Sábado, 30 de agosto de 2014

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| 2013/04/13 00:00

Marchas marchitas

por Alfredo Rangel

A las marchas de Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena del 9 de abril asistieron sólo unos irrisorios puñados de personas.

A pesar de que el Gobierno movilizó y puso a su servicio todo su aparato de propaganda en los medios, lo precario de las marchas marchitas en apoyo a los diálogos de paz en La Habana ha puesto una vez más en evidencia, y esta vez de manera incontrastable, que la abrumadora mayoría del pueblo colombiano no cree en esos diálogos basados en la impunidad.

A las marchas marchitas de Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena asistieron sólo unos irrisorios puñados de personas, y en otras ciudades tuvieron que ser suspendidas por física sustracción de materia. Nada que ver con los cerca de 12 millones de personas que el 8 de marzo del 2008 marchamos de manera espontánea en 45 ciudades del país en contra de las FARC, en la que de lejos ha sido la más grande movilización ciudadana de la historia de Colombia. La indiferencia ciudadana hacia los llamados gubernamentales a participar en las marchas del 9 de abril corrobora lo que insistentemente dicen todas las encuestas: cerca del 70 por ciento de la población cree que esos diálogos no van para ninguna parte, y el 80 por ciento se opone a un acuerdo de paz basado en la impunidad. Por estas poderosas razones, la gente no se movilizó en su apoyo. Un auténtico fracaso del gobierno Santos, por donde se mire.

La marcha de Bogotá –la única que se pudo mostrar en fotos, porque la otras daban pena– estuvo conformada por cerca de 80.000 funcionarios y maestros del Distrito, conminados a desfilar por el alcalde Petro; por unos 30.000 campesinos que movilizó Marcha Patriótica desde distintos lugares del país en más de 800 buses fletados por las FARC, u obligando a sus dueños bajo amenaza de quemar los vehículos; por centenares de funcionarios de los ministerios y otras entidades del orden nacional, inducidos por sus jefes a marchar, y por algunos  inadvertidos que no se han enterado de la aterradora impunidad que se está gestando en Cuba, o que les da igual. Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos fue totalmente ajena a esa marcha y contraria a su propósito.

El Gobierno y su aparato de propaganda han intentado transformar este fracaso en un triunfo. Pero la ciudadanía no se deja engañar. En vano intentarán interpretar este fracaso como un espaldarazo a los diálogos de La Habana, o como un mandato popular que nunca ha tenido para dialogar con el terrorismo en las condiciones en que lo está haciendo. El mandato de nueve millones de electores fue por la continuación de la Política de Seguridad Democrática, mano firme contra el terrorismo y diálogos si había cese previo y definitivo de la violencia, sin negociar la agenda nacional, con verdad, justicia y reparación, y sin elegilibilidad para responsables de crímenes de lesa humanidad. Santos está haciendo todo lo contrario, por eso el pueblo no lo apoya. Y sus marchas son intentos estériles de lograr artificialmente apoyos inexistentes.

La marcha de Bogotá tuvo aspectos muy inquietantes. Desde hace meses se ha denunciado que Marcha Patriótica es una organización de las FARC y, por tanto, financiada con recursos del narcotráfico, de la extorsión y del crimen. Se supo que en muchas regiones los campesinos fueron obligados a aportar a la marcha dos personas por familia, so pena de tener que pagarle a la guerrilla 600.000 pesos si no lo hacían. Las FARC siguen delinquiendo y al mismo tiempo tienen movimiento político legal. Estamos nuevamente ante la combinación de las formas de lucha. Y el Gobierno avala esta situación al marchar con la organización de un grupo terrorista que todos los día asesina soldados y policías, secuestra niños, siembra minas quiebrapatas, destruye la infraestructura, y amenaza y extorsiona a la población. Y en una macabra maniobra política el Gobierno marcha junto a la organización de los criminales, dizque en homenaje a sus víctimas. Absurdo, incomprensible e inmoral.

Pero hubo más. Las Fuerzas Militares fueron obligadas a participar en el acto que dio inicio a esa insólita marcha. Nunca antes habían sufrido semejante utilización tan afrentosa. Una bofetada al honor militar y una decisión desmoralizadora del gobierno nacional. Ningún pretexto la justifica. De otro lado, presenciamos al fiscal general comportándose como un activista de una ONG, con irrespeto total a su alta dignidad. Él hace parte de la rama judicial, que es independiente del Ejecutivo, y sus funciones no son políticas. Su función es perseguir el delito y no promover apoyos a las decisiones políticas del Gobierno. Su actitud puso en cuestión su independencia. Nos preguntamos si después de haber marchado junto a Marcha Patriótica va a investigar el origen de sus recursos, que ya el Mindefensa y el director de la Policía señalaron que venían de las FARC. Para no hablar de su militancia en favor de la impunidad para la guerrilla, o de la forma como exculpó al Secretariado de crímenes de lesa humanidad, lo que de hecho lo inhabilitaría para investigar a los terroristas. Francamente escandaloso.

Presidente Santos, no se engañe. Con esas marchas marchitas usted no ha recibido ningún mandato para hacer la paz con impunidad. La manifestación más grande fue la de la abrumadora mayoría de los colombianos que les dimos la espalda a sus marchas, es decir, los que queremos paz con dignidad y con justicia.

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