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Opinión

  • | 2006/02/12 00:00

    Los retos por reparar

    Con una mirada pragmática, Luis Eduardo Celis plantea los desafíos que enfrenta la recientemente creada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

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La recién instalada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación enfrenta un gran desafío: garantizar los derechos de las víctimas del paramilitarismo en Colombia en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Es un reto difícil, pero no imposible.

El primer reto de esta comisión -conformada por importantes instancias del Estado, por dos representantes de organizaciones de víctimas y por personalidades como monseñor Nel Beltrán, Ana Teresa Bernal, Patricia Buriticá, bajo la coordinación del académico Eduardo Pizarro Leongómez- es el de proponer una política pública en la materia.

Para ello debe tener la habilidad y la experticia de reconocer el camino transitado en los últimos 15 años, en los cuales se han desarrollado programas concretos de reparación, como el adelantado en la población de Trujillo (Valle), por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y agenciado por el Consejero Presidencial de Derechos Humanos de la época, el doctor Carlos Vicente de Roux; o los programas adelantados en el proceso de conciliación con la Unión Patriótica, también por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la terca y ejemplar perseverancia de una mujer como Jahel Quiroga, quien al frente de una entidad como la Corporación Reiniciar ha desarrollado una excelente labor al no permitir que los crímenes cometidos contra este movimiento político queden en la total impunidad, y sus víctimas familiares, sin la debida reparación.

Por supuesto que casos como el de la UP o el de Trujillo aún falta muchísima agenda por acometer, pero se ha transitado un camino. Y estos son sólo dos ejemplos de varios que evidencian que en el país contamos con experiencia en materia de reparación. Este es el camino que debe ponderar la Comisión Nacional de Reparación como punto de partida para formular una política que, por supuesto, debe ser mejor, más amplia y con mayor rigor que lo ya desarrollado.

Pero formular una política en materia tan delicada y que genera tantas y tan explicables sensibilidades, debe tomar como primera voz la de aquellos que han sufrido en carne propia los atropellos de una violencia cruel y despiadada. Aun la interpelación de las posturas más escépticas, que han planteado que lo que está en curso en este proceso con las AUC y con la expedición de la Ley de Justicia y Paz -que da lugar a la Comisión de Reparación y Reconciliación- es una gran operación de legalización, blanqueo de activos provenientes del narcotráfico e impunidad. No les falta razón a quienes aquello afirman, pero, igualmente, habría que evidenciar que unas pueden ser las intenciones de ciertos grupos de poder y otras las posibilidades de concretar estas pretensiones.

A los que creemos que hay que construir un Estado social, democrático y de derecho, nos compete jugárnosla a fondo por hacer realidad programas que beneficien de manera material y simbólica a las ciudadanas y los ciudadanos que han sufrido en la locura del ejercicio de la violencia.

No es pequeño el reto: impedir la legalización y el despojo de los cuatro millones de hectáreas usurpadas a sangre y fuego, promover programas y proyectos para atender a por lo menos 100.000 núcleos familiares que han perdido algún ser querido en los huracanes de las violencias agenciadas por izquierdas y derechas en los últimos 25 años, y qué decir de los dos millones de desplazados que siguen como asignatura pendiente -porque la situación del desplazamiento es igualmente parte de una política estatal de reparación-.

A esto se suma el verificar que realmente haya seriedad y rigor en los procesos de desarme, desmovilización y reincorporación. Y para cerrar este listado, el poder ofrecerle a la sociedad colombiana una versión creíble, aceptable y, sobre todo, útil sobre "las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales", ya de por sí una tarea clave porque, como decía el filosofo Espinosa, ante los asuntos vitales de la vida "ni reír ni llorar, sino comprender". Ya harto hemos llorado y muchos han reído, pero a todos nos falta comprender por qué hemos vivido estos ciclos sucesivos de violencia y por qué la incapacidad para superarlos.

Debemos ser sensatos y hasta pragmáticos, sin caer en los minimalismos planteados por Eduardo Pizarro, quien coloca el "listón" en un punto muy bajo. Hay que reparar y reparar bien. Esto no se hará de un día para otro, ni en uno ni dos años. Pero en ocho, que es el mandato que recibe esta comisión, sí es mucho lo que se puede avanzar. Entonces, ni minimalismos que ofenden la conciencia de la sociedad ni maximalismos que nos dejan sin nada para ir construyendo "paso a paso" una acción decidida de reparación y reconciliación desde lo andado, lo cual quizá profundizaría las heridas y las desconfianzas en la sociedad, ya de por sí escéptica y polarizada.

El reto está planteado y nos corresponde a todos los que queremos avanzar en civilidad y democracia poner nuestro granito de arena en esta asignatura pendiente y avanzar en una acción donde se logre el anhelado equilibrio entre verdad, justicia y reparación, y sea posible la paz.

Correo de Contacto: luchocelis@yahoo.com

* Corporación Nuevo Arco Iris

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