Los soportes de la verdad

Los enunciados que se postulan como verdaderos suelen estar apoyados en constataciones empíricas, apreciaciones compartidas o creencias. Detrás de estos apoyos existen teorías que las soportan tales como las llamadas verdad como correspondencia, verdad como consenso o simplemente actos de fe. Parece claro que las investigaciones judiciales, en especial las penales, deberían responder al paradigma de la verificación empírica y hacer caso omiso a cualquier otra forma de sustentación, en especial las que provengan de actos mágicos o meramente intuitivos.

Sin embargo, esto último pareciera ser lo dominante en algunas de nuestras prácticas judiciales, si hemos de creer lo señalado por el mentalista que desde hace algún tiempo entra como Pedro por su casa a la Fiscalía General de la Nación. Luego de leído el “informe confidencial” que levantó el escándalo y escuchadas las distintas versiones sobre el tema, la conclusión es que ninguno de los involucrados sale bien librado y la máxima autoridad de investigación colombiana ha sufrido un golpe que debe asimilar pronto, especialmente por el bien de los usuarios de la justicia.

La gestión del actual Fiscal va a ser evaluada esencialmente por los resultados que a la postre pueda presentar respecto de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz que, por cierto, aún no arranca. El gobierno y el Congreso ya jugaron sus dados con una normatividad claramente favorable a los victimarios –consecuente con su política de paz, vía beneficios otorgados a los paramilitares–, la Corte Constitucional en su oportunidad hizo un buen esfuerzo por equilibrar el juego reforzando los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación integral; y ahora el turno es de la Fiscalía, ente encargado de materializar los mandatos normativos que finalmente quedaron luego del paso de la ley por el Congreso y la Corte.

Es mucho ya lo que se ha dicho e insistido sobre las reales posibilidades que tendrán las víctimas para hacer valer sus derechos, con ocasión de la aplicación de la Ley 975 de 2005 –Ley de Justicia y Paz–, para lo cual me remito al libro que recoge distintos ensayos en donde investigadores de DeJuSticia dan cuenta analítica del debate (ver ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia, 2006).

Lo que ahora quiero es generar una alerta –que pareciera innecesaria– a propósito del insuceso del mentalista de la Fiscalía. No hay duda que la “arracionalidad” en sus más variadas manifestaciones –también la irracionalidad– siempre ha ido de la mano del poder. Los ritos son quizá la expresión más conocida y admitida –marchas militares, posesiones públicas lo mejor publicitadas posibles, ceremonias religiosas, etc.–, tratando de indicar con ello algo fuera de lo normal, ojalá algo visto como sobrenatural. No gratuitamente el poder original era divino, de modo que el príncipe tenía que ser hijo de Dios o por lo menos descendiente del Olimpo. La consulta con el oráculo entonces, para resolver las más complejas cuestiones de Estado, no debía verse como algo extraño ni risible. Por cierto que el príncipe regularmente no tenía acceso directo al oráculo por lo ininteligible que le resultaba; de allí la necesidad de valerse de los intérpretes del sino eterno o de los dictados del más allá o de la inconsciencia: sacerdotes, mediums o mentalistas. La premodernidad en todo su esplendor.

Pero que todo esto tenga que verse en el siglo XXI y en instituciones más asociadas con la práctica científica como la Fiscalía General de la Nación, es francamente descorazonador. Me parece que el pecado no es que el Fiscal General haya decidido ponerse en manos del mentalista para resolver sus asuntos personales –como sin duda lo hacen muchos mortales–, sino que a éste se le hayan otorgado licencias que a la postre le permitieron afirmar cosas como las que le confesó en SEMANA a María Isabel Rueda: “Yo miraba a la persona directamente a los ojos y le decía: ‘Dígame si me está diciendo la verdad o no’. Con base en esas informaciones que yo le pasaba a Mario, él direccionaba a los investigadores técnicos”.

Ojalá que a nuestro héroe mentalista no le alcance la licencia –léase carné y arma– para entrometerse en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, pues no me lo imagino apoyando a los fiscales y al CTI con hipnosis colectiva a la cúpula paramilitar, o enseñándoles técnicas para que los miren fijamente a los ojos a ver si dicen la verdad. Tampoco imagino al Fiscal General dando instrucciones apoyado solo en la irrefutable prueba de que “el Dalai le puso la mano en la cabeza”, ni mucho menos a las víctimas depositando ex votos a la entrada del búnker de la Fiscalía, en agradecimiento al milagro ocurrido.

De ser así, preferiría un resultado “histórico” de la verdad como el que de forma honesta le atribuye Abdón Espinosa al fallecido ex ministro de Estado Joaquín Vallejo Arbeláez: “¡Cuántas inexactitudes patrióticas debió decir, en el interior y en el exterior, para que no cundiera el pánico ni desfalleciera la Nación! Ocultar la verdad o parte de ella daba trazas de ser una de las obligaciones del oficio” (El Tiempo, enero 5 de 2006).


Danilo Rojas Betancourth es miembro fundador del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad –DeJuSticia- y profesor de la Universidad Nacional.
El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DJS) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.