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Opinión

  • | 2010/07/23 00:00

    Los toros y la faena de la Corte

    La Corte Constitucional va a definir esta semana no tanto si los toros bravos deben morir en el matadero y no en la plaza, sino si quienes estamos de este lado, el de la fiesta, somos vulgares criminales por pensar distinto.

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Decía Ramón Pérez de Ayala, escritor y periodista español de la misma generación de Jacinto Benavente, Valle-Inclán y Juan Ramón Jiménez, que si él tuviera poder, prohibiría las corridas de toros; sólo que como evidentemente no lo tenía, pues no se perdía ni una.
 
N le pasa lo mismo a nuestra Corte Constitucional. A diferencia de Pérez de Ayala, que no hizo otra cosa más ruinosa que la más ruinosa de todas: escribir, la Corte tiene mucho poder y una oportunidad soñada por los antitaurinos, la de borrar de un plumazo la existencia de una fiesta que a sus seguidores nos parece brava y que a otros pocos, como también lo somos nosotros, les resulta un signo de barbarie.

Hago de entrada esa aclaración: la fiesta de los toros es un asunto de minorías. La Santamaría, la plaza de Bogotá, por ejemplo, tiene una capacidad apenas superior a 12.000 espectadores (la cuarta parte de El Campín). Pocas veces se llena y si no fuera porque a algunos puristas les parece una edificación histórica, testimonio de 80 años de vida de la ciudad, ya habría caído en las garras de un urbanizador para levantar allí un hotel de cadena o el edificio de un banco, de esos que le prestan plata a avicultores, porcicultores, ganaderos, piscicultores y demás depredadores de otras especies.

Tampoco los antitaurinos son muchos. Es más, si los juntáramos en todo el país, garantizarían la quiebra de cualquier empresario, pues ocuparían menos de lo que en el mundo del toro llamamos un cuarto de plaza. Y ellos lo saben. Ahora bien, encuestas y sondeos ponen de su lado a quienes se les hace un juicio moral disfrazado de pregunta: ¿Condena usted las corridas de toros?

El dato, el de las minorías, no resulta gratuito para la Corte Constitucional. De hecho, entre sus obligaciones, si no la más, está la defensa de las minorías. Y a fe que ha sabido hacerlo en su joven historia. Pero en este caso la pregunta que les debe rondar a los magistrados es cómo garantizar los derechos de las partes, por supuesto, sin afectar con su decisión a unos o a otros.

No son los primeros en la historia en afrontar ese desafío. Quizá no les sucedió a sus homólogos en la antigüedad, que cuidaban de los intereses comunes en los alrededores de las cuevas de Altamira o en Creta. Cazar el toro era, entonces sí, una cuestión de subsistencia, pero las imágenes en las pinturas rupestres y en los vasos dejan ver, aparte del hambre, un atisbo de práctica lúdica.

En cambio, los magistrados conocen bien los intentos por acabar con las corridas de toros. Que no han sido muchos. Uno, del Papa Pío V; otro, de Felipe V; y uno más de Carlos IV. Todos fallidos, por una sencilla razón: la voluntad de sus Majestades no logró convencer a plebeyos y pecadores para que enterraran la tradición y mucho menos el valor, que es un derecho. También los toros desoyeron y, fieles a su genética, decidieron mantener la milenaria costumbre de embestir.

Se dirá que falta el capítulo de Cataluña, ejemplo del antitaurinismo contemporáneo. Sí y no. Sí, porque, en efecto, algunos catalanes han querido cerrar las plazas, contra el derecho de unas minorías, en la región menos taurina de España (Sí, qué pena, pero Cataluña es España). Y no, porque, en efecto, el tema allí es político y como tal está en manos de los políticos, con previsibles resultados políticos.

Valdría la pena enumerar aquí todas las razones culturales, ambientales, artísticas, económicas y demás que constituyen el tejido de la tauromaquia. Pero esos son argumentos tan repetidos, que ya los antitaurinos saben de memoria los gustos de Picasso, la guardia del toro bravo sobre la naturaleza virgen, la leyenda de José Tomás y la cadena alimenticia de miles de personas que sobreviven gracias a las corridas.

Mejor quizás es decir que la Corte Constitucional va a definir esta semana no tanto si los toros bravos deben morir en el matadero y no en la plaza, sino si quienes estamos de este lado, el de la fiesta, somos vulgares criminales, sujetos a penas sólo por pensar distinto.

En otras palabras, la Corte decidirá, una vez más, si una minoría merece vivir como quiere vivir, con las contradicciones propias de una sociedad, o si vale más el Estado de opinión, ese que pretendieron imponernos y que ella derrotó hace pocos meses, para salir en hombros.
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