Los riesgos del intercambio

Todos vimos a los congresistas del Polo en la ceremonia de posesión, con transmisión en directo y cubrimiento internacional, exhibiendo las fotos de los secuestrados por quienes las Farc pretenden obtener la libertad de 522 de sus detenidos. Abogar por el intercambio renta y el pantallazo no sobra. Y si de paso se avergüenza al Presidente, mejor aun.

Para que no se me malentienda, aclaro que comparto que haya preocupación. Hay quienes llevan en poder del grupo armado cerca de 10 años. Una tragedia para los rehenes y sus familias que amerita hacer los mayores esfuerzos para que obtengan su libertad.

Pero tal y como se vienen desarrollando, las tareas están mal encaminadas. Peor aun, contribuyen a prolongar el cautiverio y fomentan la comisión de nuevos secuestros. Primero, porque la presión se está ejerciendo sobre la parte que no puede ofrecerles la libertad. A algunos, como a los del Polo, no sobra recordarles que son las Farc, y no el gobierno, las responsables de los plagios. Son las Farc, además, las que violan el derecho humanitario con la toma de rehenes y las que tienen la obligación internacional de liberarlos, de inmediato y sin contraprestaciones. Sujetar la libertad de los secuestrados a la acción estatal tiene el efecto colateral de trasladar la percepción de la culpa de los victimarios a la sociedad y su gobierno.

Ocurre que, además, en la medida en que con la propuesta de intercambio se haga mella en el Ejecutivo, las Farc tendrán cada día menos interés en liberar a los secuestrados. Es más, cuanto mayor sea la fuerza sobre el gobierno y mayores los costos políticos que tenga que pagar, a las Farc les convendrá más mantener el cautiverio. Entiendo, sin embargo, que los familiares tiendan a presionar al Estado y no a las Farc. Para ellos, el gobierno está cerca y debe responder en público, y las Farc, en cambio, son poco accesibles y cuentan con el temor que produce que las sepan en capacidad de disponer a su antojo de la vida y la integridad de los rehenes. Pero ¿por qué algunos políticos siguen ese juego, si no es para obtener ventajas para sí mismos?

Habría que agregar que el éxito de la estrategia de las Farc contra el gobierno incentiva la práctica de nuevos plagios. Ahí está, como prueba, la confesión de dos de los guerrilleros capturados por el asesinato de Liliana Gaviria. Más allá de las especulaciones que se dieron sobre la motivación del crimen, de la innegable desestabilización política que provocaba semejante acción en plena campaña electoral y del impacto que suponía que la víctima fuera la hermana del jefe de la oposición, los confesos aclaran que la intención final del grupo subversivo era incrementar el botín de secuestrados y aumentar la coacción sobre el gobierno. Con otro rehén de alta calidad, las Farc buscaban poner contra las cuerdas al Presidente, y lo habrían logrado de no haber sido porque la operación fue un fiasco y terminó en asesinato.

Como argumento a su favor, se dice que el intercambio es una puerta para la paz. En realidad, podría serlo, si viniera sujeto a condiciones como que las Farc no volvieran a secuestrar y los guerrilleros que salieran de las cárceles no delinquieran de nuevo. Pero las Farc han hecho saber que no aceptan semejantes obligaciones. De hecho, incluso han querido obtener ventajas de las negociaciones y fue por ellas que no aceptaron la propuesta de España, Francia y Suiza de que en la zona de diálogo no hubiera unidades del gobierno o de las Farc y la seguridad fuera provista por la comunidad internacional.

En fin, la suerte dolorosa de los rehenes hace indispensable buscar una solución. Pero en ella hay que tener siempre presente que para las Farc, el intercambio es un arma de guerra. Un mal paso y habremos de recordar que fueron tres secuestros, motivados en canjes pasados, los que originaron la crisis que se vive hoy en Israel, Palestina y Líbano.


Puntilla: La decisión del Comité de la ONU (que, digan lo que digan, no es una corte internacional y sus decisiones no tienen el carácter de sentencias) en el caso del ex contralor Becerra, prueba que el Estado no sabe defenderse. ¿O será que hay quien de verdad crea que al ex 8.000 se le violó su derecho a la defensa?