quisieron ingresar a esos proyectos, al poco tiempo se incorporaron a ellos. Los resultados económicos y sociales son un éxito sorprendente. Seguramente se pueden articular distintas modalidades alrededor de esta idea central de cooperación y solidaridad entre empresarios de distinto tamaño.

Y en medio del panorama económico que he descrito, ahora nos proponen una distracción de carácter cosmético que nos costará un billón de pesos: Quitarles unos  ceros a los billetes como si estuviéramos agobiados por una hiperinflación. Tampoco sirve la medida para combatir las caletas supuestamente repletas de billetes pues habrá un periodo de gracia, que de existir realmente las dichas caletas repletas de dinero, será aprovechado por sus propietarios para convertirlos a los nuevos billetes. Lo harán, porque no son bobos, en cantidades inferiores a 10 millones de pesos utilizando a un mundo de gentes, pues es a partir de esta cifra que los bancos tienen la obligación de remitir la información a la UIAF. ¡Por Dios!, un poco de seriedad no le hace daño a nadie y nos ahorra una platica.  

Constituyente 91*