Mano firme, corazón grande

En la misma semana el gobierno puso a marchar su maquinaria para aprobar "el principio de oportunidad" y para hundir la ley de víctimas. La primera es una norma destinada a amparar a los paramilitares, o a quienes fueron presentados como tales para magnificar el tamaño de la desmovilización. La segunda era un primer intento para reparar a las víctimas de la violencia en Colombia.

Y es que este gobierno ha tratado mejor a los verdugos que a las víctimas.

Mientras el profesor Gustavo Moncayo suplica en vano que el presidente Uribe haga un mínimo gesto que permita la liberación de su hijo Pablo Emilio, secuestrado hace 11 años por las Farc; 'Karina', la guerrillera más buscada del país por su sangriento prontuario -y por un empeño personal del mandatario- se convierte en "gestora de paz".

El gobierno considera que permitir la mediación de Piedad Córdoba en la liberación del cabo Moncayo, pone en peligro la política de seguridad democrática. Sin embargo, no encuentra inconveniente en liberar al canciller de las Farc 'Rodrigo Granda', por una llamada del Presidente de Francia, a pesar de las consecuencias que había tenido esa captura en las relaciones con Venezuela y de que era previsible que se reintegraría a las Farc, como efectivamente lo hizo.

El Presidente condena al sufrimiento a esa familia porque el padre de Moncayo tuvo el coraje de contradecirlo públicamente en la Plaza de Bolívar, cuando Uribe fue a fotografiarse junto a la modesta carpa del caminante. Un tiempo antes de este episodio, el mandatario había invitado a pasar unos días en el Hotel Tequendama a Hernando Buitrago, alias 'Julián', un guerrillero prófugo que regresó a la prisión cuando supo que sus ex camaradas querían asesinarlo.

Considera el gobierno que es un engaño imperdonable la presencia del periodista Hollman Morris en el sitio donde las Farc entregaron a cuatro uniformados secuestrados. Estar en el lugar e informar más allá de la versión oficial, es "propaganda al terrorismo". No merece, en cambio, la menor explicación que el DAS siguiera ilegalmente al periodista y a su familia.

El embustero es Morris, en contraste, es completamente fiable un hombre apodado 'Olivo Saldaña', quien a pesar de estar en la cárcel desde el año 2004, ha salido para encabezar dos desmovilizaciones de las Farc e incluso entregó un avión que curiosamente estaba incautado mucho antes. Raúl Agudelo, como en realidad se llama, fue capturado por la Policía hace casi cinco años, después de desertar de la guerrilla con un botín de cuatro millones de dólares. Ahora es el arquitecto de la paz.

Los porristas del gobierno presentan a 'Saldaña' como un héroe. Nadie ha considerado la opinión de sus numerosas víctimas en el Tolima.

Por todos estos antecedentes no es una sorpresa que el gobierno haya hundido la ley de las víctimas. Esas personas son, a los ojos del poder, molestas evidencias -vivas o muertas- de un conflicto que realmente nunca ha existido.

Sirven si son víctimas de la guerrilla. Sirven menos si son víctimas del paramilitarismo, que desapareció de Colombia, de acuerdo con el decir del gobierno, aunque sus desplazados se empeñen en multiplicarse para contradecir la verdad reinante. Y no sirven, en absoluto, si cayeron ante la violencia de agentes del Estado. Esos no son realmente víctimas, sino sospechosos. O promueven falsas denuncias o algo habrán hecho.

Ahora, el Presidente sostiene que no se les puede dar "el mismo tratamiento a las víctimas derivadas de funcionarios del Estado y a las víctimas de grupos terroristas". Otra cosa decía en el punto 33 de su manifiesto democrático, cuando aseguraba: "También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal".

Las víctimas suelen tener mejor memoria.