Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/06/30 19:29

Solidaridad con Camargo

Más allá de que la justicia ha decidido fallar en contra del doctor Camargo, lo que resulta inaceptable e indignante es que la justicia se haya tomado diez años para emitir una condena de cinco.

Lucía Bastidas

Me solidarizo con Andrés Camargo y su familia. Concuerdo con él en que es una tremenda injusticia el fallo emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que dejó en firme una condena a cinco años de prisión por el caso de las losas de TransMilenio.

Le creo al doctor Camargo cuando afirma, como lo viene haciendo hace 16 años, desde que dejó la dirección del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que las decisiones que se tomaron durante su paso por esa entidad en torno a los materiales que se utilizaron para las troncales de TransMilenio fueron de carácter netamente técnico y que él, como director, nunca se robó un peso.

Pero más allá de ese tema, que la justicia ha decidido fallar en contra del doctor Camargo, lo que resulta inaceptable e indignante es que la justicia se haya tomado diez años para emitir una condena de cinco. No solo se convirtió un asunto administrativo en uno penal, sino que se ha extendido en el tiempo una decisión sobre el proceso.

La lentitud indolente de la justicia le ha tenido suspendida la vida durante una década que se ha tardado el proceso desde diciembre del 2006 cuando  la Fiscalía le dictó resolución de acusación.

No hay derecho a que pasaran siete años, entre el 2 de abril del 2007, cuando quedó en firme la resolución de acusación en su contra, y el 10 de octubre del 2012, cuando se profirió condena por parte de un juzgado.

Hoy, que la Corte Suprema de Justicia decidió ratificar la condena de cinco años a la que fue condenado el doctor Camargo genera indignación que su viacrucis haya durado el doble de tiempo al que ahora ha sido condenado.

Un año adicional pasó desde la solicitud de apelación y el fallo del Tribunal Superior de Bogotá y otros dos para que el caso llegara a Casación de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Camargo tuvo que acudir a una tutela en la Corte Constitucional para que le protegiera el derecho a ese último recurso.
Es un tema para reflexionar. Lo delicado de este asunto, que sin duda terminará con el doctor Camargo en la cárcel nuevamente, es que, pasados los años, el tema de las verdaderas responsabilidades se diluyó.

Quienes utilizaron el material inapropiado para las obras nunca respondieron, mientras los organismos de investigación se concentraron en quien era el director y actuaba con fundamento en estudios e informes técnicos elaborados por quienes si tenían la competencia para hacerlo.

Triste resulta este episodio cuando a todas luces es una evidencia que enviar a la cárcel a un funcionario, que ha estado 16 años en la picota pública, no le devuelve a la ciudad el daño que sufrieron las obras de las troncales.
Hoy su familia, su esposa y sus hijos sufren el mayor impacto pues durante más de una década han vivido junto con su padre y esposo el drama de interinidad jurídica que le ha obligado a dedicar su tiempo a defenderse para demostrar su inocencia.

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