Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2017/07/17 16:28

    Una malsana pasión que mata los derechos fundamentales: injuria y calumnia

    A los derechos a la dignidad humana, al buen nombre, a la imagen y a la honra, en el escenario por el que atraviesa el país, los está matando la pasión por la política. ¡Inconcebible!

COMPARTIR

Ni la inviolabilidad del voto, ni una investidura, ni el poder del micrófono, de las opiniones escritas o de las cámaras pueden amedrantar al Estado de derecho y a sus asociados, puesto que este intrínsecamente contiene las garantías individuales que nadie puede menoscabar.

A los derechos a la dignidad humana, al buen nombre, a la imagen y a la honra, en el escenario por el que atraviesa el país, los está matando la pasión por la política. ¡Inconcebible!

El derecho al buen nombre “hace referencia a aquel concepto que se forman los demás sobre cierta persona; en otras palabras, su reputación”. Así lo ha reiterado la Corte Constitucional advirtiendo que tanto las autoridades públicas como los particulares pueden vulnerarlo.

Ante esta sencilla definición jurisprudencial ¿qué sucede cuando un expresidente de la república divulga información falsa o errónea utilizando expresiones ofensivas o injuriosas para distorsionar el concepto de un periodista frente a los demás?. En igual sentido, ¿qué sucede cuando un periodista hace lo mismo en relación con un expresidente de la república o contra cualquier otro ciudadano?

La vulneración de estos derechos fundamentales se configura “cuando se divulgan públicamente hechos falsos, tergiversados o tendenciosos sobre una persona, con lo cual se busca socavar su prestigio o desdibujar su imagen”, (T-050/16), situaciones que paralelamente tipifica el delito de injuria y calumnia contemplado en nuestro ordenamiento penal.

En los artículos 220 y 221 del estatuto punitivo colombiano se plasmó como conductas que atentan contra la integridad moral para quien haga a otra persona imputaciones deshonrosas o para quien impute falsamente a otro una conducta típica, es decir, un delito.

Desde ambas ópticas, la constitucional y la penal, debe el juez encargado de determinar si existe una vulneración de un derecho fundamental o una conducta punitiva, examinar el contenido de la información, “y evaluar si es falsa o parcializada o si adjudica a determinadas personas actividades deshonrosas que le son ajenas.”

También deberá el juez evaluar si “las expresiones cuestionadas corresponden al ejercicio de la libertad de información o se inscriben en el ámbito de la libertad de opinión.”

Aterrizando en ejemplos las situaciones jurídicas planteadas, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirma que Daniel Samper Ospina es “violador de menores”, bien puede esta frase dar a entender que el periodista es autor de delitos sexuales contra los menores de edad o que simplemente es una persona que no se somete al cumplimiento de las normas de los menores. En este efecto, tergiversa el sentido natural de la palabra “violador” y en forma subrepticia le adjudica cualquier otro sentido al arbitrio del asiduo visitante de las redes sociales.

Así mismo cuando contra el expresidente Uribe se le endilga sin prueba alguna que es un “paraco”, se incurre en las mismas conductas violatorias de sus derechos fundamentales y desembocan en un delito.

En reciente desarrollo noticioso sobre la insistencia que elevara el magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos, para proteger a una menor en periodo de lactancia, el diario El Espectador aseguró que “…es el cuarto magistrado en ser mencionado dentro del escándalo de corrupción judicial en el Meta…” dando a entender que el togado está siendo investigado por corrupción en la rama judicial en ese departamento. En este caso, ¿el periodista acaso tiene elementos materiales probatorios o evidencias físicas que infieran la participación del magistrado en ese entramado criminal?.

Y en la otra esquina, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de ordenar a la candidata presidencial Claudia López la retractación de una aseveración contra el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, a quien señaló de “corrupto”. Ante la ausencia de pruebas, no le quedó otro camino a la accionada que hacer la retractación públicamente, aún sin compartir del todo el fallo.

Ante tan malsana pasión, tanto los políticos como los periodistas u opinadores, tendremos que tener en cuenta que la línea que traspasa los límites de los núcleos esenciales de los derechos fundamentales contra el buen nombre y sus conexos, es muy delgada. Tan delgada que sus autores podrían terminar en la cárcel.

(*) Gutiérrez Morad & Calderón España – Abogados Constitucionalistas.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1855

PORTADA

Exclusivo: la verdadera historia de la colombiana capturada en Suiza por ser de Isis

La joven de 23 años es hoy acusada de ser parte de una célula que del Estado Islámico, la organización terrorista que ha perpetrado los peores y más sangrientos ataques en territorio europeo. Su novio la habría metido en ese mundo.