Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2015/09/08 19:00

El Estado debe financiar las campañas

Con ello se evitaría la financiación de grupos ilegales, el abuso del uso de recursos legales, el clientelismo del poder local y nacional, entre otras cosas.

Marcela Prieto. Foto: Guillermo Torres / SEMANA

Con cada contienda electoral que se celebra en el país llegan nuevas y viejas preocupaciones derivadas del comportamiento de los partidos políticos, los candidatos y de los electores. Comportamientos preocupantes enraizados ya en nuestra cultura política y electoral, pero no por ello dejan de ser relevantes y en extremo peligrosos. Sin duda debemos prender las alarmas buscando siempre una corrección, cada vez más efectiva, de estos comportamientos los cuales son a todas luces antidemocráticos.

Las principales preocupaciones siguen siendo la financiación de campañas y el llamado trasteo de votos o trashumancia. Así las cosas, garantizar elecciones transparentes, o al menos lo más transparentes posibles, no es tarea fácil. Una larga trayectoria de clientelismo político, serias debilidades institucionales y un conflicto armado violento y complejo no son el panorama ideal para garantizar que las elecciones reflejen libremente la voluntad popular.

El mítico VOTO, ese instrumento emblemático de la democracia que nos da el poder de elegir a nuestros gobernantes libremente, es manipulado vulgarmente en nuestro país constituyéndose en un derecho que deja de serlo cuando se compra y se vende al mejor postor. Pero esta es nuestra Colombia, esa esquizofrénica Colombia donde unos pocos votan libremente –con programa en mano– y otros no tienen más remedio que votar constreñidamente por diversas razones, pero todas ligadas a su propia supervivencia.

Digamos unas cuantas verdades sobre lo que se nos viene encima para octubre próximo: hoy es imposible calcular el verdadero costo de una campaña política –esto es dicho y corroborado tanto por el Consejo Nacional Electoral como por la Misión de Observación Electoral (MOE)–. Si bien se han desarrollado instrumentos basados en nuevas tecnologías como “Cuentas Claras”, una plataforma digital donde en tiempo real las campañas publican los aportes y los gastos en los que incurren, de los 113.000 candidatos a hoy, solo 1.296 han reportado éste tipo de transacciones en ésta plataforma. La MOE por su parte, haciendo un esfuerzo de cálculo basado en sus observaciones en el terreno se atreve a decir que fácilmente una campaña a una gobernación puede costar alrededor de 20.000 millones de pesos. De ahí solo podemos imaginarnos lo que pueda costar una campaña para cualquier otra corporación pública.

En cuanto a trashumancia se refiere, se está presentando un fenómeno interesante y que no podemos perder de vista y es el clientelismo de Estado, pero a nivel local. Se han encontrado coincidencias preocupantes y casi exactas de personas que inscriben su cédula en un municipio determinado, y a renglón seguido, se les entrega un carnet del Sisbén. Cabe decir y ser enfático en ello, que aunque esta práctica de trasteo de votos sea uno de los fenómenos más preocupantes, que lleva a la corrupción política más lamentable, en Colombia no ha habido ni una sola condena por éste delito electoral.

A todas éstas, ¡los partidos políticos simplemente se hacen los de la vista gorda y le hacen conejo a la ley de transparencia!

También hay que hacer un llamado de atención a la publicidad y a los desmanes que en ésta materia se presentan. Este fenómeno está directamente ligado a la opacidad y a la falta de control adecuado en materia de financiación de campañas. Para empezar, en Colombia no hay regulación por pago de seguidores en redes sociales para candidatos. Las redes sociales son un mundo paralelo que está por fuera del alcance de las autoridades de control y vigilancia en materia electoral. Pero dentro de lo que sí está regulado, la falta de capacidad institucional para calcular y sancionar es enorme también. Para ello, la MOE ha entregado también al CNE una herramienta digital para que la misma ciudadanía también vigile la propaganda electoral. Esperemos a ver cómo funciona, pues si bien es ideal involucrar al ciudadano en éste ejercicio de co-responsabilidad social, no es sobre éste en quien debe recaer la falta de control en el uso y el abuso de la publicidad política.   

No obstante lo anterior, hay que destacar ciertos esfuerzos y con ello hacerle un reconocimiento al CNE porque hace un par de semanas se llevaron a cabo 14 capturas en Soledad (Atlántico) por fraude en inscripción de cédulas y parece que vendrán más en otros municipios del país.

Ojalá sigamos así, ojalá el CNE realmente empiece a utilizar efectivamente todas las herramientas que tiene a su disposición para vigilar y sancionar los delitos electorales, pues la naturaleza partidista de los llamados magistrados del Consejo, impide que actúen en derecho y con independencia a la hora de cumplir su función –con salvadas excepciones–. Pero por ahora esa es harina de otro costal, ya que se trata de una reforma constitucional de gran envergadura y con grandes intereses políticos y conflictos de interés de por medio, empezando por el propio Congreso de la República.

Por último, y como reflexión a ser considerada seriamente, una solución importante –aunque no única– para evitar que la corrupción y la proliferación de delitos electorales sigan labrando su camino de desdicha para la democracia y la construcción efectiva de ciudadanía, sería la financiación total de las campañas electorales. Con ello se evitaría la financiación de grupos ilegales, el abuso del uso de recursos legales, el clientelismo del poder local y nacional, el enorme aparato estatal de vigilancia y control –inefectivo para decir lo menos–, entre otras cosas. Al menos ante la realidad electoral de nuestro país. Recordemos que no estamos en Dinamarca sino en Cundinamarca.

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