Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/07/12 11:14

Que se revise el fallo de la Corte

Sin que la Corte Constitucional permita al Distrito tomar medidas para que quienes vivan en la calle, dejen de hacerlo, la atención de los mismos será difícil.

Lucía Bastidas

En una verdadera encrucijada se ha convertido el reto de atender a los habitantes de calle, un problema que se ha hecho más visible en Bogotá tras la intervención del Bronx, donde vivían 3.500 o algo más habitantes de calle. En toda la ciudad son mucho más de 9.600, según último censo realizado en el 2011.

Ahora que arrecian los reclamos de algunos bogotanos para que se tomen medidas a fin de evitar la proliferación de esta población en los barrios, es bueno recordar que el tema es un problema complejo porque la Corte Constitucional ha dicho en reiterados fallos que las autoridades no pueden tomar medidas de fuerza para obligarlos a dejar las calles. 

“…no siendo la mendicidad un delito ni tampoco una contravención, esta Corporación constata que no existe entonces un reproche jurídico por tal ejercicio”, ha dicho la Corte en varias sentencias. Para el alto tribunal, establecer una sanción por habitar en la calle vulnera la Constitución y en particular su libre desarrollo de la personalidad.

La encrucijada para el Estado radica en que si bien la Corte protege el derecho de los habitantes de calle, también ha dicho en varias sentencias que es una obligación de las distintas instituciones contar con planes integrales para garantizarles una atención en salud y la recuperación de sus problemas de adicción a las drogas y el alcohol. 

El problema es que las entidades están obligadas a atenderlos, pero no pueden forzarlos a acudir a un hospital, clínica o asilo, ni a ningún establecimiento público para su tratamiento, porque se considera que se incurre en una sanción en su contra cuando el habitante de calle no está incurriendo en una contravención o en un delito, porque es su libertar estar en la calle. 

En eso radica el desafío, la Corte le ha dicho a las entidades públicas, no solo de Bogotá sino de Colombia, que deben establecer los planes integrales de atención, que deben garantizar el acceso, pero que su misión es persuadirlos de acogerse a ellos y no obligarlos a comparecer. 

En el caso de los habitantes adictos a las drogas, la Corte ha reconocido que “la drogadicción severa es un problema de salud pública”, que se trata de “una enfermedad crónica que no solo tiene manifestaciones físicas sino que afecta la autodeterminación y autonomía de los sujetos que la padecen”, pero también ha dejado claro que “en todo caso, las autoridades deberán realizar una labor de persuasión, evitando todo tipo de coacción”. 

En el actual gobierno distrital se ha tenido un objetivo: ofrecer una solución que busca rehabilitar, resocializar y restaurar los comportamientos de los habitantes de calle para que se reinserten de manera positiva en la sociedad e individualmente. 

En el último mes y medio se logró la atención integral de más de 1.900 habitantes de la calle y 943 jóvenes, entre los 14 y 28 años, que reciben atención del Idipron, y reconstruyen su vida. 

Esta tarea no ha sido fácil porque los trabajadores sociales se enfrentan a personas que durante muchos años han sido poliadictos, es decir, el consumo de varias sustancias al tiempo: alcohol, bazuco revuelto  con marihuana y pegante, para solo señalar el caso más común. 

Valga precisar que la principal sustancia psicoactiva de la que abusan los habitantes de calle es el bazuco, dado los altos grados de adicción que genera esta droga, asociada a la permanencia de las personas por largos periodos en la calle. 

Son personas con paranoia, episodios de esquizofrenia y delirio de persecución, además del olor que los caracteriza por la falta de baño y su constante deambular por la calle, entre la basura y los excrementos de la ciudad. 

El 50 por ciento de los habitantes de calle con problemas de poliadicción  tiene enfermedades mentales que afectan su comportamiento, como lo registra la secretaría de Integración Social. En esta condición los lleva a ser interdictos, lo que implica que su libre capacidad de decidir es anulada por su condición mental. 

Esto plantea un reto a las instituciones que atienden a esta población en el sentido de crear programas o proyectos que atiendan efectivamente la problemática de adicción. Las personas que usan o abusan del consumo de bazuco principalmente se dedican a las actividades de reciclar, retacar o robar, como lo han denunciado las autoridades y sufrido muchos ciudadanos víctimas. 

Este punto tan crítico encuentra un obstáculo en la jurisprudencia de Corte Constitucional porque aun en casos en que los habitantes de calle incurren en estas conductas resulta imposible obligarlos a someterse a tratamientos.

Como concejal considero que es perjudicial y dañino para las ciudades la aplicación estricta de estos fallos, porque atan las manos de las autoridades, impiden la acción oportuna de los médicos y especialistas y en últimas se afecta la tranquilidad pública, porque, ¿quién protege el derecho de los demás ciudadanos a no ser asediados por acciones de fuerza e intimidatorias que ejercen contra ellos los habitantes de calle? 

No hay manera de evitar que los habitantes de calle amanezcan en las puertas de acceso a las casas de las personas, que utilicen los parques, andenes y vías públicas como baños, como sitios de consumo y que irrumpan en sitios públicos como restaurantes y cafeterías, cuando, en el caso de Bogotá, la secretaría de Integración Social ha dispuesto para ellos sitios, como los hogares de paso, donde pueden recibir baño y alimentación. 

Pero no los utilizan, porque no quieren, y no se les puede obligar, justamente porque la Corte Constitucional dice que cualquier tipo de coacción viola su libre desarrollo de la personalidad. Y que no se les puede obligar ni conducir a la fuerza a los sitios de atención y de recuperación.

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