La sustitución de cultivos ilícitos es insuficiente

El próximo 10 de julio el Gobierno Nacional y las Farc iniciarán un plan piloto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, con comunidades campesinas del municipio de Briceño. No es la primera vez que se plantean programas de sustitución, pero vale la pena preguntar si es una medida suficiente para cumplir el fin propuesto en el acuerdo sobre el punto cuatro de La Habana. El objetivo es muy ambicioso: resolver el problema de las drogas ilícitas. Algo que genera muchas expectativas pero que puede estar atado a una estrategia insuficiente para alcanzarlo. Si las Farc y el Gobierno quieren una solución al fenómeno del narcotráfico la sustitución no debería ser el componente principal del acuerdo, por el contrario el esfuerzo debería enfocarse en cambios más profundos a la política de drogas: hablo de abandonar la prohibición.

Nadie puede negar que la persistencia de estas plantaciones está ligada a condiciones de pobreza, marginalidad, debilidad de las instituciones y la existencia de aparatos armados que se lucran del negocio; así como tampoco se pueden pasar por alto los efectos nocivos de la economía ilegal atada al cultivo de la hoja de coca. Los planes de sustitución de cultivos ilícitos pueden ser una estrategia necesaria y legítima (siempre que se consulte con las comunidades) para evitar que los actores del narcotráfico se tomen los espacios dejados por la guerrilla, lo que no quiere decir que sean la única propuesta de acción estatal en los territorios cocaleros.

En el acuerdo sobre drogas ilícitas el Gobierno y la guerrilla concibieron al Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) de plantaciones de uso ilícito como un componente de la reforma rural integral, reconociendo que la mejor manera de abordar el fenómeno es atacar las precarias condiciones de vida de las comunidades cultivadoras. Pero la sustitución no es suficiente porque el post-acuerdo y la construcción de paz exigen una política de drogas que aborde directamente la regulación del mercado de las sustancias psicoactivas. Persistir en la sustitución de cultivos ilícitos en un entorno de prohibición de las drogas, es como seguir creyendo que la cárcel, así sea para los líderes de las Bacrim, va a solucionar el problema.

La convergencia entre la reforma rural integral y el PNIS  resalta que la superación de la pobreza y la promoción de la economía campesina a través de asociaciones solidarias, son propósitos no sólo de la política de drogas en el post-acuerdo sino de la paz misma. Lo que se busca es asegurarle al campesino oportunidades sostenibles para salir del circuito de la economía ilegal, por eso hay que evitar repetir el riesgo de que la sustitución termine concibiéndose como el fin último del post-acuerdo.

El énfasis que han puesto el Gobierno y las Farc en esta estrategia, parece más eficiente en el logro de resultados concretos y a corto plazo que en el desarrollo de las capacidades campesinas para emprender proyectos autónomos. Se prenden las alarmas por el riesgo a una política de sustitución exitosa, que embolate la reforma rural integral en los territorios cocaleros.

El acuerdo sobre drogas propone medidas para la reforma a la política de drogas, pero la necesidad por cambios de mayor profundidad conlleva a promover algo más que escenarios internacionales de discusión sobre las reformas que ya sabemos necesarias. Las herramientas para debilitar efectivamente a las organizaciones ilegales desbordan el uso de la fuerza y la política de sustitución.

Esa respuesta distinta que podrían dar las Farc y el Gobierno, a pesar de los dilemas morales para unos y otros, está en sintonía con estrategias de regulación como la reglamentación de los usos medicinales y científicos de amapola y de la hoja de coca; la industrialización de los derivados de ese arbusto; y la creación de un mercado de sustancias legales. Ideas que si se realizan con las comunidades que saben sembrar las plantas, y el resto de la sociedad civil, podrían generar mayor provecho que la simple sustitución de la coca por cacao u otro producto agrícola.

*Investigador de Dejusticia. En twitter: @lfcruzo.