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Opinión

  • | 2013/07/30 00:00

    Manguala entre los tres poderes públicos

    Hay exceso de organismos de control, pero, somos el quinto país más corrupto de la región.

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De nada le sirve al gobierno continuar dictando decretos y leyes para combatir la corrupción, si sus agentes generadores están incrustados en los tres poderes públicos, y que para la mayoría de la opinión pública, los partidos políticos, son sus principales aliados. Es vergonzoso que la Ley anticorrupción que se aprobó  hace más de un año, a la presente fecha, aún no ha sido reglamentada.  

La encuesta que hace Transparencia Internacional sobre corrupción ubicó a Colombia como el quinto país más corrupto de América Latina. Esto, indudablemente, tiene su origen en la manguala de los tres poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si bien el Artículo  113 de la Constitución del 91 los define como independientes, pero con colaboración armónica para fines altruistas, quienes los integran - con algunas excepciones- han confundido tan noble mandato constitucional, como una auténtica confabulación para robarse el Estado, proferir fallos amañados o negociados; tramitar leyes inocuas para favorecer intereses particulares. Lamentablemente, en cada uno de ellos, existen vasos comunicantes por donde se filtran los más escandalosos casos de corrupción. 

Si los sometemos, a un examen ciudadano, o auditoría internacional, estoy absolutamente seguro que tendríamos calificación mucho más baja. El país conoce muy bien sobre sus precariedades, puesto que existen una serie de falencias, que los hacen vulnerables a cometer todo tipo de ilicitudes, que afectan enormemente su credibilidad y el buen funcionamiento de la Administración Pública.

Valdría la pena citar varios casos de contumacia y responsabilidad de los tres poderes públicos:
A nivel de congresistas: las pensiones y reajustes salariales; además de los negociados que muchas veces salen en forma de leyes de la República y que finalmente son avaladas por las altas cortes. El carrusel de pensiones de las altas cortes, cuyos magistrados son nombrados por el Congreso, de terna enviada por el presidente. ¿Pero qué decir del poder Ejecutivo, donde Legislativo y Judicial, se ponen de acuerdo, para pasar de agache sinnúmero de casos de corrupción, siempre a espaldas de la opinión pública?

Mientras los órganos de control continúen siendo apéndices de los tres poderes públicos: el Ejecutivo que los postula, el legislativo que los elige y el Judicial que los protege, jamás podrán tener independencia para ejercer las funciones encomendadas por la Constitución.

Paralelamente existen otros dos organismos, de control y vigilancia, con cierta dependencia y subordinación de los dos primeros, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, que depende de la Procuraduría General de la Nación; y la auditoría general, de la Contraloría; cada uno con funciones separadas, y nóminas burocráticas excesivas. 

No es falta de organismos de control, para que nos den calificación tan denigrante y vergonzosa, antes por el contrario, hay exceso de vigilancia y fiscalización  en todos los niveles: nacional, departamental y municipal, lo que hace falta es regularlos y tecnificarlos, con el fin de reducirlos a sus justas proporciones.

Es tan escandaloso su exceso, que quienes ejercen estos cargos a nivel de: entidades públicas; en departamentos y municipios, muchas veces, se encuentran con  dualidad de funciones. Con frecuencia, se cruzan las normas del control fiscal y disciplinario. Se presentan casos tan aberrantes, que a un implicado lo absuelven los organismos del nivel local o departamental, pero, nacionalmente lo están condenando por el mismo caso.  

El tal mencionado choque de trenes entre las altas cortes y entidades del Estado, tiene su origen en el precario manejo y amañada interpretación de los organismos de control. 

¿Qué independencia podrá tener el jefe de control interno: de un ministerio, entidad descentralizada, departamento o municipio, si quienes los nombran son los mismos rectores de la entidad respectiva?  

Pero, lo más preocupante, es el contubernio que se presenta entre los contralores y procuradores departamentales, con los diputados que los eligen. Igual situación ocurre en los municipios, con los concejales, al elegir: personeros y contralores, que ejercen las funciones de agentes del Ministerio Público y Disciplinario respectivamente. El amiguismo, el compadrazgo y las componendas, están a la orden del día. 

Podemos decir sin lugar a equívocos y de acuerdo a la vergonzosa calificación que nos acaban de hacer, que los organismos de control en nuestro país, han perdido el año. Por consiguiente, no es exagerado decir que llegó la hora de pedir su reestructuración, para que sean  más serios y eficientes, que no dependan de la clase política, que en últimas, son las que los eligen, con incumbencia de las tres ramas del Poder Público. 

Lamentablemente la culpa de todo este sainete de los organismos de control, la tienen los partidosp, que han cambiado su filosofía y razón de ser, por componendas burocráticas y carrusel de contrataciones. Si queremos empezar por acabar con la corrupción, empecemos por depurar la política de elementos indeseables, que lo único a que aspiran es obtener beneficios para sí mismos, sin importarles el progreso de sus regiones.   

La filosofía y programas de los partidos políticos, hace mucho tiempo se fueron por los despeñaderos de la corrupción. Hay que rescatarlos, pero para hacerlo, se necesitan grúas de mucho calado, con timoneles muy expertos en su ideología y manejo. 

urielos@telmex.net.co
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