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Opinión

  • | 2012/09/01 00:00

    Los tentáculos

    La reelección de Ordóñez está asegurada, el uso político de la justicia también. Pronto veremos cómo absuelven a sus amigos y persiguen sincronizadamente a sus detractores.

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Mientras les entrega grandes pedazos del Ministerio Público a políticos cuestionados, el procurador Ordóñez extiende con clientelismo su influencia por la rama judicial. Su nominación por la Corte Suprema de Justicia es la consagración de un plan politiquero de favores cruzados que ha tenido tentáculos en el Congreso y en las altas cortes.

El procurador ya tiene cuotas ciento por ciento suyas en varias cortes. Es el caso de la magistrada de la Corte Suprema, Margarita Cabello Blanco, su antigua procuradora delegada para la vigilancia administrativa. Margarita Cabello es cercana al clan Name y hermana de María Elvira Cabello, compañera de lista de Mauricio Pimiento, condenado por parapolítica.

La magistrada Cabello, cuya conexión con el procurador es inocultable, decidió ausentarse de la sesión de esta semana en la que la Corte Suprema nominó por unanimidad a Alejandro Ordóñez para su reelección. En la Corte no hay quien explique las razones de su ausencia.

En cambio el magistrado José Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal de la Corte, faltó justificado en incapacidad médica. Horas antes La Silla Vacía reveló que el magistrado Bustos tiene al menos dos cuotas en la Procuraduría: Su esposa Ana Josefa Velasco, nombrada procuradora judicial; y su amiga María Cristina Pineda en un cargo igual, ni más faltaba.

El magistrado Bustos era el principal impulsor de la iniciativa para denunciar a la periodista Cecilia Orozo, directora de Noticias Uno y columnista de El Espectador, por atreverse a opinar que los magistrados están "clientelizados, burocratizados, lagartizados y subordinados al poder del procurador, al que le deben fidelidad y puestos, y al Parlamento con el que concertaron para privilegiarse".

La columna de Cecilia -que suscribo integralmente- fue escrita a raíz de la remoción del magistrado auxiliar Iván Velásquez de la investigación por la parapolítica. A Velásquez, que en cumplimiento de su trabajo ha tenido que afrontar persecución e intentos de desprestigio, lo quieren aburrir para que renuncie después de reemplazarlo a dedo por otro magistrado auxiliar que también tiene lazos familiares con la Procuraduría.

Bustos y sus amigos quieren que la investigación pase a manos de Carlos Iván Mejía Abello, o Carlos Ibán Mejía, según algunos documentos oficiales. El nuevo investigador de la parapolítica es un coterráneo del procurador general. Su hermano Jorge Enrique Mejía Abello es subalterno de Ordóñez. Fue nombrado por él como procurador Judicial Penal en Bogotá.

El doctor Mejía es auxiliar de la magistrada María del Rosario González, pero todo indica que trabaja más para el magistrado Bustos.

Otra conexión fuerte del procurador Ordóñez en la Corte es la magistrada de la Sala Civil Ruth Marina Díaz. Hace cuatro años ella fue la persona clave para demorar la nominación del candidato de la Suprema a la Procuraduría. Sin competidor Ordóñez -entonces candidato del Consejo de Estado- pudo hacer campaña solo.

La magistrada demoradora tenía por aquella época una bonita relación con Edgar Sanabria Melo, quien pronto fue nombrado por el agradecido Ordóñez como procurador delegado para Asuntos Civiles. Hoy el doctor Sanabria parece más cercano al procurador que a la doctora Ruth. Hace unos meses Sanabria fue elegido magistrado del Consejo Superior de la Judicatura en reemplazo del inolvidable José Alfredo Escobar Araújo.

Jorge Castillo Rugeles, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura que entró al cargo después de cumplir la edad de retiro forzoso y cuyo nombre ha sido mencionado en el escándalo del carrusel de pensiones, tiene a un hijo con puesto en la Procuraduría. Jorge Andrés Castillo es el coordinador de la Oficina de Relaciones Internacionales por nombramiento de Ordóñez.

El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, también tiene su hija en el Ministerio Público. Carmen Helena Gómez Segura fue nombrada por Ordóñez como asesora grado 24 de la Procuraduría delegada para asuntos agrarios.

La reelección de Ordóñez está asegurada, el uso politiquero de la justicia también. Pronto veremos cómo absuelven a sus amigos y persiguen sincronizadamente a sus detractores.
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