Martes, 17 de enero de 2017

| 2009/02/19 00:00

Los rentables odios del Presidente

Al monólogo oficial de la intolerancia, hay que oponer verdad e inteligencia. Son mis reflexiones a propósito de la liberación de Alan Jara.

Los rentables odios del Presidente

Han causado molestia en sectores de la opinión afectos al uribismo, tres afirmaciones de Alan Jara realizadas en la rueda de prensa luego de su liberación.
 
La primera, refiriéndose a los secuestrados y al desdén del Presidente por la posibilidad de un intercambio humanitario, expresada con estas palabras: “siento que Uribe no hizo nada por la liberación de nosotros”.
 
La segunda, que desde su experiencia y su conocimiento del fenómeno sobre el terreno en su calidad de secuestrado, la guerrilla no está derrotada.
 
La tercera tesis es que Uribe necesita de las Farc como ellas necesitan de Uribe.

El presidente Uribe, -a quien le encantan los shows mediáticos, pero muy poco aquellos donde otras voces rompan o cuestionen su discurso monológico-, seguramente informado por sus asistentes del brillante despliegue narrativo hecho por el ex-gobernador del Meta en su rueda de prensa, no podía quedarse atrás, y decidió viajar hacia el final de la tarde a Villavicencio a saludar al recién liberado, para poder, al menos, ser co-protagonista del suceso del día.
 
Inmediatamente después de salir de casa del ex-gobernador, a las 11:00 de la noche de ese martes 3 de febrero, ante los micrófonos y cámaras de la prensa nacional e internacional, dio una rueda de prensa, en parte concebida para contrarrestar la influencia de la versátil y amena exposición de Jara, cargada además de un gran sentido del humor.

Sobre el intercambio humanitario, ante el cual la astucia retórica del gobierno propone, juntando lo que no es juntable, un “cerco humanitario”, hay que decir que Uribe le teme al intercambio humanitario porque su aceptación erosiona su tesis ideológica y construida contra la realidad de los hechos, de que en Colombia no hay un conflicto armado, sino una amenaza terrorista.
 
Esa tesis le permite al Presidente cultivar su imagen de un hombre intransigente ante las Farc y del “hombre con pantalones” que el país necesita, que seduce hoy a amplios grupos y clases sociales en Colombia. Estos grupos, llevados de sus sentimientos y pasiones, poco reparan en los riesgos para la democracia y su régimen de controles y balances, de esas entregas totales a los líderes salvíficos, que en la historia reciente de América Latina han producido experiencias autoritarias de uniformización ideológica, de soborno a los medios y al periodismo y de intimidación y acallamiento de las voces disidentes u opositoras, como la de Fujimori, de la cual no está muy lejos la actual situación política colombiana, si seguimos como vamos.

En torno a la apreciación de Jara de que las Farc no están derrotadas, considero que es sano y necesario en este momento que el país conozca la situación real del conflicto armado a través del análisis juicioso de los hechos y no de la propaganda gubernamental o la de los medios. La gran mayoría de los colombianos se ha informado acerca de las Farc durante 2008, un año de indudables éxitos militares del Estado contra esa organización, por los espectaculares golpes propinados contra ellas, y fundamentalmente por los noticieros televisivos y la propaganda gubernamental de sus éxitos, amplificada muchas veces acríticamente desde los informativos.
 
El manejo mediático del ataque contra el campamento de “Raúl Reyes” en Ecuador, de la crisis colombo-ecuatoriana desatada por esa acción militar, de la consecuente cumbre latinoamericana en Santo Domingo, así como de la Operación Jaque, para no hablar de la celebración de la independencia el pasado 20 de julio, constituyeron una apoteosis nacionalista sin precedentes en la historia reciente del país. Los medios de comunicación y sobre todo la televisión, sucumbieron o se plegaron interesadamente, ante el fervor nacionalista que se mezcló íntimamente con el apoyo al Presidente.

Simultáneamente, se promovió en esos días una actitud de logro de resultados contra las Farc a cualquier precio y por cualquier medio, rompiendo una línea de conducta en política exterior tradicionalmente respetuosa de la integridad territorial de los vecinos, y justificando la violación de normas básicas del derecho internacional humanitario en el caso del uso del logo de la Cruz Roja en la Operación Jaque. ¿Con qué ética podría cuestionar hoy el gobierno colombiano que Alan Jara haya sido secuestrado por las Farc en julio de 2001, bajándolo de un vehículo con signos distintivos de Naciones Unidas, si el Estado viola las normas del derecho internacional humanitario?
 
La frase del asesor presidencial José Obdulio Gaviria “En la lucha contra la delincuencia, el engaño es virtud. Y no se violó ninguna norma, ni internacional ni nacional” (Noticias Caracol, agosto 6/2008, emisión 7:00 P.M.), refiriéndose al uso del logo de la Cruz Roja en la Operación Jaque, permanecerá como símbolo de esa nueva ética entronizada por el uribismo, otra de cuyas expresiones es también el episodio de “Rojas” y la mano de “Iván Ríos”, premiando millonariamente el asesinato y la barbarie.

Bajo este clima de fervor nacionalista que termina estigmatizando y suprimiendo brutalmente la crítica y el pensamiento razonado por antipatriota, se construyen imágenes facilistas y optimistas, al estilo de las de José Obdulio Gaviria sobre las Farc como “siete bandas diezmadas y dispersas por el territorio”.
 
La geografía nacional es abigarrada, llena de piedemontes, zonas selváticas, refugios y escondederos. La pobreza, exclusión y falta de oportunidades para millones de colombianos en áreas que nunca han percibido la acción benefactora del Estado mas sí la represiva, configura un clima proclive a la insurgencia guerrillera.
 
Hay que tener en cuenta además, que la información sobre el Plan Patriota y la política militar del Estado contra las Farc ha estado muy controlada y censurada, como lo muestra Jineth Bedoya en su libro En las trincheras del Plan Patriota. La lectura de esta investigación periodística nos muestra los indudables avances de las fuerzas militares en zonas del oriente del país antes consideradas inexpugnables, logros importantes en la recuperación del control de muchos ríos y en acciones militares desarticuladoras de la producción y mercadeo de la coca, ligadas a las Farc.
 
Sin embargo, la sensación que uno tiene hacia el final del libro, es la de unas sociedades cuya conformación económica y social alrededor de la economía de la coca ha sido fracturada, por lo menos temporalmente, y en donde el control de las Farc ha sido golpeado, por lo menos en los más importantes centros poblacionales, más no necesariamente en las periferias rurales y suburbanas. Y tal vez lo más preocupante que queda de la lectura de ese libro es la ausencia de una política económica y social de Estado para ofrecerle alternativas de trabajo y de vida digna a esas comunidades.
 
El relato de Jineth sobre las funciones cuasi-estatales desempeñadas en Peñas Coloradas, sobre el río Caguán, por “Sonia”, la guerrillera extraditada a EEUU, es la mejor metáfora de la ausencia de Estado y de oportunidades, que no sólo desvirtúa el slogan de la “seguridad democrática”, sino que deja intactas las carencias que han incubado la insurgencia guerrillera: “Muchos hablaron de Sonia y de cómo la extrañaban. Esta mujer era reconocida por la gente como la única presidente, gobernadora, alcaldesa, fiscal, y defensora del pueblo que conocieron en los últimos años.
 
 “Ella fue nuestro “Estado” porque nunca conocimos el de Bogotá”, dice una paisa que llegó hace diez años a vender ropa en Peñas Coloradas. Todos coinciden en eso: organizó a la gente para el mantenimiento del caserío, arreglaba los problemas intrafamiliares (aunque fuera con destierros y elevadas cuotas de coca), lideraba las celebraciones del día de la madre, del padre, y de amor y amistad, y daba regalos en la Navidad a todos los niños de Peñas. También era prestamista. “El Banco agrario más cercano es el de San Vicente del Caguán (a seis horas por río y un costo ida y regreso de 200 mil pesos) y Sonia se encargó de suplir esa necesidad”, dice (p.121)”.

Sobre la tercera idea de Jara de que Uribe y las Farc se necesitan mutuamente, quiero plantear aquí por lo menos una parte, la que para mí es más evidente, pues la otra no me resulta tan clara, ni quiero especular sobre ella: la de la necesidad que Uribe Vélez tiene de las Farc.
 
Con su insistencia en las nociones de “patria”, “compatriotas”, y en un arsenal abigarrado y contradictorio de sentimientos nacionalistas (nacionalismo con subordinación paralela a la estrategia global de Bush, por ejemplo), Uribe ha alimentado un discurso que, como todos los nacionalismos, se orienta a crear una comunidad emotivo/afectiva, explotando dimensiones claves ligadas a sentimientos como los de “miedo”, “seguridad”, definición simbólica de un “culpable principal”, “expectativas de un mejor país”, etc.
 
El harakiri político que las Farc se han propinado a sí mismas con la extensión generalizada del secuestro, -más la alta visibilidad televisiva de ese tema, en sí mismo altamente dramático, por un medio de comunicación esencialmente dramático como lo es la televisión-, le sirvió en bandeja a Uribe la posibilidad de hacer de las Farc el “monstruo mayor” hacia el cual canalizar los desafectos y las demandas de seguridad y orden de los colombianos. Pero el establecimiento simbólico y discursivo de un culpable principal y casi único, siempre deja de lado a otros culpables no menos “monstruosos”, cuya responsabilidad en la crisis colombiana tendría que hacerse visible también.

El Presidente atiza el odio hacia las Farc porque ese miedo y ese odio colectivo que su nacionalismo antifariano despierta en muy amplios sectores de la vida nacional, le permite mantener una adhesión monolítica a su proyecto político, construida por la vía de la manipulación deliberada de las emociones y los afectos. Mi posición personal frente a las Farc es que no debemos construir más odio del que ellas mismas en virtud de sus propios abusos, se han granjeado de parte de los colombianos. Y el que hoy la gente abriga, producto del secuestro, de las extorsiones o de acciones terroristas de las Farc como la de El Nogal, hay que tratarlo y sanarlo, para lograr la paz y la reconciliación nacional, para poder dedicarnos a resolver otros problemas y tareas colectivas no menos importantes que los de la guerra.

En la relectura arbitraria e ideológica de la historia del último medio siglo de la vida nacional que hace el discurso presidencial al referirse insistentemente a su lucha “contra medio siglo de terrorismo”, hay también un gran olvido que es necesario recordar: el peso del exterminio de la Unión Patriótica en el mantenimiento de la voluntad insurgente de las Farc.
 
Cuando en 2001 visitamos con un grupo de académicos y estudiantes la zona de despeje para conversar con los dirigentes de las Farc y conocer qué pensaban del país, tuvimos un diálogo franco con “Raúl Reyes”, “Simón Trinidad”, “Carlos Antonio Losada” y “Andrés París”. Recuerdo cómo en una de sus intervenciones, Losada se refirió por lo menos 12 veces al exterminio de la Unión Patriótica, repitiendo enfáticamente: “Es que no nos han dejado”.
 
Dada su impresionante reiteración de ese hecho, en un momento de su intervención me sentí llamado a interpelarlo y le dije: “Carlos Antonio: tiene toda la razón en ese punto, y esa es una de las grandes manchas en la historia reciente de la democracia colombiana. Pero, ¿cómo vamos a superar esto? ¿Cómo vamos a salir de este conflicto?”. Este es sólo un ejemplo de cómo eso que Francisco Gutiérrez ha llamado un politicidio (el exterminio de más de 3000 miembros y de todo un partido político), pesa en el imaginario político fariano.

Quiero referirme también a dos hechos que merecen un serio análisis por parte de la opinión pública colombiana. Primero, la alusión del presidente Uribe, la noche de la visita a Alan Jara, a los periodistas Holman Morris y Jorge Enrique Botero como “cómplices y publicistas del terrorismo”. Me parece irresponsable con las vidas de estos periodistas que ejercen su derecho a pensar por sí mismos y a construir una visión de la realidad nacional independiente del monólogo gubernamental y mediático. Además, absolutamente contradictoria con la frase del presidente esa misma noche de que “este gobierno ha respetado totalmente a la oposición”.
 
Altamente preocupante también la intervención del presidente Uribe del sábado 7 de febrero de 2009 en el consejo comunal de Villavicencio, estigmatizando tácitamente al grupo de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, preguntándose si acaso hay que dejar que "el país vuelva a la desorientación que conduce a la exaltación del terrorismo, liderada por el bloque intelectual de las Farc". El desdén del presidente Uribe por el pensamiento crítico sobre la realidad nacional no es nuevo, lo mismo que su desprecio hacia aquellos intelectuales que no logra convertir en sus “intelectuales orgánicos” y que mantienen hacia su gobierno posiciones críticas.
 
Esas declaraciones no sólo son irresponsables frente a la vida y la seguridad física de las personas por ellas señaladas, sino que refuerzan una peligrosa polarización de cara a las próximas elecciones presidenciales. Cada vez más el presidente Uribe recurre a la teoría de la supuesta conspiración para disminuir el costo político de los errores y abusos de su gobierno, como en el caso de los memorandos del DAS ordenando hacerle inteligencia al senador Gustavo Petro, o como en el caso de los “falsos positivos”.
 
El 20 de enero de este año en una reunión del ICBF en Soacha, un joven se levantó en el auditorio y le exigió al Presidente: “No más falsos positivos y no más reclutamiento forzado!”. Uribe Vélez le respondió diciendo que la justicia está investigando “cuáles fueron falsos positivos y cuáles fueron falsas denuncias (Noticias Caracol, 7:00 P.M.”).

Los colombianos comprometidos con la defensa de un Estado de derecho democrático y pluralista, con fuertes controles institucionales y ciudadanos, tenemos que garantizar en la próxima contienda electoral que las tesis y los argumentos y la reflexión seria y documentada sobre los problemas nacionales, sean los elementos que prevalezcan sobre las pasiones, la propaganda ideológica y los odios políticamente rentables.

El presidente Uribe ha desarrollado importantes políticas como la seguridad de las vías, el retorno de la fuerza pública y de las empresas con sus productos a numerosos municipios del país y ha desarrollado una política militar de contención y repliegue de la guerrilla que es importante mantener. Una negociación de paz seria no puede darse sobre la base de la debilidad.
 
El país no puede asistir de nuevo a la destrucción sistemática de pueblos y cascos municipales por las Farc o a la zozobra de las “pescas milagrosas” en las carreteras. Hay un lado positivo de la obra de Uribe que la población colombiana reconoce y respalda. La propia izquierda democrática, más allá de sus actitudes a veces meramente reactivas frente a Uribe, en parte comprensibles dado el sistemático discurso del Presidente presentando a sus dirigentes como “guerrilleros vestidos de civil”, tiene que abrirse también a la necesidad de imaginar un modelo de orden y de seguridad con democracia, pluralismo y justicia social profundos, diferente de la “seguridad democrática” de Uribe, pero que recoja al mismo tiempo sus logros.

El debate argumentado y documentado acerca de qué se retoma del legado de Uribe, y qué se redefine o se deja de lado, debe primar en la próxima contienda electoral, por encima de la propaganda y del sectarismo uribista o antiuribista. El debate, por supuesto, tiene que ir también a temas sustanciales: el desplazamiento forzado y la situación de los desplazados, la política de empleo, la política social, el mal estado de las vías y la internacionalización de la economía, la política agraria, la educación, la creación de un servicio exterior mucho más competente y profesional y menos ligado al clientelismo, entre otros.

Reconociendo los méritos del presidente, hay que anotar que una segunda reelección de Uribe, nos llevaría a un tipo de democracia asegurada equivalente a una dictadura civil. Los medios de comunicación y el periodismo, que en opinión de numerosos analistas han carecido de una agenda propia y se han subordinado a la fuerte agenda gubernamental, tienen el reto de decidir si van a avalar a un nuevo Fujimori, en versión colombiana, o si le apuestan a una visión pluralista y democrática, menos ideológica e intolerante con la disidencia y la crítica, y más apta para conducir un proceso de reconciliación nacional.


*Fabio López es historiador, analista cultural y de medios. Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Candidato a Doctor en el Departamento de Lenguas y Literaturas Hispanoamericanas de la Universidad de Pittsburgh, EEUU

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