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Opinión

  • | 2002/05/20 00:00

    Mañana es tarde

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En los países en desarrollo la mayoría de los niños son pobres, y lo que es peor, la mayoría de los pobres son niños. Ellos están particularmente expuestos a una serie de vulneraciones de sus derechos que, de no contar con sistemas de protección y defensa adecuados, tienen un impacto grave en su futuro. Usualmente los altos niveles de pobreza y desempleo conducen al rompimiento de la unidad familiar, al aumento de la violencia doméstica, a la explotación laboral, al abuso y la explotación sexual, así como al abandono.

Colombia, además, sufre los efectos de un conflicto armado vinculado con el problema mundial de las drogas ilícitas, el cual incide negativamente en las condiciones de vida de nuestros niños, particularmente en materia de salud y educación. De manera directa se ven afectados los niños combatientes, las víctimas del narcoterrorismo, las acciones armadas y el secuestro, y también los desplazados y los huérfanos. Ello aumenta el riesgo de romper el proceso de desarrollo y de acumulación de capital humano y social. De manera indirecta el costo del conflicto afecta la inversión pública y el gasto social, lo que incide en el desarrollo de todos los niños, especialmente los de menores ingresos. Sin embargo el impacto de esta situación ha sido amortiguado ya que el gasto social en lo referente a salud, educación y nutrición está protegido por ley y por el origen parafiscal de los recursos que financian los programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Esto ha llevado a que el gasto social en el país sea hoy cercano al 13 por ciento del PIB, prácticamente el doble del correspondiente a 1990, logrado con un gran esfuerzo en medio de un proceso de ajuste fiscal muy severo.

Con el propósito de generar condiciones que garanticen a niños y niñas el acceso a los bienes y servicios sociales el gobierno nacional diseñó y puso en marcha un conjunto de medidas y reformas integrales para que la economía retornara a una senda de crecimiento estable.

Como complemento se pusieron en marcha una serie de mecanismos de protección y focalización del gasto social, apoyados en reformas estructurales en la redistribución de los recursos. La intervención pública está orientada a erradicar la pobreza y proteger a los grupos vulnerables. Se ha concebido para lograr mayor eficiencia en el gasto estructural en salud y educación, a través del Sistema Social de Riesgo, creando incentivos para disminuir la deserción escolar, desestimular el trabajo infantil y proveer una adecuada nutrición de los menores, controlando sus desarrollos de peso y talla, entre otras actividades.

En los próximos 10 años tenemos que hacer de éste un mundo al alcance de los niños, al amparo del documento final de esta segunda Cumbre Mundial de la Infancia. Nuestro reto como adultos es lograr que nuestros niños y niñas sean más sanos y mejor educados, y que así logren mejores resultados que los de nosotros, los adultos de hoy.

Por nuestra parte, el compromiso de Colombia con y por la niñez, liderado por el señor Presidente de la República y la primera dama de la Nación, está basado en el reconocimiento del papel central de los niños como fruto de la sociedad, como ciudadanos del futuro y como constructores de un mejor mañana. La obligación de los adultos de hoy es construir una Colombia más amable y humana con el concurso de estos niños y niñas. El reto consiste, entonces, en construir una política pública como un esfuerzo colectivo, atendiendo el precepto constitucional colombiano, según el cual los responsables de la promoción y defensa de los derechos de los niños son: la familia, la sociedad y el Estado. Una política pública que concentre los esfuerzos nacionales en la construcción de riqueza humana y física en forma equitativa y no en la acumulación de ellas al servicio de grupos restringidos.

Hacer valer los derechos de los menores significa también llevar a la práctica la actividad de seguimiento y evaluación. Se ha procedido a identificar cada uno de los derechos del niño, entendidos como una propiedad del individuo, como bienes socialmente apreciables, de manera que se puedan medir, programar y evaluar.

Al revisar los informes de nuestros países sobre el cumplimiento de las metas establecidas en 1990 encontramos que ha habido avances sustanciales, aunque en algunos casos las metas no se alcanzaron. Esta historia nos ha enseñado que para fijar metas de largo plazo es imperioso que los mecanismos y estrategias que se establezcan estén acompañados por metodologías de evaluación y seguimiento, para medir el grado de cumplimiento de tales compromisos, en un proceso sistemático y continuo. Poner a Colombia al alcance de los niños, significa asumir, desde ya, cada uno de los compromisos que estamos adquiriendo en esta sesión especial de la Asamblea General, como un esfuerzo colectivo de la sociedad entera, y como un deber del Estado, como garante de su cumplimiento.

Permítame reiterar: Mañana es tarde para los niños y las niñas del mundo.

*Ministro de Salud

Intervención del ministro de salud ante la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Infancia
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