La tramoya del poder detrás de María del Pilar Hurtado

La entrega de María del Pilar Hurtado a las autoridades colombianas fue obligada por la circular roja de la Interpol y porque previamente el gobierno panameño le negó la segunda petición de asilo. Tanto una decisión como la otra no fueron respuestas naturales al deber de colaborar con la justicia. Por el contrario, desde altos escenarios de poder se tejió una tramoya de impunidad para proteger a la exfuncionaria de inteligencia.

El gobierno de Ricardo Martinelli le concedió asilo en 2010 por recomendación del expresidente Uribe Vélez. Desde entonces se realizaron cuatro misiones de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -víctima y representante de más de 150 víctimas de esta persecución ilegal- para que las autoridades panameñas anularan el asilo, al no ser el resultado de una persecución política. En contravía, Juan Manuel Santos se expresó públicamente en dos ocasiones respaldando a Hurtado.

Cabe resaltar que en todo momento ella ha ejercido el derecho de defensa con un apoderado de su confianza y en cada actuación judicial se le han garantizado sus derechos y el debido proceso.

En 2012 denunciamos al Estado de Panamá ante la CIDH en Washington, por concederle un asilo irregular y por no otorgar la extradición a Colombia. Nos dirigimos a la Interpol en Lyon, Francia, para explicarles por qué no se trataba de un caso de persecución política y para que nos respondieran por qué se negaba la circular roja. Preguntamos a la cancillería sobre sus reacciones frente a las respuestas poco amistosas con el Estado colombiano por parte de Panamá; se nos respondió que ese país era autónomo para conceder asilos y aceptar o rechazar pedidos de extradiciones, y que tampoco había nada que hacer ante los conceptos de la Interpol.

El gobierno de Santos se limitó a tramitar las solicitudes de extradición, sin hacer respetar el tratado vigente con Panamá desde 1928. De otra parte el Secretariado de la Interpol Internacional respondió que sus conceptos se fundamentan en las oficinas nacionales de la misma, para Colombia desde 2011, en cabeza del Director de la Policía Nacional.

Finalmente, logramos desenredar la madeja -con la creciente presión de las víctimas y la opinión pública- para dejar en evidencia las contradicciones que al final condujeron a la entrega de María del Pilar Hurtado.

¿Quién engaña a quién? Hoy Uribe Vélez responsabiliza a Santos sobre la circular roja para pretextar persecución política y da palos de ciego para hacerse pasar como víctima con el fin de evadir sus propias responsabilidades políticas y penales.

Sin embargo la señora Hurtado tiene aún la posibilidad de colaborar con la justicia, a pesar de que su juicio ha concluido; al ser condenada, aunque su proceso se adelantó bajo la ley 906 de 2004, se le puede aplicar el art. 413 de la ley 600 del 2000 -no derogada- que faculta al Fiscal General para solicitar rebaja de penas y detención domiciliaria, si presta colaboración eficaz con la justicia y que deberá pasar en todo caso por la aprobación del juez de ejecución de penas.

Se puede invocar -para que ello sea viable- el principio de favorabilidad, de interés de la justicia y el derecho a la igualdad para que finalmente el país conozca las dimensiones de la empresa criminal que se fraguó desde la Casa de Nariño durante los gobiernos de Uribe Vélez.

María del Pilar Hurtado tiene aún la posibilidad de resarcirse frente a las víctimas, la sociedad colombiana, la justicia y la democracia. Al fin y al cabo ella obedeció órdenes de un gobierno autoritario que creyó podía sustituir el Estado de derecho por el Estado de opinión y que convirtió al DAS en una policía política.

Más que chuzadas, desde el DAS se promovieron asesinatos, amenazas de muerte, campañas de desprestigio, torturas y otras graves violaciones de derechos humanos que llevaron a la liquidación de este organismo en octubre de 2011.

Tampoco debe olvidar la Sra. Hurtado que ella y 18 de sus colegas ya condenados no pueden ser los chivos expiatorios frente a los determinadores de los hechos, quienes no sólo siguen gozando de impunidad sino que pretenden, con agudo cinismo, presentarse como perseguidos políticos, un argumento al menos exótico para quienes delinquieron desde la cabeza principal del Estado. Enderezar este entuerto puede cambiar la historia de Colombia, para bien de la paz y la consolidación del Estado de Derecho.

*Presidente colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”