Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2009/06/17 00:00

Los reinsertados de Medellín y la ‘donbernabilidad’

Al programa de reintegración de los paramilitares desmovilizados que desarrolló la Alcaldía no se le puede achacar más de lo que le corresponde.

María Victoria Llorente

Se ha vuelto un lugar común relacionar la creciente ola de violencia que viene sacudiendo a la ciudad de Medellín con fallas en el modelo de reinserción implementado desde la alcaldía de Sergio Fajardo. Se ha dicho hasta la saciedad -y lo retoma María Jimena Duzán en su columna de Semana de hace ocho días- que este modelo estuvo montado sobre una gran farsa, la “donbernabilidad”, con la cual se logró una reducción radical pero artificial de la violencia en la ciudad.

Como un subproducto de lo anterior, también se ha insistido en que el programa de reinserción de la Alcaldía de Medellín fue, al menos en sus primeros años, muy permisivo con el juego poco transparente de los paras excombatientes. De ahí, sin mayor fórmula de evaluación, se deduce que la actual situación de seguridad de Medellín no solamente resulta del modelo de reintegración desarrollado por la Alcaldía, sino que también demuestra el fracaso del mismo en asegurar el tránsito a la legalidad de estos desmovilizados y en últimas, pacificar a esta ciudad que por años fue de lejos la más violenta del país.

Esta línea de argumentación tiene por lo menos dos problemas de fondo. La primera es que confunde al programa de reintegración con una política para reducir la violencia homicida. Evidentemente en un país en conflicto, los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) son parte clave de una estrategia para disminuir los índices de violencia; pero ésta no se agota en aquellos. Además, las iniciativas de DDR tienen objetivos que van mucho más allá de la disminución de la violencia.

Aún cuando sería absurdo sostener que la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (BCN) y el consecuente programa de reintegración de la Alcaldía no tuvieron ningún efecto en las tasas de homicidio de la ciudad, tampoco es fácil precisar el efecto neto de ambos eventos en la violencia homicida.
 
En un estudio adelantado por la Fundación Ideas para la Paz en asocio con investigadores del John Jay College of Criminal Justice de la Universidad de Nueva York, se demuestra que la caída radical de los homicidios en Medellín que empieza en el 2003, o sea un año antes de la desmovilización y de iniciarse la administración de Fajardo, se explica principalmente por el cese al fuego declarado por las AUC en diciembre de 2002.
 
Así mismo, se confirma el impacto de la Operación Orión realizada conjuntamente por el Ejército y la Policía con apoyo del DAS y la Fiscalía en la Comuna 13 en octubre de 2002.
Entre tanto, la desmovilización del BCN, que se concretó a partir del Acuerdo de la Ceja sellado entre el Gobierno Nacional y los representantes del BCN en diciembre del 2003, no tuvo un impacto significativo en dicha caída.

Así, el quiebre en la tendencia ascendente de los homicidios en Medellín se explicaría, de un lado, por la consolidación del control estatal/paramilitar producto de la Operación Orión, y del otro, por la correlativa voluntad de los paramilitares de participar en el proceso de paz con el gobierno de Alvaro Uribe, manifestada a través del cese al fuego unilateral.

En cuanto a la incidencia del programa de reintegración se podría decir que primero, le dio sostenibilidad a la decisión de los bloques paramilitares de no utilizar la violencia en general y la homicida en particular, como mecanismo para lograr objetivos políticos, económicos y sociales.

Segundo, le proporcionó y le sigue proporcionando sustento a la intención estatal (nacional y municipal) de sustraer o intentar sustraer de la guerra, la confrontación violenta y la ilegalidad a la nada despreciable cifra de 3.700 excombatientes paramilitares (de 4.300 que se desmovilizaron) que están activos actualmente en el programa de reintegración de Medellín.

El segundo problema que tiene la argumentación que se ha venido montando entorno al programa de reintegración de Medellín y la violencia en la ciudad, es que supone que el Alcalde tiene gran poder o al menos mucho más del que realmente ostenta, de desarrollar iniciativas para confrontar los problemas de seguridad.
 
Sin duda en Colombia los alcaldes tienen responsabilidades frente al manejo de la seguridad en sus jurisdicciones, pero sus posibilidades son limitadas sobre todo por el carácter nacional de la Policía y la Justicia que cumplen funciones clave en este campo.
 
Las posibilidades se estrechan aún más bajo condiciones de inseguridad extremas como las que ha vivido Medellín.

Según lo concluye el investigador Jorge Giraldo Ramírez del Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT, hay una correlación directa entre violencia homicida en Medellín y la dinámica del conflicto armado . Dentro de este tipo de contextos cercanos a la guerra o de guerra, la primacía la tiene el poder nacional sin que ello signifique que el Alcalde se quede cruzado de brazos.

El caso de Medellín en los últimos años ha sido un buen ejemplo del tipo de estrategias que, en cumplimiento de su responsabilidad, puede desplegar la autoridad local bajo estas condiciones. Pero pretender que dichas estrategias por sí solas revierten y contienen la situación de inseguridad es iluso.
 
Sin duda la propia alcaldía de Medellín estando en los gloriosos, cuando la tasa de homicidios se desplomaba, se encargó de promover esta idea. Poco importa ya quien es el culpable de que se haya difundido tal confusión, el hecho es que está ahí y que nubla cualquier aproximación a la experiencia de Medellín en materia de reintegración de excombatientes.

A partir de otro estudio sobre el programa de reintegración en Medellín que adelantamos el año pasado en la Fundación Ideas para la Paz, obtuvimos una conclusión menos pesimista y quizás más ponderada respecto del mismo . Por un lado, reconocemos la capacidad de innovación y adaptación del programa para avanzar en la no fácil tarea de reintegrar a la economía, a la familia y a las comunidades a poco menos de 4 mil desmovilizados colectivos.
 
Por otro lado, planteamos el alcance limitado del programa frente a la violencia homicida y a las condiciones más amplias de seguridad ciudadana en Medellín. Además, identificamos las sombras que hay en torno al proceso de DDR en Medellín, las cuales en gran medida se escapan al alcance del programa y tienen que ver con políticas macro de seguridad que involucran al poder nacional. En fin, al programa de reintegración de Medellín hay que evaluarlo por sus objetivos y acciones y no por lo que no es, ni puede ser.



*María Victoria Llorente es directora de la Fundación Ideas para la Paz

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